El ejemplo británico

Opinión Por

Mientras, según la noticia del diario El Tiempo del pasado 4 de noviembre, el gobierno británico tomó la decisión de suspender el fracking a raíz de un informe del regulador del sector, “la Autoridad de Petróleo y Gas (OGA), que investigaba la actividad sísmica reciente en ese país en un lugar cercano a la fracturación hidráulica o fracking”, por considerar que existe una relación directa entre esta técnica y la posibilidad de posibles sismos, como una medida responsable para evitar consecuencias funestas para la población local, en Colombia se sigue viendo esta fracturación hidráulica como la salvación económica del país y la manera óptima de obtener recursos económicos.

Se nota a simple vista la gran diferencia en términos de responsabilidad, entre el gobierno británico y el nuestro, en el que el primero piensa como es lo normal en las repercusiones que puede tener la comunidad local, y al nuestro no le interesa la comunidad local. Esto quedó evidenciado por ejemplo, con la problemática que generó el proyecto de “Hidroitoango” que afecto a numerosas poblaciones, las cuales hoy siguen pagando los platos rotos que otros dejaron, y viven en las circunstancias más deplorables.

Por fortuna según el artículo “¿Fractura económica? publicado en la revista Semana el pasado 14 de septiembre, el Consejo de Estado mantuvo las medidas cautelares, ante un recurso de súplica que presentó el Ministerio de Minas para desarrollar los proyectos piloto. Es decir, por el momento está suspendido el proceso del fracking en Colombia hasta que salga una decisión de fondo en el año 2020.

Es increíble que para el país tenga una mayor prioridad obtener más recursos económicos que evitar las repercusiones nefastas que tiene esta práctica del fracking, la cual trae graves consecuencias para el ecosistema y la vida de muchos colombianos, pues ya se comprueba que la fracturación hidráulica tiene una implicación seria con los movimientos sísmicos y terremotos .

Como el país requiere de ingresos, lo mejor es poner en jaque al ecosistema y a la vida y bienestar de los colombianos.

Mi comentario se basa en que todas las noticias de prensa, radio y televisión, muestran la permanente ineficiencia del Estado en cada uno de los programas que intenta, o en las soluciones que proponen para las problemáticas del país.

Si se pensara en el bien común y existiera un sentido de responsabilidad sobre el patrimonio nacional y sus recursos, se podrían administrar mejor, encontrar mejores alternativas que

beneficien a todos los colombianos por igual, y llevar desarrollo a cada rincón de la geografía colombiana.

Pensar en las finanzas del estado a consta del desastre ecológico y la vida de los colombianos, es algo anti-ético que raya en lo absurdo. Es vergonzoso decir, como se mencionó en el artículo antes mencionado, “que Colombia no tiene ningún otro sector ni producto en el corto o mediano plazo que pueda compensar los recursos que genera el sector petrolero, que el país está pendiente de diseñar una transición energética y una transformación de su sector productivo y que estas políticas requieren los recursos que genera el petróleo”.

Podríamos preguntar entonces, ¿Por qué no se diversificó la economía del país y se industrializó, como lo hicieron otros países de la región?

(*) Ex diplomática

Ex-diplomática. Abogada, con una Maestría en Análisis Económicos y en Problemas Políticos de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, y una Maestría en Derecho Comunitario de la Unión Europea. Autora del Libro, Justicia transicional: del laberinto a la esperanza.