En el país de lo absurdo

Opinión Por

Es curioso que el exsenador Uribe en su cuenta de twitter el pasado 10 de diciembre dijera “La dictadura de la JEP ordena 600 esquemas de seguridad con ex guerrilleros” La JEP es la garantía de un país de las FARC no en Paz.

Viniendo de un expresidente asombra las imprecisiones, cuando la Justicia Especial para la Paz –JEP- nació producto de unos acuerdos de paz que se dieron dentro del conflicto armado, y a la luz del derecho internacional público. Esta institucionalidad se crea como un mecanismo para fortalecer la democracia, para que el Estado gane soberanía y legitimidad y para que la sociedad se reconcilie, exista una memoria histórica, se juzgue a los responsables y podamos crear una cultura de paz con desarrollo.

En un país tan polarizado y violento como Colombia, es apenas lógico que si se quiere garantizar y apoyar el desarrollo de lo que significa la implementación de los acuerdos de paz, se tenga que proteger la vida de los reinsertados, así como de los líderes sociales y de los demás actores del conflicto para que los colombianos podamos conocer la verdad de los hechos que sucedieron e implementar los protocolos propios del sistema para llegar a la paz.

Un Estado como el nuestro que brilla por su ausencia en la mayoría de los territorios colombianos, y que ha sido incapaz de proteger la vida de los connacionales, que se ha caracterizado por extinguir grupos políticos distintos a los tradicionales como es el caso de la Unión Patriótica, o del Nuevo Liberalismo, es normal que desde la JEP se busque preservar la vida de estos compatriotas, pues el derecho a la verdad como el derecho a la paz, son supranacionales y de obligatorio cumplimiento.

Contrario sensu, lo que no tiene justificación es el costo de la seguridad del Sr. Uribe Vélez quien según un artículo del diario Las 2orillas para el año 2013, contaba con 357 personas que se encargaban de su seguridad. Al expresidente se le han asignado 14 camionetas blindadas, más 35 vehículos, 20 motos de alto cilindraje, dos cuatrimotor, 37 fusiles de largo alcance, 177 pistolas semiautomáticas, 45 chalecos antibalas, 93 radios de comunicación y 58 teléfonos del operador Avantel. El departamento de Policía es el que más pone en presupuesto con una suma de $10.299 millones, le sigue la Unidad Nacional de Protección con $5.048 millones y el Ejército que gasta $2.784 millones. Desde su salida de la Presidencia de la República, la seguridad de Uribe Vélez le ha costado al Estado $54.393 millones.

Por su parte, El diario La República publicó el costo que tiene que asumir el Estado por los 6.500 esquemas de seguridad que operan hoy en día. Con carro blindado, armamento y escoltas cuestan en promedio 20 millones de pesos al mes para un esquema básico. Los más complejos, como el de Uribe, pueden llegar a 200 personas. El valor total de estos servicios para la Unidad de Protección llega a cerca de 500.000 millones de pesos al año. Todos los exdirectores de esa entidad coinciden en que al menos 20 por ciento de los protegidos no tienen riesgo personal alguno, pero son inamovibles por razones políticas.

Todo el desperdicio de dinero para proteger personas sin riesgo alguno como lo señaló el diario La República y la revista Semana en febrero de 2019 es vergonzoso, cuando se requieren para resguardar a personas como los líderes sociales que en verdad requieren de un esquema de protección, y que son asesinados por causa de la negligencia de algunos funcionarios del estado que no escuchan y no perciben lo que es realmente importante.

El esquema de seguridad del expresidente Uribe es exagerado y con ese dinero podría utilizarse para obras sociales u otros rubros que requieren de financiación como la educación, la salud, las obras públicas entre otros.

Jugar al maniqueísmo no es serio y hacer populismo menos, por lo que no podemos dejarnos meter el dedo a la boca, y decir que la JEP que se creó para devolver la confianza y la credibilidad en la institucionalidad democrática, para reconstruir los valores de país y para lograr cohesión social y reconciliación sea el demonio, cuando el diablo es otro.

No es honesto llamar a error a las personas solo para conquistar adeptos en época preelectoral y seguir generando odios.

Ex-diplomática. Abogada, con una Maestría en Análisis Económicos y en Problemas Políticos de las Relaciones Internacionales Contemporáneas, y una Maestría en Derecho Comunitario de la Unión Europea. Autora del Libro, Justicia transicional: del laberinto a la esperanza.