LA HORA DE LA INTERVENCIÓN
Como se recordará, ante la amenaza cierta de un apagón en la región Caribe, después de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el pasado 15 de noviembre la Superintendencia de Servicios Públicos se vio precisada a intervenir a ELECTRICARIBE, filial del consorcio español Gas Natural – Fenosa (GNF). Lejos de espantar el fantasma del racionamiento programado por parte de la empresa administradora del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) del Sistema Interconectado Nacional (SIN), X.M S. A E.S. P por impago de la energía a sus proveedores, cada día que pasaba estábamos más cerca de esta contingencia.
Y no era para menos, al esgrimir las razones que la llevaron a tomar tan drástica decisión el Superintendente José Miguel Mendoza adujo que la difícil situación financiera por la que atravesaba la empresa en ese momento “puede llevarla a una inminente cesación de pago, en los términos del numeral 7 del artículo 59 de la citada Ley” de servicios públicos 142 de 1994. Y de contera, añade la Resolución de la Superintendencia, “no está actualmente en condiciones de prestar el servicio de energía con la continuidad y calidad debidas”.
Al fin y al cabo, según lo dispuesto por la Constitución Política en su artículo 365 “los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado”, máxime cuando el servicio de energía eléctrica es considerado como esencial por la Carta en su artículo 56. De ello se sigue, según lo establece el mismo artículo 365, la obligación por parte del Estado de “asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos en todo el territorio nacional”. En consecuencia, el Gobierno Nacional no podía permitir que la región Caribe se apagara y quedaran a obscuras los 2.6 millones de usuarios a los cuales les presta el servicio ELECTRICARIBE. Había que evitarlo a toda costa.
Al disponerse la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos se tomó “posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (ELECTRICARIBE)” y se procedió en consecuencia”. El primer paso y el fundamental que se dio con la intervención fue estabilizar financieramente a la empresa para poder cubrir las facturas por compra de energía y de esta manera conjurar el riesgo de racionamiento. Para ello se tuvo que inyectarle recursos por valor de $520.000 millones a través del Fondo Empresarial que maneja la Superintendencia de Servicios Públicos. Para ello fue indispensable que la Nación le diera garantía a este Fondo para contratar operaciones pasivas de crédito interno hasta por la suma de $300.000 millones y de esta manera poder “acceder a fuentes de liquidez que permitan al Fondo Empresarial obtener recursos que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el área de influencia de ELECTRICARIBE”.
GNF APELA
GNF apeló la decisión de la Superintendencia alegando, entre otras razones, que se había pretermitido el concepto previo favorable para dicha intervención de parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tal como lo establece el artículo 121 de la Ley 142 de 1994. Pero tacaron burro, pues este detalle no se le escapó a la Superintendencia, la cual en su respuesta a dicho recurso fue contundente al justificar esta medida, extrema pero necesaria, dejando sin piso la falsa motivación aducida por GNF. Transcurridos los dos primeros meses de la intervención, la Superintendencia procedió a prorrogarla dos meses más, los cuales se cumplen el martes 14 de marzo, el Día D. La superintendencia dejó en claro, para que no quedara ninguna duda, de que “la toma de posesión de ELECTRICARIBE es una decisión proporcional a los hechos que le sirvieron de fundamento”.
Y LA CONTROVERSIA AHÍ
Concomitantemente con la intervención ha seguido su curso la controversia planteada por GNF contra el Estado colombiano, notificada a este el 12 de julio del año anterior, amparándose en el Acuerdo para la Protección a la Inversión (APRI) suscrito entre Colombia y España hace una década. Recientemente se adelantaron conversaciones en Bogotá entre el alto gobierno, representando por el Ministro de Minas y Energía, la Ministra de Comercio y el Secretario General de la Presidencia y las directivas de GNF encabezadas por su CEO Isidre Fainé, tendientes a buscarle y encontrarle salidas a este litigio, las cuales resultaron infructuosas. El asunto pasó a manos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería. En un pronunciamiento reciente de GNF dijo que si para el 3 de marzo de este año “no se llega a un acuerdo con el Gobierno de Colombia” ello los habilitaría “para solicitar un arbitraje internacional”. Es decir, GNF se apresta a presentar la demanda contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del grupo del Banco Mundial, con sede en Washington. Por esta razón fue que finalizando el año anterior alertamos sobre esta eventualidad que ahora está a punto de materializarse.
Si no han dado ese paso es porque están a la espera de conocer la decisión de la Superintendencia sobre la intervención. En el entre tanto GNF ha venido adelantado un intenso lobby ante las autoridades españolas, ante la Unión Europea e incluso a recurrido a Juan Rosell, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), apelando a su solidaridad ante lo que ellos consideran un entorno empresarial en Colombia “cada vez más desagradable” y tildando como “ilegal” la intervención. La Comisaria de Comercio de la UE ha aceptado mediar en la controversia de ramas, pero ya es tarde.
LA DISYUNTIVA ES CLARA
El día D la Superintendencia de Servicios Públicas deberá tomar la determinación de da por concluida su intervención a ELECTRICARIBE con fines de administración y le retorno su control a GNF o si, por el contrario, continúa avante su intervención, pero esta vez con fines de liquidación. En el primer caso, la Superintendencia tendría que asegurarse de que GNF cumpla con la capitalización de la empresa y con las inversiones a las que está obligada, que superan el billón de pesos, contempladas en el Plan5Caribe, lo cual a estas altura resulta remoto. Si se sigue la senda de la liquidación, la Superintendencia tendrá que proceder rápidamente a dar los pasos conducentes para que un nuevo operador de red se haga cargo del mercado al cual sirve ELECTRICARIBE. Ello ameritará un análisis y un estudio muy serio, muy concienzudo, que muy seguramente lo ha venido adelantando la Superintendencia como su Plan B, con el fin de definir si se mantiene un solo mercado o si este se segmenta, en aras de prestar un servicio con la eficiencia, calidad y continuidad como lo manda la Ley.
Finalmente, es importante dejar en claro que la intervención ha servido para evitar los racionamientos programados y lo ha logrado, para reducir la exposición en Bolsa por parte de ELECTRICARIBE y la misma ha pasado de un 65% a un 34%, los cual constituye un alivio para los usuarios. También se ha mejorado la atención al usuario y en algo ha mejorado también la precepción del usuario con respecto a la imagen de la empresa. Ello hay que abonárselo a la Superintendencia y a sus interventores, a cuya cabeza están Edgardo Sojo y Javier Lastra.
¡SOLO CON LA INVERSIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL PLAN5 CARIBE MEJORARÁ LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTA!
Pero los racionamientos no programados siguen, las oscilaciones de voltaje también y desde luego las protestas de los usuarios por el mal servicio que se presta. Y esto no va a cambiar hasta tanto no se ejecuten a cabalidad los proyectos contemplados en el Plan5Caribe, que es lo que va a permitir corregir el rezago histórico de 16 años durante los cuales no se hicieron las inversiones requeridas en las redes de transmisión nacional, regional y local, así como en las redes de distribución, amén de las subestaciones, compensadores y transformadores. Por lo tanto hay premura en la toma de decisiones para poder salir antes de que sea tarde de esta encrucijada.
