Con mucha preocupación el pueblo nariñense viene siendo testigo de una nueva crisis humanitaria que se viene presentando en el municipio de El Charco, en la costa pacífica de nuestro departamento, todo por un masivo desplazamiento forzado por cuenta de grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de las rutas del narcotráfico y como siempre, la población civil y las familias humildes son quienes llevan la peor parte, porque al buscar preservar sus vidas tienen que dejar lo poco que tienen para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos.
No es posible, que en tiempos donde el país busca enrutarse en la etapa del posconflicto se repita la historia de las épocas de la violencia, donde el desplazamiento, el despojo y la muerte era el común denominador, sobre todo en zonas marginales como la de nuestra costa pacífica.
No podemos permitir que la historia se repita y siga cobrando la vida de inocentes y enlutando a muchas familias de nuestra región y del país donde se registran situaciones similares a las que ocurren en el departamento de Nariño.
Lo ocurrido recientemente en El Charco y otros episodios de desplazamiento sucedidos éste semestre en municipios como Roberto Payán es verdaderamente grave y muy triste.
Quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional vemos con suma preocupación estos hechos que empañan a toda una región trabajadora, llena de gente noble y con esperanzas de un mejor mañana.
El desplazamiento masivo en El Charco de 90 familias que representan 300 personas, que les tocó huir en días pasados de seis zonas rurales del municipio de manera inesperada, nos debe despertar toda la solidaridad y llamarnos a buscar acciones colectivas que permitan apaciguar la tragedia que viven y garantizar de la misma manera que no vuelvan a vivir este tipo situaciones.
Y es que según las autoridades, los desplazamientos selectivos se vienen presentando desde el año 2007, sin que hasta el momento ninguna autoridad le haga frente a este penoso flagelo.
La única solución que ofrece el Estado es la militarización de la zona como lo confirmó la Fuerza de Tarea Hércules, que ha desplazado a cuatro mil hombres para preservar el orden público por toda la ribera del río Tapaje, muchos nos preguntamos ¿será que la vía militar es la solución al histórico abandono estatal de estas comunidades?
Lo que realmente necesita El Charco, la Costa Pacífica nariñense y en general todo el Litoral Pacífico, es más salud, mejor educación, más fuentes de trabajo, más agro industria y menos corrupción, es decir, todo el componente de inversión social que lleva años esperándose.
El Estado debe saldar la deuda social con el Pacífico y no sólo ofrecer la salida militar como única alternativa a la grave crisis social, representada en la pobreza extrema, en la miseria, en la marginalidad y la exclusión, a la cual tienen sometidos a todos estos compatriotas que habitan en la otra Colombia, la que sólo se conoce a través de los mapas en cómodos escritorios en Bogotá.
Por otro lado, es preocupante el exterminio que continua presentándose en Nariño contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el último de ellos, cobró la vida de Jair Escobar, un dirigente social que hacía parte de la junta directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera en el municipio de Tumaco.
Según la Defensoría del Pueblo, ya son 20 los líderes asesinados en Nariño, entre enero de 2016 y agosto de 2018, hechos luctuosos supremamente graves en un país que firmó un proceso de Paz, y que busca la reconciliación nacional.
Así mismo en nuestro sur del país, pero en el departamento del Putumayo, los periodistas Jairo Figueroa, corresponsal de Noticias Caracol, Germán Arenas, corresponsal de Colprensa en Caquetá y Putumayo y Duván García, periodista de la emisora comunitaria Noticias al Día, han sido víctimas de amenazas por parte de actores desconocidos.
Aseguran, que han recibido tres amenazas en menos de un mes, sin que hasta el momento la autoridad competente reaccione. La UNP apenas la semana pasada realizó el estudio de riesgo y la respuesta es que hasta dentro de tres meses dará contestación si ameritan o no medidas de protección.
Ojalá, que durante ese plazo, no les suceda nada que lamentar a estos tres periodistas que con valentía, profesionalismo y veracidad informan a diario al Putumayo y Colombia.
