Desde el inicio de la fase de implementación de los Acuerdos de Paz hace más de tres años, distintas organizaciones y redes defensoras del Acuerdo han manifestado su preocupación sobre la insuficiencia presupuestal y la falta de claridad sobre las fuentes de financiación de cada punto y subpunto del Acuerdo. La desfinanciación del Acuerdo incrementa las posibilidades de que se presenten incumplimientos en las metas y cronogramas trazados para la paz.
Existen múltiples informes y reportes que ofrecen un panorama sobre la cuestión presupuestal del Acuerdo, para esta columna me remití a dos informes, estos son, el cuarto informe seguimiento al Acuerdo elaborado por la Contraloría General de la República y el más reciente informe presentado por la alianza multi-partidista para el seguimiento en la implementación del Acuerdo. En los dos documentos se comparte una preocupación sobre la insuficiente asignación presupuestal, que se ha hecho más crítica durante 2019 y 2020.
Qué dice la Contraloría sobre la financiación del Acuerdo
Como máximo ente de control fiscal del Estado colombiano, la Contraloría ha lanzado desde 2017 informes anuales para presentar al Congreso de la República el estado de la ejecución de recursos para el cumplimiento del Acuerdo, elaborados bajo el liderazgo de la Contraloría Delegada para el Posconflicto. El principal marco de referencia de los informes ha sido el Plan Plurianual de Inversiones.
El cuarto informe de seguimiento de la Contraloría General de la República, fue presentado al Congreso en agosto de 2020 exponiendo los principales avances y obstáculos en cada uno de los puntos del Acuerdo a la vez que identifica los riesgos más relevantes financiación y ejecución presupuestal. El informe tiene una vigencia de Noviembre de 2016 a 31 de Marzo de 2020, de manera que no contempla las variaciones que se puedan registrar durante la pandemia. (Link de los informes https://www.contraloria.gov.co/resultados/informes/informes-posconflicto?inheritRedirect=true )
El informe señala que el estado en la ejecución de la implementación del Acuerdo es inferior al previsto puede relacionarse con la no aprobación y cuantificación de los Planes Nacionales Sectoriales, causando una posible ausencia de cuantificación de la totalidad de los recursos necesarios para cumplimiento del Acuerdo Final. Según el informe todos los puntos del Acuerdo presentan desfinanciación y un costeo insuficiente para su adecuada implementación, por ejemplo, la Reforma Rural Integral que reporta un costeo de $110,6 billones en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018, puede tener un requerimiento adicional de aproximadamente $54,5 billones, de acuerdo a cifras presentadas por la Contraloría.
La Contraloría alerta que excepto lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación, las fuentes de financiación previstas para el Acuerdo Final programaron y ejecutaron recursos inferiores a lo estipulado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2017/2018 para 2019 y 2020. Así mismo, se menciona que existe una asignación del gasto concentrada en los puntos 2 al 6 y se reduce para el punto 1 de Reforma Rural Integral, que requiere mayores inversiones de Acuerdo al Plan Marco de Implementación.
Por otro lado, el informe destaca que menos del 1% de la ejecución en 2019 ha sido financiada con recursos del Sistema General de Participaciones, estando por debajo de las expectativas de financiación contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en el Plan Plurianual de Inversiones de Paz del Plan Nacional de Desarrollo con vigencia 2018-2022. Asimismo, la Contraloría llama la atención sobre la ausencia de normatividad y lineamientos que permitan el uso de esta fuente en la implementación del Acuerdo.
Informe multi-partidista de seguimiento a la implementación del Acuerdo
Desde agosto de 2019, representantes y senadores independientes y de oposición han realizado un seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz para ejercer la función de control político del Congreso de la República. A la fecha se han publicado 4 informes generales sobre la implementación del Acuerdo y uno enfocado a la solución al problema de las drogas ilícitas. El cuarto informe publicado en agosto de 2020 titulado “¿En qué va la paz a 2 años del Gobierno Duque?” remarca que la implementación y el cumplimiento de las acciones planteadas en el Acuerdo Final de Paz necesitan financiación por parte del Gobierno Nacional, además, recoge retos y recomendaciones para garantizar la efectiva implementación del Acuerdo. (Link de los informes https://www.juanitaenelcongreso.com/informes-multipartidistas )
Para cada punto se presenta una significativa desfinanciación, según el informe, el PNIS tuvo una desfinanciación de 38% en 2019 y del 83% en 2020. Para los PDET se ejecutando al año un 1,52 % de lo que se necesita para cumplir con lo estipulado en el Acuerdo, a este ritmo tardarías 40 años en ser finalizados los PDET, que deberían desarrollarse en su totalidad en 15 años. En complemento, las instituciones claves para loa relacionado con desarrollo rural sufrieron en 2020 un significativo recorte presupuestal, la Agencia Nacional de Tierras tuvo un recorte del 12,7%; la Agencia de Desarrollo Rural tuvo un recorte de 45,2% y la Agencia de Renovación del Territorio tuvo una reducción de recursos de inversión del 3,8%.
Una de las principales recomendaciones que hace el reporte en materia financiera es la diferenciación entre recursos adicionales para el posconflicto y los recursos ya programados para ser ejecutados en las entidades territoriales. Adicionalmente, sugiere incrementar el presupuesto asignado a la implementación del Acuerdo, a lo que la congresista Angela Robledo recientemente ha alertado en sus redes sociales que en el Presupuesto General de la Nación 2021 se mantiene la tendencia de desfinanciación de la paz.
Es sencillo, sin recursos para la paz el Acuerdo no avanza.
