Los acontecimientos de las últimas semanas muestran al país haciendo el tránsito de una paz imperfecta a una guerra perfecta.
Para felicidad y éxtasis del Centro Democrático, única agrupación política que dio la bienvenida a la confrontación, en contravía de la reacción adversa hacia los realzados en armas de todos los demás voceros de las fuerzas vivas de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.
En una actitud demencial que de atenderse seguramente provocaría la desbandada general de los 11.000 farianos que están cumpliendo los compromisos suscritos, el expresidente Álvaro Uribe, llamó a sacar los acuerdos de paz de la Constitución colombiana.
El rearme de una fracción radical de las FARC, no por esperada deja de tener graves consecuencias y genera peligrosas incertidumbres.
Desde hace años se sabía que, a partir de la asunción como presidente de Hugo Chávez, los insurgentes colombianos eran bien recibidos en Venezuela
Pero ahora hay evidencias, por primera vez fundadas en documentos oficiales del alto mando, acerca de que el régimen de Maduro no solo da albergue a entre 1600 y 2000 combatientes que forman parte del ELN y de las disidencias de las FARC, que abandonaron el proceso de paz y retomaron las armas o nunca participaron en él; sino que además les proporcionan entrenamiento y respaldo logístico, incorporándolas a sus efectivos como parte de sus planes de inteligencia y en calidad de integrantes de su brazo armado.
Son casi 2300 kilómetros de frontera porosa en la que se mueven a sus anchas guerrilleros, terroristas, narcotraficantes, contrabandistas y traficantes de armas, muchos de ellos con el respaldo pleno del Estado Bolivariano.
Semejante estado de cosas constituye fuente de conflictos e inestabilidad no únicamente para los dos países limítrofes sino para toda la región. A Colombia se le ensancha una tronera por la cual han penetrado millones de migrantes que han abandonado su país por la crisis económica, cuyo número, Naciones Unidas calcula en 4 millones.
Esta diáspora desesperada, si Maduro se sigue sosteniendo, continuará creciendo de manera exponencial y un gran número de quienes huyen del derrumbe de su propia nación, atenazada por el hambre, la hiperinflación y la carencia de bienes y servicios básicos como viene ocurriendo hasta ahora, se quedarán en Colombia.
Carecemos de capacidad institucional económica, social y política para absorber y dar oportunidades de vida digna a tal cantidad de refugiados.
Algunos de ellos vienen siendo reclutados por los grupos criminales y muchos otros serán inexorablemente víctimas de la necesidad y terminarán engrosando las filas de los múltiples grupos armados ya incorporados en las estructuras de la delincuencia trasnacional que son conocidos con la denominación oficial de grupos residuales o grupos delincuenciales organizados que operan a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por lo pronto nuestros servicios de salud están colapsados, el mercado laboral se deteriora, surgen brotes de xenofobia. El impacto se siente ya hasta en Soacha donde se están judicializado venezolanos contratados para quemar buses por parte de los Gaos residuales, como retaliación contra los empresarios del transporte que se han negado a pagar extorsiones.
Human Rigths Watch, en informe reciente documentó cómo “las luchas entre los diferentes grupos armados que operan en la zona del Catatumbo han derivado en muertes, violencia sexual, desapariciones forzadas y reclutamiento de niños soldados.”
En Colombia después de la firma del Acuerdo de Paz y a causa de las fallas estatales para copar los espacios dejados por la desmovilización de las FARC, han surgido grupos armados, de los cuales 24 están identificados, que libran batallas a muerte para apoderarse de las rutas del narcotráfico y la minería ilegal y comienzan a revivir las pesadillas del secuestro y la extorsión.
El narcotráfico sigue intacto y no retrocederá mientras se sigan dilapidando esfuerzos y recursos en la misma clase de guerra perdida que se ha librado durante más de 40 años en la cual los Estados Unidos y los productores han puesto miles de millones de dólares y Colombia y otros pueblos de América Latina decenas de miles de muertos.
Ahora mismo resultan patéticos los anuncios que dan cuenta de la gran cantidad de hectáreas de coca erradicadas para contentar a Donald Trump y vueltas a resembrar en un santiamén.
Con el combustible del narcotráfico, el auge de la minería ilegal y el apoyo estatal de Venezuela la banda de Márquez que concentra décadas de experiencia militar, terrorista, política y comunicacional constituye un reto serio que solo puede afrontarse en paz.
La repuesta, además de la contundencia militar temprana, tiene que ser el cumplimiento estricto de los acuerdos y la unidad nacional alrededor de la implementación del tratado de paz y la superación de las fracturas causadas en esta etapa del proceso por la ambigüedad de Iván Duque y la tarea de demolición adelantada por el extremismo uribista al interior del gobierno.
Ha habido incumplimientos. Como lo afirma Rodrigo Uprimny “la jurisdicción agraria no ha sido siquiera discutida, el fondo de tierras es raquítico, el catastro multipropósito está empantanado, la reforma política y las circunscripciones especiales para víctimas se hundieron, no es claro el futuro de los espacios de reincorporación, más de 130 desmovilizados han sido asesinados…
“Sin embargo, a pesar de las limitaciones y tropiezos, la paz – un logro histórico – avanza con efectos benéficos que se sienten en todos los ámbitos, incluido el económico, pese a las amenazas de recesión mundial.
Las Farc se desmovilizaron y se convirtieron en un partido y más del 90 % de los reincorporados siguen comprometidos con la paz. Este es el logro esencial.
