Venezuela en el mes de enero ha pasado por un proceso de transición relevante que motivó contundentes reacciones de la comunidad internacional, llevando la discusión al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Todo inició el 10 de enero, cuando se llevó a cabo la toma de posesión de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela para un segundo periodo. A partir de lo cual se hicieron más grandes las tensiones al punto de organizarse una gran marcha nacional e internacional para expresar todo el inconformismo con el régimen y exigir cambios sustanciales inmediatos para darle una solución a la crisis de Venezuela, la marcha se llevó a cabo el 23 de enero día en el cual Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional asume como presidente interino de Venezuela, en concordancia con el artículo 233, y resaltando la relevancia de los artículos 333 y 350 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Este hecho hizo que la comunidad internacional reaccionara, una parte apoyando el reconocimiento inmediato de Juan Guaidó como presidente interino, otra parte expresando que antes del reconocimiento final se espera se convoque de manera urgente a elecciones libres, y otros apoyando la legitimidad de Maduro. Sin embargo, para aclarar este gran dilema y concluir cuál resulta ser la mejor solución a estas fuertes tensiones políticas, sin ánimo de darle la razón subjetiva a alguna de las partes de la discusión, sino basándose en vías completamente legales como la Constitución de Venezuela, la carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Hay que aclarar en primer lugar, que en base al punto 5 del artículo 293 de la Constitución, se entiende que las elecciones presidenciales de 2018, al no ser convocadas por el poder electoral, resultan completamente ilegítimas. Por tanto el gobierno de Maduro incumplió la constitución que tanto promulga defender. Adicionalmente, siguiendo la legalidad de la constitución, con base en el artículo 233, se entiende que ante la falta de Presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional tendrá facultad de asumir como presidente interino y se debe convocar a elecciones en un determinado plazo. Por tanto resulta legal el hecho de que Juan Guaidó asuma como presidente interino, teniendo en cuenta que las elecciones de mayo de 2018 fueron ilegitimas y fraudulentas.
Los discrepantes impactos sobre lo ocurrido el día 23 de enero, llevaron a que el día 26 se reuniera el consejo de seguridad de las Naciones Unidas para dialogar acerca de medidas frente la situación en Venezuela. Cabe resaltar que previamente se había dado una importante reunión en septiembre de 2018 donde se presentaron reportes de la inmensa crisis de ámbito económico, político y social. Además se hizo referencia a Venezuela como un país con los más altos índices de corrupción en el mundo según reportes de Transparency International; y se manifestó el inconformismo por la ilegalidad de las elecciones de 2018, que no garantizaron la plenitud de la democracia ni del estado de derecho. Adicionalmente dentro de los principales puntos tratados se habló del riesgo que representaba la situación de Venezuela en la estabilidad y paz de la región. Considerándose de gran prioridad emitir recomendaciones concretas, dentro de las cuales se resaltó la diplomacia preventiva, y el desarrollo de diálogos entre todas las partes para encontrar soluciones urgentes.
En la reciente reunión del 26 de enero de 2019 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gran parte de la comunidad internacional expresó su reconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano legítimo que se debe respetar. Igualmente se refirieron a la necesidad de respetar la constitución y frenar la violación de derechos humanos, haciendo énfasis en los más de 3 millones venezolanos que han salido del país, y en la necesidad de que el gobierno venezolano acepte la recepción de ayuda humanitaria que ofrece la comunidad internacional. Países de la Unión Europea exhortaron a que se convoque a elecciones libres y con garantías de transparencia, o de lo contrario se hará un reconocimiento oficial a Juan Guaidó como presidente encargado. Y se recordaron las recomendaciones de Michelle Bachelet sobre el respeto a las libertades humanas, teniendo en cuenta la declaración de derechos humanos en donde se expresa que todos tienen derecho a formas de vida adecuadas.
Sin embargo los defensores de la soberanía de Maduro en Venezuela, criticaron fuertemente la posición internacional de involucrarse en asuntos del estado, aludiendo a la carta de las Naciones Unidas. Y por supuesto, si nos remitimos a la carta, exactamente al artículo 2, donde se dice que no se puede intervenir en asuntos de jurisdicción interna, se podrá evidenciar que es este mismo artículo el que expresa que ‘‘este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII’’ el cual hace referencia a la acción en amenaza a la paz, quebramientos de paz o actos de agresión. Esto permite reflexionar acerca de si ¿acaso no representa una absoluta amenaza a la paz y actos de agresión todos los hechos violentos y de uso de fuerza indiscriminada contra población civil, así como el hecho de que un elevado porcentaje de población está viviendo con índices de desnutrición, y que más de 3 millones de venezolanos hayan tenido que salir de su país buscando supervivencia?. Por tanto Naciones Unidas obra en buena condición al actuar frente a una situación que pone en riesgo la paz y estabilidad no solo de Venezuela sino de toda la región.
Contundentemente, este ha sido el boom mediático de los últimos días, a partir del cual algunos medios han intentado conceptualizar o señalar las contrapartes, refiriéndose al imperialismo, la resurrección de la doctrina Monroe, la supuesta autoproclamación, la ilegitimidad parcial, sin ser objetivos y basarse realmente en lo que la norma nacional e internacional expresa en toda su esencia. Sin embargo, mientras esto ocurre Venezuela sigue sufriendo el caos de una de las peores crisis humanitarias de la historia, y se tendrá que tomar consciencia de la gravedad de la situación para que todas las partes decidan llegar a un consenso incluyente y pacífico en Venezuela para proceder con el desarrollo de elecciones que restauren el orden democrático y constitucional, como estado de derecho.
Hay un interés más allá del punto de señalamiento de espectros ideológicos y partidistas, se trata del bienestar de todo el pueblo venezolano. Por tanto, se espera que la sociedad en general comprenda que más allá del juego de poderes y de intereses particulares, estamos frente a una extrema crisis que requiere soluciones urgentes y pacíficas. La mejor solución es el diálogo, como lo expresó Jesús Tapia, Vicepresidente y Coordinador del Comité Americano de IUSY quien compartió su opinión para la presente columna, y señaló que: ‘‘el país tiene que pasar por un proceso de entendimiento nacional, tiene que haber un proceso de negociación política y de dialogo, el cual debe ser enmarcado en que todos los actores políticos, económicos y sociales puedan sentarse sin desconocimientos ni exclusiones, sino que se entienda que es un problema que entre todos se puede resolver’’ Además frente a las recientes acciones de polarización, Jesús Tapia señala que: ‘‘con todo este tipo de acciones no se va lograr acabar con un sector del país, con los simpatizantes o partidos políticos. Eso no tiene espacio en este momento en la política venezolana. Es momento de entender que nos necesitamos todos, y el tema de la solidaridad internacional ha hecho que el gobierno frene un poco la represión’’. Además el Coordinador del Comité Americano resalto la negociación política y el dialogo como la única vía para salir del conflicto.
Así que queda claro que solo la unión, diálogo y acuerdos entre todas las partes permitirá que se den soluciones definitivas y efectivas a la gran crisis que enfrenta hoy nuestra patria hermana.
