Tras su tortuoso paso por la Cámara de Representantes, la Justicia Especial para la Paz (JEP) logró llegar al Senado para surtir los dos últimos debates antes de convertirse en ley de la república. El tiempo apremia pues el mecanismo del fast track solo está vigente hasta el 30 de noviembre y la aprobación de esta ley estatutaria, elemento estructural del acuerdo alcanzado entre el Estado y las Farc por cuanto materializa los componentes de justicia, verdad y reparación, se encuentra en entredicho. A esto se suma la demora en la aprobación de la reforma política y electoral, también un eje central de las negociaciones en La Habana.
Los motivos para oponerse a estas reformas son varios y dependen del interés político que hay detrás. Cambio Radical, partido de Germán Vargas Lleras, alega, sin fundamento alguno, que el proyecto cambia el juez natural a 48 millones de colombianos, como si todos los ciudadanos hubiésemos sido actores del conflicto. El Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, proclama que siempre exigirá “paz sin impunidad” y manifiesta que no permitirá que un “partido de asesinos” llegue al Congreso. La extrema derecha ha aunado esfuerzos en su oposición a la JEP y, desde sus diferentes esquinas, existe un común denominador: la mentira. Si su interés legítimo fuese mejorar el proyecto de ley, presentarían propuestas concretas de reforma y no recurrirían al ausentismo como forma de sabotaje.
En medio de todos los intentos desesperados para frenar el avance de la agenda legislativa de paz se han visto casos tan curiosos como el del senador del Centro Democrático Everth Bustamante, exguerrillero desmovilizado durante el proceso de paz celebrado con el extinto M-19 y férreo opositor de la paz. Gracias al indulto que le fue concedido por el Estado colombiano, Bustamante puede ocupar hoy una curul en el senado ganándose poco más de $30 millones de pesos al mes como congresista y sin haber pagado ni un solo día de cárcel por los crímenes cometidos durante su pertenencia al M-19 ni con la sombra de una Corte Penal Internacional a sus espaldas como si la tienen hoy los desmovilizados de las Farc. ¿Paz sin impunidad? La coherencia brilla por su ausencia.
Los viudos del poder y los oportunistas políticos de turno creen que dilatando la implementación de los acuerdos de paz obtendrán réditos electorales. A Alvaro Uribe no le sirve ningún proceso de paz que no haya firmado él, y Vargas Lleras, pese a haber trabajado 7 años con el gobierno, no quiere arrastrar la mala imagen de Santos y su proceso de paz ad portas de una elección presidencial en la que es candidato. Ambos, Uribe y Vargas, pondrán a sus respectivas bancadas a vociferar todo tipo de argumentos falaces con tal de polarizar la opinión pública y dificultar más el ya tortuoso trasegar de la paz. El único que pierde es el país.
Los acuerdos con las Farc ya están suscritos e incorporados a la Constitución mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, el cual fue avalado en forma unánime por la Corte Constitucional, quien ratificó la obligación del Estado y de todas sus instituciones de respetar y actuar acorde a lo pactado durante los próximos tres gobiernos (doce años). Así, tanto la JEP, como la reforma política y demás proyectos legislativos de la agenda de paz terminarán siendo aprobados, bien sea por la vía del fast track o por la vía ordinaria. No obstante, el oportunismo de nuestra ultra derecha puede salir muy costoso pues un proceso de paz, al igual que todo ejercicio de negociación, se fundamenta en la confianza de las partes. Cada artilugio y maniobra dilatoria irá socavando la confianza de la base guerrillera en la voluntad y disposición del Estado a cumplir lo pactado, lo que podría derivar en deserciones masivas y el posible surgimiento de nuevas milicias armadas.
El juego macabro continúa, el senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, primo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, presentó 160 proposiciones para modificar igual número de artículos del proyecto de ley de la JEP; una por cada artículo, pese a que el reglamento del congreso claramente establece que no se admitirá una proposición que tenga por objeto la modificación sustitutiva absoluta de los aspectos sustanciales de un proyecto de ley (artículo 115, ley 5 de 1992). A esto se suman los 44 impedimentos presentados por diferentes senadores, esto es casi el 50% de los miembros de esa corporación. A la ley de la JEP le espera un a camino de espinas para ser aprobada.
¿Cómo pedirle a las Farc que se sometan a la justicia si no se permite que el tribunal que los va a juzgar entre en funcionamiento? ¿Qué pensarán de esta situación los más de mil policías y soldados condenados por delitos cometidos dentro del conflicto armado y que hoy gozan de libertad provisional por haber sido admitidos dentro del sistema de justicia transicional que no ha podido entrar a operar por culpa de estas actitudes rastreras de la misma clase política que las califica de héroes?
Confiemos en que nuestras futuras generaciones tendrán memoria histórica y harán un severo juicio a todos estos apátridas que, por su vanidad política e intereses personales, juegan con la paz y reconciliación de todos los colombianos.
