Recientemente el Centro Democrático radicó en el Congreso de la República una polémica iniciativa que busca modificar la Ley de Víctimas que con tanta dificultad se logró aprobar en el año 2011 bajo el liderazgo del entonces senador, Juan Fernando Cristo.
Frente a esta nueva realidad, el liberalismo da la voz de alarma ante el país, sobre el proyecto de Ley 131/2018 Senado, el cual echa abajo todo lo avanzado en la aplicación de la Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, en los Derechos de las víctimas y especialmente en restitución de tierras.
Es un verdadero retroceso y echa abajo los Derechos de los campesinos que han sido objeto de despojo de tierras por las siguientes razones:
Este proyecto de Ley busca legalizar el despojo de las guerrillas, paramilitares y de terceros que se aprovecharon de los hechos de violencia, y como consecuencia de ello, terminaría el Estado pagando el valor del despojo a favor de los ilegales.
La restitución no sería obligatoria y como consecuencia se desconoce este derecho fundamental (Sentencia T-821 de 2017). La compensación se convierte en la regla general, lavando el despojo de tierras.
Invisibiliza la responsabilidad de los actores ilegales y a sus colaboradores frente a hechos de despojo o abandono, violando el derecho a la verdad.
Con la eliminación de la figura de la buena fe exenta de culpa, todos son inocentes, gana el que se aprovechó de la guerra. Eliminar esta figura es entrar en el terreno de la impunidad.
Diariamente los jueces y magistrados de restitución vienen pronunciándose a favor de quienes actuaron de genuina buena fe exenta de culpa, por lo que esto no es un problema.
Inversión de la carga de prueba, probatoriamente se distorsionan las herramientas con las que el Estado acompaña a las víctimas, dejándolas en condiciones evidentes de inferioridad en los procesos judiciales. La víctima lleva la carga de la prueba a favor del despojador.
Este proyecto de Ley, retrocede 20 años en administración de justicia agraria y modernización del Estado.
Una política compensatoria sería excesivamente costosa e imposible de pagar por el Estado.
Es decir, por estos y muchos otros aspectos y por lo que representa quitarle alcances a la Ley de Víctimas, como miembro del liberalismo le digo no a esta reforma legal a una norma que ha venido funcionando y cumpliendo cabalmente los objetivos para lo cual fue diseñada y que ha permitido reparar a miles de víctimas en todo el país y restituido también a miles de campesinos que fueron víctimas de despojo.
Ahora bien, quienes somos defensores de la vida, de la Paz y la reconciliación nacional, estamos sumamente preocupados ante las declaraciones irresponsables dadas recientemente en la ciudad de Cartagena por el señor Ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, al afirmar que detrás de la protesta social en Colombia están las mafias.
Textualmente dijo el alto dignatario, que más bien parece el Ministro de la guerra: “Entonces cada vez que ustedes ven que cerraron la Panamericana o que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales”. Tal vez desconoce este funcionario, que son esas mafias precisamente las que están matando a nuestros líderes en todo el país.
Especialmente han asesinado a líderes sociales que han promovido programas de sustitución de cultivos ilícitos, han defendido la vida y el medio ambiente ante la minería ilegal y han promovido una justa restitución de tierras, entre otras actividades, o han sido paneleros, lecheros, cafeteros, arroceros o cultivadores de papa, que protestan por la caída de precios de sus productos, por importaciones indiscriminadas, contrabando y medidas equivocadas que han arriesgado la economía agraria colombiana.
Nuestros líderes sociales y campesinos han quedado entre el fuego de las mafias y la estigmatización del Ministro de Defensa.
