Durante semanas se difundió la falsa idea a la opinión pública sobre un supuesto gasto descomunal para financiar la consulta popular del Partido Liberal. Dijeron que los 40 mil millones de pesos que costó elegir el candidato oficial del partido a la Presidencia, se pudieron invertir en salud, educación o infraestructura y no en una jornada que les interesaba a unos pocos.
Los conceptos que se escucharon respondieron a una estrategia de desprestigio, que no respondía a la realidad de los acontecimientos, tal como se ha vuelto costumbre con la aplicación de eso que se llama “posverdad”.
Las consultas son un derecho consagrado en la ley estatutaria 1475 de 2011, que las define como mecanismos de participación democrática y política, a las cuales pueden acudir los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos, con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos.
La misma ley plantea que el Estado contribuirá al financiamiento de las consultas, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.
Lo paradójico de estas críticas radica en que una gran mayoría de analistas coinciden en que los partidos políticos están en crisis, originadas fundamentalmente por la inexistencia de mecanismos de democracia interna para escoger candidatos y dignidades. Pero cuando se implementan los que la ley tiene contemplados, entonces se descalifican aduciendo que son gastos innecesarios.
A los ciudadanos no se les dijo que la fecha de la Consulta ya estaba fijada en el calendario electoral. Que en tal razón se tenía un presupuesto aprobado cercano a los 90 mil millones de pesos. Que varios partidos, como el Conservador y el Centro Democrático, tenían contemplada la consulta, pero decidieron no acudir a ella. Tampoco, se informó que el liberalismo propició una disminución de casi el 55% del valor en dicha Consulta.
Fortalecer la democracia tiene un costo y los colombianos deberíamos respaldarlo con un argumento válido: privilegiar el derecho ciudadano a tomar decisiones sobre quiénes deben gobernarnos y rechazar, de paso, aquellos procedimientos que se alejan de la participación y se escudan en estrategias de democracia restringida. Cómo no va a ser mejor tener un candidato que surge de una votación popular de 750 mil personas; que de una encuesta entre 1.300 personas, o de una convención, o del nombre que alguien diga.
Si queremos un Estado más sólido, no sólo hay que invertir en salud, en infraestructura y en educación. También hay que hacerlo en la ampliación de la democracia y en el fortalecimiento de los mecanismos de participación.
De La Calle ganó. Sin embargo, Cristo logró una votación significativa y la distancia con su contendor fue de tan solo seis puntos porcentuales, lo que demuestra que el exministro representa a un amplio sector liberal. Acompañaremos al candidato oficial del liberalismo y demostraremos que la colectividad roja tiene opciones reales para alcanzar la Presidencia de la República.
