Desde que el Estado dejo de ser intervencionista y fue cediendo parte de sus funciones al sector privado, se han venido vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos y debilitando la democracia.
Lo vemos no solamente en el sector de la salud a través de las EPS e IPS, sino también en las empresas que prestan la labor en los servicios públicos y en las redes sociales.
No existe una fiscalización ni control alguno por parte de las entidades públicas frente a las empresas privadas que ejercen actividades del Estado.
Recientemente las redes sociales cerraron las cuentas del Presidente de los Estados Unidos, y frente a este tema si bien es cierto que estas empresas tienen sus propios reglamentos que deben aplicar para cada caso en particular, también se debe de mirar cuales tienen que ser las limitaciones frente a los derechos fundamentales de sus usuarios y no entrar en competencia con las funciones de la rama jurisdiccional.
El principio de que el derecho de una persona termina cuando comienza el derecho de otra es algo que se debe respetar. Más allá del tema político relacionado con el presidente de los Estados Unidos, no es posible que una empresa tome decisiones que le corresponden a un juez de la república, independientemente que las causas sean justas como en el caso de Trump por ejemplo.
En estos casos se deja ver que el poder de las empresas está por encima del Estado y que su injerencia en algunos casos se negocia antes de las elecciones presidenciales, debilitando de esta forma el estado de derecho, como si la institucionalidad fuera un objeto negociable.
El poder del sistema financiero es aterrador y pone al Estado de rodillas. Recientemente cuando comenzó la pandemia se pudo evidenciar que las decisiones del Jefe de Estado para aliviar las cargas económicas a las pequeñas y medianas empresas a través de créditos con mínimos requisitos por parte de los bancos no se cumplieron, y a pesar de que el Banco de la Republica bajo las tasas de interés, algunos de los bancos no solo no lo hicieron, sino que llegaron aumentar dichas tasas en los pocos créditos que ofrecieron.
El papel de las empresas transnacionales dentro de la globalización es otro caso evidente en el que ellas imponen sus reglas a los Estados y violan incluso las normas sobre el medio ambiente, pasando por encima de la responsabilidad social que cada empresa tiene.
Frente a estos hechos, es cuando concluimos que el poder se distorsiona y que los ciudadanos están a merced de las reglas del mercado y de los intereses de las empresas, violándose así el pacto social existente entre los gobernantes y los gobernados.
Sin demeritar el rol que el sector privado le aporte a los países dentro de su economía, este jamás debe estar por encima del Estado, ni subsistir la institucionalidad democrática.
Ante el caos que presenta la democracia en el mundo, y más aún con la pandemia que puso en entredicho los derechos fundamentales de los ciudadanos, en el que algunos líderes se transformaron en dictadores, es peligroso que perdamos el norte y terminemos aniquilando la democracia, olvidando que la vida es el principal derecho fundamental a respetar.
Son imperantes la supervivencia del Estado de Derecho, la estabilidad de las tres ramas del poder, y otros temas de importancia para la convivencia como son el cambio climático, la paz y la equidad social.
