Se anuncia por parte del Gobierno la presentación de un proyecto de Ley para reglamentar las consultas que proliferan en este momento en el país, pero ya es tarde, son 7 municipios en los que a través de consultas populares le han dicho no a la actividad extractiva. Según la Asociación Colombiana de Petróleos (ACP) vienen en camino otras 20 iniciativas de convocatorias de consultas a lo largo y ancho del país para prohibir la actividad petrolera en diferentes municipios del país, que pondrían en riesgo la producción de más de 80.000 barriles/diarios e inversiones que se podrían aproximar a los US $5.000 millones. A estas se vienen a sumar 23 más, tendientes a la prohibición de la actividad minera.
El trámite de dicho proyecto no es de buen pronóstico, toda vez que las sesiones del Congreso de la República en esta última legislatura que se inicia el 20 de julio estará interferida por el debate electoral, que ya arrancó y por lo tanto se impondrá el ausentismo en sus sesiones. Adicionalmente, por esa misma circunstancia, es dudoso que una mayoría de parlamentarios, en pleno proselitismo electoral para reelegirse, vaya a darse la pela aprobando un proyecto que le ponga cortapisas a las consultas populares, ello sería políticamente incorrecto. Y, para rematar, las leyes que regulen lo relativo a la participación ciudadana tienen carácter estatutario y por ello mismo son objeto de control previo constitucional, circunstancia esta que tardaría aún más su entrada en vigencia, en el evento de ser aprobada. Y mientras tanto a la seguidilla de consultas populares en curso se han venido a sumar los acuerdos municipales a través de los cuales también se ha venido vetando la actividad extractiva, como ya ocurrió en los municipios antioqueños de Támesis y Jericó.
La otra observación a la bien intencionada iniciativa del Gobierno Nacional es que, si en gracia de discusión llegara a aprobarse dicho proyecto, servirá de muy poco pues esta racha de consultas anunciadas y otras por anunciarse se habrán realizado y estaríamos ya ante hechos cumplidos. Y, como si lo anterior fuera poco, resulta que ahora los concejos municipales han dado en la flor de aprobar mediante acuerdos municipales la prohibición de la actividad extractiva en sus jurisdicciones, de tal modo que cuando se reglamenten las consultas, si es que se reglamentan, el problema ya es otro, la seguidilla de acuerdos municipales en tal sentido, hasta ahora imparables.
Llama poderosamente la atención el hecho de que quienes promueven tanto las consultas populares como los acuerdos municipales proscribiendo la actividad extractiva en sus territorios no se han detenido a pensar ni a explicar qué otra actividad distinta a esa va a suplirla como fuente generadora de los recursos con los cuales se financian tanto el Presupuesto General de la Nación (24% de sus ingresos corrientes dependen de la actividad extractiva) y de las entidades territoriales, que tienen hoy en día en el Sistema General de Regalías (SGR) los únicos recursos ciertos y casi su única fuente de recursos para financiar sus proyectos de inversión.
Finalmente, queremos decir que la incertidumbre y la inseguridad jurídica que se ha sembrado con el expediente de las consultas populares y ahora con las decisiones que vienen tomando los consejos municipales, no se limita sólo a la al sector minero y petrolero, puesto que otros sectores como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, están también en ascuas, pues como dice el adagio cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas. Recordemos que un proyecto muy importante para el Sistema eléctrico a nivel nacional como el de Porce IV se frustró por decisiones de este tenor. Y cuánto no tardó la Estación eléctrica Nueva Esperanza, poniendo en riesgo la confiabilidad, estabilidad y firmeza de la prestación del servicio de energía eléctrica los departamentos de Cundinamarca (incluida Bogotá), Meta, Guaviare y el Norte del Tolima. Lo propio vienen acaeciendo con las Concesiones de infraestructura de cuarta generación, cuya ejecución se está viendo interferida y diferida, esta vez por cuenta de las consultas previas, que tampoco han sido reglamentadas.
Ya va siendo hora de propiciar un gran debate en torno a este verdadero tsunami que amenaza con llevarse de calle a la economía nacional y con desarbolar las finanzas públicas, antes de que sea demasiado tarde. Este es un asunto que demanda una Política de Estado y no de gobierno, amén de involucrar en su concepción y estructuración a las organizaciones sociales. Pero, ojo, se tiende a confundir la Política de Estado con el hecho de que se plasme a través de una Ley de la República y eso no es Política de Estado. Esta debe comportar tres prerrequisitos: primero, que las fuerzas políticas comprometidas con la misma dispongan de toda la información pertinente, la cual, además, debe ser fidedigna y confiable. Segundo, todas ellas deben participar activamente del análisis de las directrices y de las decisiones que se derivan de la misma. Y tercero, las fuerzas políticas concurrentes e incumbentes debe de estar, igualmente, comprometidas en las estrategias y acciones que se definan para su implementación.
