Por estos días las Comisiones Económicas del Congreso de la República analizan y debaten el extenso Plan Nacional de Desarrollo, un documento con más de mil 300 páginas, que contempla 183 artículos en once pactos que serán desarrollados en los próximos cuatro años de gobierno.
Quienes hemos estudiado dicho documento con juicio y detenimiento, vemos con preocupación varios puntos en distintos campos que, como lo hemos advertido, tienen ocultos micos en muchos artículos, en otros encontramos perlas, pero no preciosas. Suele suceder este tipo de hechos en textos tan extensos que son difíciles de identificar a menos que se lea en detalle cada renglón y cada artículo.
Por ejemplo, en las últimas disposiciones, en el artículo de derogatorias es muy preocupante que, mediante un artículo se deroguen y se echen al suelo avances legislativos muy importantes como por ejemplo la Ley 1930 de 2018 o Ley de Páramos, o la ley 1931 de 2018 que estructura en Colombia el tema del Calentamiento Global, y una serie de avances de declaratorias, de zonas estratégicas, de protección de humedales, de reservas forestales, las echa abajo en el artículo de las derogatorias, por eso, invitamos a que el debate continúe de manera abierta, porque el Plan Nacional de Desarrollo no puede convertirse en un ataque a los avances ni de la descentralización, ni de los ambientalistas, ni de la gente que promueve en Colombia un desarrollo sostenible.
Ahora bien, la Paz está desaparecida en el Plan Nacional de Desarrollo, no existen disposiciones formales en el tema de implementación del posconflicto en lo que tiene que ver con tierras, acceso a tierras, formalización de tierras, el tema de crédito, el tema de infraestructura agropecuaria.
Tampoco existe claridad cómo se va a llevar adelante el tema de la sustitución de los cultivos ilícitos, solamente se cita la erradicación forzosa como la fumigación. Hoy la UNDOC en su más reciente informe establece que los campos de cultivos ilícitos que han sido sustituidos voluntariamente solamente se resiembra menos del 1% y cuando se aplica la erradicación forzosa se plantean o se desarrollan resiembras superiores al 35%, quiere decir que es más efectiva la sustitución voluntaria con proyectos productivos rentables para los campesinos que quieren tener ya una economía legal.
En el sector de minas, hidrocarburos y energía, hay una inversión superior al 11% y en materia de desarrollo agropecuario y agroindustrial solamente el 1.7% en el Plan nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años. Algo realmente vergonzoso para uno de los sectores que tanto le aporta al país.
También la desaparición del Departamento Nacional de Planeación al concentrar en el Ministerio de Hacienda toda decisión en materia de inversión y con esto se acaba la sociatividad, la descentralización, por ejemplo en las regiones de administración y planeación, se acaban prácticamente los OCAD´S regionales y locales, es decir, al acabarse Planeación Nacional se va a acabar toda esa fronda o ese avance en la descentralización.
Así mismo en la página 601 de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se hace referencia a los Planes de Abastecimiento de GLP y combustibles líquidos que elevarían su precio en los siete u ocho departamentos fronterizos a raíz de que será la UPME quien realice anualmente, el balance de oferta y demanda del GLP y combustibles líquidos con un horizonte de planeación de 10 años, decisión que estimularía prácticas ilegales como el contrabando.
Esperamos que esa gran conquista social adelantada desde el año 2012 y que hemos venido liderando año tras año en el Congreso de la República como son los subsidios al gas GLP o gas propano en cilindro se mantenga vigente y sus alcances no sean recortados, esto generaría una grave afectación a la economía familiar a más de 340 mil usuarios de los estratos 1 y 2 de los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá y Putumayo. Además se crearía una seria amenaza medio ambiental debido a que muchas de las familias campesinas beneficiadas hoy, volverían a la tala de bosques para cocinar con leña y carbón, afectando por supuesto nuestros bosques del Macizo Colombiano y poniendo en riesgo su propia salud, ya que como es evidente, cocinar con leña genera enfermedades respiratorias.
Ahora en el artículo 87 aparece que muchas actividades de los particulares, de los usuarios de los servicios de salud, de los servicios financieros, de los giros postales y de otras actividades de particulares con entidades públicas tiene que someterse a la comprobación biométrica en un sistema que administrará la Registraduria Nacional y cuyos pagos serán asumidos por los particulares usuarios de los distintos servicios.
En conclusión los giros que hoy se colocan a estudiantes o a otras personas que ya de por sí son costosos, pues en el momento hipotético que se apruebe éste artículo, que esperamos que no pase, pues el incremento en el costo del giro subirá entre 3 y 4 mil pesos adicionales por la comprobación del dato biométrico, es decir de la huella dactilar a través del esquema que se pretende imponer.
Finalmente otra de las perlas es la ausencia de oportunidades para la generación eléctrica en la región Pacífico, pues es de conocimiento público que con Hidroituango, el departamento de Antioquia concentrará el 70% de generación de energía en Colombia, en un solo régimen de lluvias, lo que traduce una clara inequidad en un Plan Nacional de Desarrollo que alardea por la equidad.
Estaremos muy atentos al desarrollo de los debates para alzar nuestra voz y para advertir de estas y otras perlas que ya hemos detectado en el documento final del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
