Ya es evidente que tanto las campañas presidenciales del Centro Democrático, como la del Presidente Juan Manuel Santos recibieron dineros de Odebrecht.
No se trata de bajarle tono al escándalo que ya alcanza proporciones de tsunami no solo en Colombia sino en los veinte países donde la multinacional brasilera logró corromper las instituciones y poner a tambalear gobiernos, primeros mandatarios, partidos y conglomerados empresariales.
Es claro que a la luz de los hechos aquí y ahora nadie está en condiciones de “tirar la primera piedra”
Aunque la opinión pública no puede cejar en reclamar que el peso de la ley y las consecuencias derivadas de la inalienable responsabilidad política de los más altos dirigentes recaigan sobre los autores de estos hechos gravísimos.
Pero, también hay que mantener la temperancia y evitar que la saña feroz que ha caracterizado las turbulentas relaciones entre el gobierno y la oposición durante la última década nublen la percepción colectiva de la realidad y sean capaces de alterar nuestras prioridades hasta el punto de impactar el logro más trascendente de los colombianos que es la histórica firma de la paz con las FARC.
El primer paso para sanear la sociedad colombiana atrapada desde siempre en un turbión de violencias y confrontaciones que parecían no tener fin es conseguir superar definitivamente la guerra e implementar con éxito el posconflicto.
Tarea muy compleja y nada fácil en un clima envenenado y escindido por la polarización que se alimenta de posmentiras y verdades a medias, manipulación e inmundicia que circula sin pausa a través de las redes sociales.
Hasta ahora el proceso se va desenvolviendo bien, no obstante las polémicas y desencuentros alrededor de algunos temas coyunturales, entre ellos el que despertó más alharaca, la construcción de los campamentos cuyas contingencias volvieron a poner en evidencia nuestras fallas crónicas más protuberantes: la falta de eficacia del Estado, los excesos de burocracia, y el aislamiento y la carencia de los bienes y servicios fundamentales de las zonas en donde, por razones de seguridad, han sido ubicados los contingentes humanos agrupados para ¡desarmarse!
Las FARC han cumplido. Los niños enrolados están apareciendo. Más de seis mil guerrilleros después de protagonizar una enorme y multiforme movilización a partir de sus cuarteles selváticos, de esas concebibles únicamente para la imaginación sin fronteras de algún creador del realismo mágico, están acantonados ya bajo la protección de la Policía y el Ejército, hasta hace muy poco sus enemigos mortales.
A causa de la violencia política de las FARC no han muerto personas, casi desde la declaración unilateral del cese al fuego.
El Congreso de la República también ha realizado su tarea a cabalidad: La aprobación de la justicia para la paz pone los cimientos jurídicos para el desarrollo de lo pactado. A ella se acogerán masivamente tanto los miembros de las FARC como los militares y agentes del Estado que hayan cometido crímenes relacionados con el conflicto. Cumplidos eso si los estándares de verdad, justicia y reparación a las víctimas y garantía de no repetición exigidos por la Justicia Penal Internacional.
Sin embargo, enzarzados en las disputas de la política minúscula y muy distanciados de las arremetidas sangrientas de la confrontación una proporción muy alta de residentes de los centros urbanos solo han dado muestras de indiferencia y escepticismo frente a un proceso que ha concitado esperanza y admiración alrededor del mundo.
El gobierno Santos ha sorteado con relativo éxito la pérdida de los ingresos petroleros y la baja en los precios de las materias primas.
Y ya se sienten los beneficios de la paz en construcción.
Pero, es incuestionable que en materia de construcción de los imaginarios sociales y de las actitudes frente a la paz, los partidarios que son además los beneficiarios políticos o económicos de la guerra vienen ganando la partida. Han logrado poner a vastos sectores de la población en “modo odio”
A ello se debe predominantemente la baja dramática de popularidad del presidente Santos que ya con el sol a la espalda puede ver reducida su capacidad de gobernanza.
No ayuda para nada el episodio de Odebretch, pero tenemos que hacer énfasis en que como lo viene pregonando Transparencia por Colombia: “Una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible si no contempla un fuerte componente de educación y de participación ciudadana. Y, sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la corrupción: el sector público, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía. “
