La agudización de la crisis política en Venezuela, con el fallido intento de cercenar la democracia eliminando los poderes del Congreso, ha relegado a segundo plano el análisis y el debate sobre la profunda crisis económica de nuestro vecino. Más aun, se olvida que uno de los combustibles de la crisis política es el deterioro de la economía y que, por lo tanto, no es posible la solución de la primera sin resolver la segunda.
El problema es que ni el gobierno ni la oposición han presentado un plan económico creíble para solucionar los enormes desequilibrios macroeconómicos y al mismo tiempo reactivar la economía. No porque ignoren lo que se debe hacer, sino porque saben del tremendo costo político que tendría el solo anunciarlo.
El socialismo del siglo XXI logró resultados importantes en materia de bienestar social financiados con los altos precios del petróleo, lo que le permitió tener altos niveles de apoyo popular. Cuando cayeron los precios, y además mermó la producción de PDVSA, se cayó la estantería y no solo se hizo imposible sostener el modelo sino que se quebró el país.
Algunas cifras ilustran el tamaño de la crisis. En la primera década de este siglo Venezuela alcanzó los mayores niveles de crecimiento de América Latina, pero desde el 2014 el PIB viene en franco retroceso con una caída acumulada superior al 16%; al mismo tiempo los precios se dispararon llegando a una hiperinflación superior al 600% anual, y el déficit fiscal, que ya era de los más altos de la región, llegó a ser el 16% del PIB el año pasado.
La causa próxima del desbarajuste ha sido la reducción de los ingresos petroleros: mientras que en 2012 las exportaciones venezolanas se acercaban a los 100.000 millones de dólares, en 2016 cayeron a menos de la tercera parte. En consecuencia las importaciones también se desplomaron a solo 20.000 millones de dólares frente a un máximo de 66.000 millones cuatro años antes. A pesar del ajuste comercial el déficit de la balanza de pagos se ha incrementado por la ausencia de inversión extranjera y la fuga de capitales.
En un país con altísima dependencia de bienes importados, tal caída de las importaciones ha significado una gran desabastecimiento de bienes de consumo, aún los de primera necesidad, lo que junto con el acaparamiento y el auge del mercado negro explica tanto la hiperinflación como la pérdida de apoyo popular del gobierno.
No hay una receta fácil para superar tamaña crisis, pero si se conocen algunas de las medicinas que se deben aplicar. Una de ellas es acabar con el régimen cambiario que hoy tiene tres tasas de cambio distintas: la Dipro a 10 bolívares por dólar, la Dicom a 712 y la paralela que está por encima de 4.000. Son enormes el arbitramento y la corrupción que generan estos deferenciales. Otra es la reducción de los subsidios a la gasolina que distorsionan todo el sistema de precios e incrementan el déficit fiscal.
El problema es que, si bien estas medidas son indispensables, cualquier gobierno que intente aplicarlas, así sea de izquierda, derecha o centro, no dura más de 15 días en el poder. Por eso ningún político se atreve a proponerlas de frente. Si a esto se añade la falta de consensos económicos en los 28 partidos de oposición, que solo están de acuerdo en sacar a Maduro pero no en que harían después, se comprende por qué la falta de solución a la crisis económica es un obstáculo para resolver la crisis política.
