Termino con éxito en Bogotá el II Congreso Internacional de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y tuve la oportunidad de participar en el panel “Políticas Públicas hacia combustibles limpios” junto a expertos nacionales e internacionales. Sobre este interesante tema hay mucho por destacar.
En primer lugar, en Colombia hemos avanzado y sobre todo en los últimos años alrededor del GLP en hacer interesar al Gobierno a dirigir la mirada hacia el gas propano, porque hace veinte o treinta años ha estado consentido el gas natural y qué bueno que así sea porque también tiene sus propiedades. Todos sabemos que hay más de $700 mil millones en subsidios para el gas natural y solamente tenemos $60 o 70 mil millones para ese mismo fin en el GLP, eso demuestra la tendencia y la dimensión de preferir el gas natural, más todo un esquema de fondos de infraestructura y desarrollo de gas natural.
Pero, el último Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019 trae ya varios artículos, por ejemplo, en materia de fomento, promoción, consumo y distribución de gas propano, instalación de redes y demás, aspectos que se le debe básicamente a una gestión y trabajo de todo el gremio que ha estado haciendo la tarea para estos grandes avances.
Podemos decir también que este es un Plan de Desarrollo muy cargado en temas de GLP, el artículo 293 establece el fomento de proyectos de expansión de redes, donde el Ministerio de Minas y Energía promoverá la promoción y cofinanciación de proyectos de expansión de redes de GLP para conectar a los usuarios donde sea técnica y económicamente viable y priorizará los municipios con niveles altos e intermedios de Necesidades Básicas Insatisfechas, zonas rurales y zonas de difícil acceso.
Asimismo el Artículo 294. Gestión del servicio público domiciliario de gas combustible en zonas apartadas sin servicio para extender el uso de gas natural distribuido por redes y/o gas licuado de petróleo distribuido por redes a cabeceras municipales que no cuenten con el servicio respectivo y/o a centros poblados diferentes a la cabecera municipal, como por ejemplo las veredas, los corregimientos, caseríos y/o inspecciones de policía, que no cuenten con el servicio respectivo. Es decir, posibilita la asociatividad entre las empresas públicas e inversionistas.
También los Artículos 295, 296 y 297 que se relacionan con Subsidios para combustibles líquidos, biocombustibles y GLP, matriz energética complementaria, y comprometida con la reducción de emisiones de carbono, y la prolongación de los subsidios de energía eléctrica y gas respectivamente.
Ahora bien, en términos de subsidios al GLP para mantener esta conquista social que hoy benefician a 260 mil familias del sur del país, de los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, tenemos dificultades porque en el presupuesto de la vigencia 2020, sólo se han proyectado poco más de $30 mil millones, cuando se requieren más del doble de estos recursos para seguir financiando esta urgente necesidad de las gentes del Macizo Colombiano, principal fábrica de agua que produce más del 70% del agua dulce del país.
Por otro lado, tenemos demandas, como la que ocurrió recientemente contra el Decreto 2195 de 2013 por parte de un empresario interesado en que se caiga ese subsidio porque es una competencia para el gas natural, menos mal que el primer fallo del Consejo de Estado fue favorable a mantener esos subsidios, pero esos subsidios tienen que extenderse en Colombia siquiera a otras 250 mil familias más, en eso tenemos que persistir, porque definitivamente el tema de la deforestación en el mundo, en la Amazonia y especialmente en Colombia es un propósito nacional y nosotros podemos aportar desde el punto de vista del uso de éste combustible amigable con la naturaleza, por supuesto, también contribuir a la no deforestación en nuestro país porque sustituye la leña y el carbón.
En temas de políticas públicas hoy tenemos nuevas leyes en los últimos dos años, como la Ley 1972 de 2019 sobre regulación de gases contaminantes y de efecto invernadero en nuestro país, quiere decir que el diésel, la gasolina tienen que entrar a regularse dentro de los estándares internacionales. También la Ley 1931 de 2018 de lucha contra el Calentamiento Global, hoy tenemos un marco legal de política pública muy estricto y que nos va a obligar a un tránsito hacia una canasta energética amigable con la naturaleza y por supuesto totalmente sostenible.
Así que el GLP debe convertirse en el mediano plazo en una alternativa energética para Colombia.
