Debido al reciente pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá Claudia López relacionado a su twitter del 2 de abril en el que pedía ayuda al Gobierno Nacional y a Migración Colombia para con la población migrante venezolana ya que debe encargarse de los colombianos, se ha generado todo tipo de comentarios, entre los que no ha faltado quien tilda lo dicho como discriminatorio.
En una entrevista CityTV, la alcaldesa señaló: “respecto al tema de los venezolanos, que aunque quisiera ayudarlos me es imposible en estos momentos. «Es una responsabilidad que le corresponde a Migración Colombia»[1].
Lo que algunos olvidan es que la Resolución 360 del año 2015 “establece los criterios para el cumplimiento de obligaciones migratorias y el procedimiento sancionatorio de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia”, según los cuales la alcaldesa tiene razón cuando solicita la intervención de Migración Colombia.
El artículo 2 del capítulo I de la norma antes mencionada, dice: ARTÍCULO 2o. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REPORTE DE EXTRANJEROS (SIRE). ..La herramienta tecnológica implementada por parte de Migración Colombia para los reportes de vinculación, contratación, empleo, admisión, matrícula, desvinculación, retiro, ingreso, atención médica de urgencias y realización de espectáculos artísticos, culturales o deportivos de extranjeros dentro del territorio nacional, conforme las disposiciones establecidas en el decreto 834 de 2013, es el Sistema de Información para el Reporte de Extranjeros, en adelante SIRE.
Lo anterior se complementa con el inciso tres de la parte de “considerando” de la resolución arriba señalada, y dice: Que mediante el decreto 4062 del 31 de octubre de 2011, se crea la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se establece su objetivo y estructura, señalando en su artículo 33 que todas las referencias que hagan las disposiciones vigentes al Departamento Administrativo de Seguridad y a la Subdirección de Extranjería, que tengan relación con las funciones expresadas en el presente decreto, deben entenderse referidas a Migración Colombia.
Todo ello señala una de las funciones de Migración Colombia, por lo que ante la magnitud de la pandemia actual, lo lógico es que se pida ayuda al Gobierno Nacional y en particular a Migración Colombia por ser parte de sus roles la relación con los migrantes en general; no es una cuestión de discriminación.
No podemos olvidar tampoco que el artículo 4 de la Constitución Política de Colombia dispone la obligación que tienen los colombianos y extranjeros de respetar la Constitución, las leyes y obedecer a las autoridades.
Hemos visto en las noticias recientes saqueos de supermercados y otros delitos cometidos por migrantes y colombianos, por lo cual se debe aplicar la ley para sancionar a todos los que delinquieron y también a los que de manera irresponsable no cumplen con las medidas que impuso el Gobierno Nacional para el control del Coronavirus, sin importar si es migrante o no, y cuál es su nacionalidad.
El artículo 8 de la Resolución 360 del 6 de abril de 2015 menciona que la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, ejerce funciones de vigilancia y control sobre los extranjeros que se encuentren en territorio nacional, y de la relación de estos con personas naturales o jurídicas domiciliadas en Colombia, y en tal sentido impone una serie de sanciones administrativas.
No podemos caer en el maniqueísmo de pensar que cuando se quiere hacer cumplir la ley, si se trata de migrantes de una nacionalidad específica como los venezolanos se está cayendo en entonces de actos discriminatorios, y cuando se impone la ley a otros migrantes no ocurre así.
En Colombia la legislación exige que si los migrantes no cumplen las leyes colombianas deben ser deportados. Si los migrantes tienen derechos que se les deben respetar también tienen obligaciones que deben cumplir, y por lo que se ha visto en las noticias, no parecen recordarlo; no deberían estar en las calles haciendo motines y menos saqueado supermercados.
En relación con los venezolanos, la responsabilidad es compartida, no es únicamente una obligación de Colombia, sino de la comunidad internacional también.
La alcaldesa ha mencionado que le sufraga a cuatrocientos mil migrantes venezolanos comida, colegio, empleo, y demás servicios, y requiere ayuda para continuarles pagando el arriendo. Todo ello sale de los impuestos de los colombianos.
No olvidemos que la caridad comienza por casa, y podemos preguntarnos ¿cuantos colombianos existen en todo el país con necesidades similares y aún mayores y el Gobierno no ha llegado con estas ayudas?
[1] El Tiempo, “Preocupante mensaje de Claudia López sobre los migrantes venezolanos”, 2 de abril 2020
