En el Jarillón que protege a Cali de las crecientes del río Cauca se vive un drama humano en el que están enfrentados intereses privados contra el interés público, es decir el bien común. Hasta ahora van ganando los intereses privados, pero esto tiene que cambiar.
Construido por la CVC hace más de 50 años el Jarillón es un enorme dique de 17 km de largo y 60 metros de ancho que con el paso del tiempo se ha ido debilitando tanto por depredadores naturales, como la hormiga arriera, como humanos, pues más de 8.500 familias lo han invadido construyendo viviendas, cultivos, iglesias y hasta proyectos productivos .
Hoy, su eventual ruptura es el riesgo ambiental más grande que tiene no solo Cali sino todo el país: las aguas del Cauca inundarían toda la zona oriental de la ciudad afectado a 900.000 personas que podrían perderlo todo, hasta la vida. Además la inundación afectaría las plantas de tratamiento del acueducto y el 75% de la ciudad se quedaría sin agua potable. Un desastre 50 veces más grande que el de Mocoa.
Ante la gravedad de esta amenaza el gobierno nacional, desde hace 5 años destinó cerca de $900.000 millones para reforzar el Jarillón; el gobierno municipal y la CVC también han apropiado recursos para este proyecto de absoluta prioridad para la ciudad.
Sin embargo el proyecto avanza muy lentamente, sobre todo por las dificultades para el desalojo y la reubicación de los familias invasoras que se oponen a salir y que han contado con la pasividad de funcionarios de la anterior administración municipal y con la complicidad de políticos oportunistas que han encontrado en la defensa de estos habitantes una posibilidad de votos. Por eso menos de 2.000 familias han sido reubicadas e inclusive algunas han vuelto al Jarilllón.
La naturaleza si ayuda, y con el susto que provocaron las pequeñas inundaciones de la última ola invernal y la decisión política de la alcaldía se aceleró un poco el proceso.
El drama humano es enorme: la mayoría de los invasores del Jarillón son víctimas por partida doble, que fueron desplazados de sus tierras por el conflicto armado para caer en manos de estafadores que les vendieron lotes ilegales y de políticos clientelistas que les ofrecieron legalizarlos y dotarlos de servicios públicos a cambio de votos.
A pesar del origen ilegal de sus ”propiedades”, estos habitantes, sobe todo cuando son víctimas, tienen todo el derecho a una vivienda digna y el Estado tiene la obligación de entregársela, así eso pueda interpretarse como cohonestar las invasiones y genere el riesgo de incentivarlas. Así se ha entendido y la mayor parte de los recursos apropiados para el proyecto del Jarillón están destinados a la construcción de viviendas para los habitantes que deben ser reubicados.
Lo que no se puede aceptar es esos indiscutibles derechos privados prevalezcan sobre el interés público y el bien común y que intereses electoreros pongan en peligro a toda una ciudad que está en grave riesgo de inundación. Ahora que han amainado las lluvias el municipio debe acelerar la reubicación de los invasores y el reforzamiento del dique, o que el próximo invierno nos coja confesados.
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ADENDA: Con la doble moral que los caracteriza, los congresistas del CD critican que el presidente haya impulsado la escogencia de Diana Fajardo, una magistrada liberal y progresista, para la Corte Constitucional, pero al mismo tiempo defienden que la derecha si puede promover y hacer campaña por candidatos reaccionarios.
