Salvatore Macuso es la pieza clave en el rompecabezas de las 139 masacres que según la Fiscalía General de la Nación cometió y entre las que se encuentran la del corregimiento El Salado, en Carmen de Bolívar, el corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango y la del municipio de Mapiripán. Es decir, debe responder al parecer por más de 75000 crímenes.
Lo anterior es razón más que suficiente para que la Cancillería colombiana en lugar de quedar de ignorante ante el desconocimiento del manejo del tratado de extradición que existe desde hace años con Estados Unidos, lo hubiera tramitado correctamente ya que los delitos de lesa humanidad, y los derechos a la paz, a la reparación a las víctimas y a la reconciliación imperan sobre el delito del narcotráfico por el que fue extraditado, lo cual parecería ser que hay intereses en que no se conozca la verdad.
Pero quizás las razones de esa incompetencia sean el hecho de que si Mancuso sigue contando la verdad, esta va a salpicar a muchos peses gordos de la vida nacional.
Todo el desprestigio que se ha venido tejiendo contra la Corte Suprema de Justicia no es gratuito, pues recordemos lo dicho por Mancuso y otros paramilitares según lo registrado en el diario Verdad Abierta de fecha 14 de marzo de 2012 titulado Mancuso y la conspiración contra la Corte Suprema, en el que el ex jefe paramilitar “aseguró que el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez extraditó a varios jefes paramilitares después de que se rehusaran a ‘colaborar’ en un presunto complot para desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia y de esta manera acabar con las investigaciones que empezaban en ese momento (2007) contra políticos vinculados con las Autodefensas, entre ellos el primo del presidente, el condenado ex senador Mario Uribe”, y ahorase puede entender todo el escándalo que se hizo alrededor de esa alta corte con ocasión de la detención del expresidente Uribe.
Si bien Mancuso quiere entrar a la JEP pues hizo su solicitud la cual fue negada en junio del año en curso por parte de esa entidad judicial, como tercero civil colaborador o financiador del paramilitarismo entre 1989 y 1997 antes de su ingreso a las AUC y contar su verdad sobre la presunta vinculación del expresidente Uribe con esta organización, aun pone en duda su regreso al país, ya que los Estados Unidos después de purgar 15 años por el delito de narcotráfico en esa nación, le facilita el acogerse a la ley contra la Tortura y el trato Cruel, la cual le permite llevar a su familia.
El problema radica en que teniendo el ejecutivo el dominio de los entes de control, ¿qué garantía tendrá la rama judicial y los colombianos en que se respete el imperio de la ley y el Estado de Derecho, se conozca la verdad y caigan todos los involucrados en esos delitos de lesa humanidad?
La democracia y el Estado de Derecho están en peligro en este momento, pues algunos pocos quieren destruirlos para que la impunidad y la dictadura se impongan.
