La irresponsabilidad del gobierno en el gasto público cuando hubo el boom del petróleo nos está pasando factura, pero lo que más impacta es que no se reconozca este error y se utilice políticamente el tema social para lanzar una reforma tributaria que perjudicaba al país, pretendiendo meterles el dedo en la boca a los colombianos.
En este momento por el que el país se conmociona, es increíble escuchar planteamientos como los del expresidente Uribe que dice que las protestas que se llevan a cabo en el país están relacionadas con “la revolución molecular disipada”, lo cual es desconocer la problemática estructural que vive en país desde la época de la colonia y que los gobiernos de turno no han generado políticas públicas de Estado que permitan solucionarlos.
Los seguidores de esta teoría como el chileno Alexis López Tapia, consideran esta teoría “como conspirativa, en la que el Estado vería a los manifestantes como un enemigo interno y no atendería las causas sociales de sus demandas”. Esta teoría fue inventada por un neonazi y es estudiada por la fuerza pública, con lo cual ya nos dice lo peligrosa y desfasada que es esta teoría. Es negar una realidad social, es deslegitimar las marchas, es desconocer los derechos humanos y confundir el sentido de la democracia con la represión de una dictadura.
Al gobierno le falta liderazgo y saber manejar y diferenciar el vandalismo de las reivindicaciones sociales las cuales son válidas, pues el abandono del Estado es inmenso y profundo, en particular en los territorios que han venido siendo afectados por la violencia durante décadas.
La prueba de ello es que Cali se ha convertido en el símbolo de la miseria y el abandono de ese Estado indolente que desconoce los acuerdos de paz y que los condena ante su incapacidad, en lugar de verlos como la alternativa de paz y desarrollo para el país.
El pacifico colombiano rico por excelencia, pero miserable a causa de los gobiernos que no le han dado la cara a sus ciudadanos, es uno de los símbolos del narcotráfico, de la violencia entre los distintos actores del conflicto armado incluyendo los agentes del Estado, del desplazamiento, del robo de las tierras, de las violaciones a los derechos humanos, de asesinatos a líderes sociales, de abusos sexuales a los menores, entre otros delitos.
Decir que esto es producto de la revolución molecular disipada es desconocer los fundamentos de la democracia y la necesidad de que en un Estado de Derecho todos los connacionales tengan derecho a una vida digna.
Es una visión miope el continuar con la sordera y no atender las reivindicaciones sociales, por ello la comunidad internacional se preocupa por lo que pasa en Colombia, más aún cuando el país se había caracterizado por ser el símbolo de la democracia más antigua de la región.
En el momento nuestro país por culpa de sus gobernantes se ha venido caracterizando por querer extinguir los acuerdos de paz, por violar los derechos humanos, por su indiferencia ante los asesinatos de los líderes sociales y reinsertados, pues sus actuaciones han sido cada vez más torpes y arrogantes, pues no han puesto atención a las reclamaciones y solicitudes que han venido haciendo de manera permanente la comunidad internacional.
Decir la excanciller Blum que la injerencia del Centro Democrático en las elecciones de los Estados Unidos no le trajo problemas con el actual gobierno es un exabrupto, como toda su actuación ante los distintos escenarios internacionales, con lo cual el país perdió su credibilidad, y los colombianos quedamos nuevamente con la etiqueta de narcos y paracos por culpa de un gobierno al que no le han importado los intereses de todos los colombianos, sino que ha gobernado para su círculo más cercano.
Lo cierto es que parecería que estuviéramos al borde de una dictadura. La Fuerza Pública siendo una de las más grandes de la región y que ha sido entrenada en los países más importantes en la materia con toda la tecnología moderna no es capaz de acabar con la violencia en los territorios ni de controlar a los vándalos quienes pretenden deslegitimar las marchas sociales.
De otra parte, los Derechos Humanos no pueden ser desvirtuados y utilizados de manera negativa por algunos malintencionados para deslegitimar la institucionalidad democrática y producir el caos.
Ante este escenario de incomunicación, como podemos hacer que los que protestan y el gobierno lleguen a un acuerdo y entiendan sus dinámicas y tiempos de solución, y sobre todo para que lo que acuerden se convierta en una política de Estado que los próximos gobiernos se comprometan a desarrollar.
Lo cierto es que se están desconociendo los corredores humanitarios; los vándalos y los infiltrados tienen en colapso la estabilidad alimentaria y de salud en el país ante la impotencia de un gobierno al que le falta liderazgo. Lo cierto es que nuestra democracia se debilita y requerimos de la unión de todos para que se de el respeto a nuestra institucionalidad. .
Es la hora que todos los políticos se unan para encontrar rápidamente una salida política. Nos faltan un Alberto Lleras y un Carlos Lleras para poder unir a los distintos partidos o grupo políticos y ponerse de acuerdo en lo fundamental, dejando de lado los egos que tanto daño le han venido haciendo al país.
