Cuando se firma un Acuerdo de Paz que pone fin a un conflicto armado siempre quedan disidentes que quieren seguir en la guerra, porque no aceptan los términos de la negociación, porque piensan que significa rendirse, o simplemente porque la guerra es su negocio y les genera grandes utilidades. Eso está pasando acá con el Acuerdo entre el Estado colombiano y las Farc.
Es un hecho conocido que del lado de la guerrilla la gran mayoría entregaron sus armas, pero quedaron unos pocos que no lo hicieron. En mucha menor escala que lo que sucedió con las AUC después de Ralito, cuando una gran parte de los reinsertados volvieron a la delincuencia y al narcotráfico conformando las “bacrim”, unos cuantos guerrilleros desconocieron la autoridad del secretariado, rechazaron las negociaciones de la Habana y decidieron seguir en sus negocios ilícitos.
Esos grupos de delincuentes –que ya no tienen justificación política ni ideológica- deben ser combatidos y derrotados por el Estado, y en este caso puede ser más temprano que tarde dado que las mismas Farc están dando información para combatirlos pues les interesa que desaparezcan.
Lo que es menos reconocido es que del lado del Estado colombiano también hay disidentes que rechazan la legitimidad del Acuerdo. No solo cuestionan la autoridad del Presidente –la rama Ejecutiva del Estado- para haberlo negociado y firmado, sino que quieren ignorar que las otras dos ramas del poder público, el Congreso y la Corte Constitucional, ratificaron y avalaron el texto del Acuerdo con las modificaciones sustanciales que se le introdujeron después del triunfo de las mentiras del No en el referendo.
Entre los disidentes que pretenden que el Estado incumpla los compromisos que adquirió al firmar el Acuerdo hay diferentes posiciones. Unos, los más extremistas, quieren continuar la guerra y están asesinando a líderes sociales y exguerrilleros. Otros son los que quieren volver trizas lo pactado e imponer a las Farc las condiciones de una victoria que no pudieron lograr en la batalla. Finalmente otros más moderados que plantean solo modificaciones al Acuerdo, pero son tan sustanciales que harían imposible su cumplimiento.
El objetivo de todos estos disidentes es hacerle conejo a la Paz y a las Farc, ahora que estas ya han cumplido con el principal de sus compromisos que era desmovilizarse y entregar las armas. Fue lo que hizo el arzobispo Caballero y Góngora después de lograr que Josè Antonio Galán firmara las capitulaciones de Zipaquirá con las que disolvió la insurrección de los Comuneros.
Si lo logran, las Farc no podrán reaccionar para defenderse en el corto plazo porque ya no son un ejército con la capacidad militar para hacerlo; sus dirigentes se exilaran o serán asesinados como Galán y los que sobrevivan de la guerrillerada volverán a la violencia, ante la frustración de no haberse podido reintegrar a la sociedad como se les prometió. El gran ganador de este conejazo sería el ELN que abandonaría las negociaciones del Quito y lograría atraer a muchos de esos excombatientes.
Pero en el largo plazo el estigma de la traición germinaría en nuevas formas de insurrección y protestas que, como sucedió con los descendientes de los Comuneros, pusieron fin al gobierno de los virreyes traidores.
El futuro de Colombia se juega en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, tanto por la guerrilla como por el Estado. En las próximas elecciones no se puede permitir que los disidentes de ambos bandos acaben con esa esperanza de construir un país mejor para nuestros hijos y nietos.
