En la noticia del diario El Tiempo de fecha 12 de marzo, titulada: “Defender a Duque y eliminar la JEP, lo que Uribe pedirá a la bancada del Centro Democrático”, propone el Ex presidente Uribe eliminar la JEP y tener una Corte única.
Es lamentable que en una democracia se pretendan tomar medidas de dictadura, cuando lo que se debe hacer es fortalecer las ramas del poder y en particular la rama jurisdiccional.
Si con la estructura que tenemos en la rama judicial hay congestión, torres de expedientes sin resolver, vencimientos de términos, corrupción y politización de la misma, y el 90% de los casos se quedan sin resolver, ya podemos imaginar la catástrofe que sería si existiera una sola Corte.
Lo cierto es que uno de los problemas del actual orden internacional es el crecimiento de los populismos tanto de derecha como de izquierda, producto de los conflictos armados internos e internacionales que afectaron los valores de la familia, de la sociedad y de los Estados debilitando la democracia y los partidos políticos.
La noticia antes mencionada es el producto de esta problemática de la cual Colombia no se escapa.
Desconocer la definición, las bondades y la finalidad de la Justicia Transicional es llevar al país de nuevo a la guerra y a posicionarnos al lado de naciones que se han caracterizado por violar la normatividad internacional como son los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Culpar a la JEP de las obligaciones que no ejecuta el Estado por falta de voluntad política no es coherente, pues quien tiene que brindarle todas las herramientas para que como institución que investiga los crímenes ocurridos dentro del conflicto armado pueda cumplir con sus funciones es el propio establecimiento.
Una de las causas de la violencia en el país, además de la inequidad social y de la falta de presencia del Estado, es que durante los distintos episodios de criminalidad política y de otro orden, no se han resarcido a todas las víctimas, y los delitos han quedado en la impunidad.
En un país en el que no impere la justicia, que no se conozca la verdad de los hechos y que exista impunidad, es un Estado en el que los hechos violentos se repetirán con mayor barbarie.
La realidad es que Colombia no conoce la legislación de los Derechos Humanos ni la del Derecho Internacional Humanitario, pues si bien ha existido el manejo leve de las mismas, no está preparada para que la JEP dicte sentencias con base en estas legislaciones internacionales, pues pueden no gustarle a muchos.
No podemos juzgar los fallos de la JEP si no conocemos a profundidad la legislación internacional, pues actuar con el deseo de venganza no ayudará a construir país ni a fortalecer las instituciones democráticas.
Hacer populismo con la justicia y pretender llevar al país a una dictadura, no habla bien de un colombiano que se tilde de demócrata.
Desconocer los informes y las sugerencias de las Naciones Unidas en temas de paz, consolidación de los acuerdos de paz, de los Derechos Humanos y de la protección del medio ambiente, es arrogancia, pues Colombia pertenece a esta institución internacional y como país debería saber cuáles son las funciones de la ONU.
Lo interesante del tema es que los embajadores de la Unión Europea en el escenario Colombia 2020[1] enviaron un mensaje por twitter el pasado 12 de marzo, que decía: “Este jueves los embajadores de la UE en Colombia respaldaron los informes sobre defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas y sembraron tres árboles junto con líderes sociales para ratificar que hay que continuar defendiendo la vida y la honra de esta población”.
Mientras la Comunidad internacional nos sugiere fortalecer la democracia, robustecer la justicia, cumplir con lo estipulado en los Acuerdos de Paz, controlar los crímenes contra los Derechos Humanos y los homicidios a los líderes sociales, un ex presidente llama a la dictadura y a la impunidad.
Lo que el país requiere es devolverle al Estado y a sus instituciones la credibilidad que perdió, reconciliar a los colombianos, resarcir a las víctimas, reconstruir valores, dejar la polarización, invertir en equidad social, y fortalecer la democracia.
[1] Es una iniciativa de difusión, discusión y pedagogía para el posacuerdo del diario El Espectador, con el apoyo de la Unión Europea y Alemania
