La cifras son atortolantes: la huella de carbono es responsable del 60% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que son a su vez las principales responsables de la variabilidad climática y todos sus estragos y lo que es más grave, la misma se duplicó con respecto a los años 70 del siglo XX. A ese ritmo, las megatendencias que se han venido observando nos conducirían a un verdadero cataclismo; esta es la que consideran los científicos como “la gran amenaza ambiental”.
Las crecientes emisiones de GEI a la atmósfera tienen un efecto acumulativo letal, puesto que las mismas superan con creces aquellas que nuestros océanos y bosques son capaces de absorber o capturar. Ello ha dado lugar a un “sobregiro”, que es como denomina la Red Global de la Huella Ecológica al fenómeno del cual ha venido dando cuenta desde 1971, según el cual el mundo ha venido consumiendo los recursos naturales en tales proporciones que supera la capacidad del planeta de renovarse o reponerse. Es tan dramático lo que viene ocurriendo que mientras para el año base considerado el “presupuesto” de recursos se agotó el 24 de diciembre, este año ya para el 2 de agosto ya nos lo habíamos gastado y desde entonces estamos girando sobre “vigencias futuras”. Esto es, como lo acota el Secretario General de la WWF España Juan Carlos del Olmo, “estamos viviendo a costa de los recursos naturales de las futuras generaciones”. Dicho de otra manera, necesitamos 1.7 planetas para poder cubrir las necesidades globales.
La perspectiva para Colombia no es tan desalentadora al ser, como lo afirma el Director de Conservación de la WWF Luis Germán Naranjo, “un país altamente biodiverso y con ecosistemas en un estado de conservación aceptable”. Pero, la huella ecológica del país viene incrementándose vertiginosamente; de hecho este año Colombia agotará su “presupuesto” de recursos el 26 de noviembre y cierra con un déficit de 35 días calendarios.
El temor al apocalipsis climático llevó a la comunidad internacional a hacer un alto en el camino en la XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), con el fin de ponerle el freno de mano al aumento inusitado de las emisiones de GEI, cuya mayor concentración en la atmósfera eleva la temperatura. Se trata de tenerla a raya, limitándola a no más de 2 grados centígrados con respecto a los niveles de la era pre-industrial. En el marco de la misma y consecuente con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), Colombia se comprometió a reducir sus emisiones en un 20% para el año 2030, tomando como año base el 2010.
En el año 2010 las emisiones de GEI registradas en Colombia fueron del orden de las 223.9 millones de toneladas de CO2 equivalentes, 0.46% de las globales, de las cuales el 10% de ellas (22.66 millones) corresponden al sector transporte y si no hacemos nada para revertir la tendencia para el 2030 dichas emisiones se elevarían hasta las 332.7 millones de toneladas, de las cuales 48.62 millones de toneladas serían atribuidas al sector transporte. Según el Presidente de ASOCAPITALES Fernando Guzmán, “1.1% del PIB se pierde por problemas de salud. La salud respiratoria de los niños es la más afectada por los problemas de la contaminación, siendo todos víctimas del daño que se ha hecho a la calidad del aire. No es un asunto menor, debemos tomar acciones inmediatas”. Según el Ministro de Ambiente Gilberto Murillo, “alrededor de 5.000 muertes son atribuibles a la calidad del aire”.
Me precio de ser el autor de la Ley 693 de 2001, mediante la cual se obliga la mezcla en todo el territorio nacional de un porcentaje de etanol con la gasolina-motor, la cual, al oxigenarla, contribuye a reducir las emisiones de GEI. Desde el año 2005 entró en vigor y Colombia se ha posicionado como el tercer productor – consumidor de etanol, después de EEUU y Brasil. A partir del análisis de ciclo de vida de la cadena del etanol producido en Colombia, este está contribuyendo a reducir 2.5 millones de toneladas/año de GEI, equivalentes a 6 puntos porcentuales de la meta de reducción del 20%. En los Planes de Acción Sectorial (PAS) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Transporte “se considera estratégico abordar el sector de biocombustibles, dada su estrecha relación con el sector energético y el sector agrícola en materia de mitigación de GEI”.
La Resolución del Ministerio de Minas y Energía 90454 de 2014 permitía la importación de etanol, siempre y cuando fuera para suplir el déficit de abastecimiento del mercado doméstico, pero luego la Resolución 41053 de 2016 liberó totalmente la importación, inundando el mercado interno y desplazando la producción nacional. Esta decisión iba a contrapelo de los propósitos de la Ley 693 de 2001, así como de los lineamientos de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo del “crecimiento verde” como “estrategia transversal”, toda vez que el etanol importado desde EEUU no cumple con el cometido de reducir las emisiones de GEI, amén de que afecta la seguridad energética, el desarrollo agrícola y la generación de empleo e ingresos por parte de la industria nacional del etanol, que son los propósitos primordiales de la Ley y del programa de los biocombustibles.
En efecto, mientras la demanda interna de etanol para la mezcla es de 1.430.000 litros/día, la capacidad instalada de producción de las 8 plantas en operación es de 1.970.000 litros/día, es decir que Colombia tiene como autoabastecerse y sólo estacionalmente se presentan baches por cubrir con importaciones muy puntuales. Cabe advertir que desde 2014 les quedó terminantemente prohibido exportar el etanol producido en el país sin antes garantizar el pleno abastecimiento del consumo interno. Por ello mismo los productores reclaman que, como reciprocidad, sólo se importe cuando se eventualmente haya lugar al desabastecimiento.
Pero, lo más censurable de esa laxitud y permisividad frente a las importaciones es que estas transgreden los objetivos de la política pública en materia ambiental, toda vez que mientras el etanol producido en Colombia a partir de la caña de azúcar reduce las emisiones de GEI en un 74% el que se importa desde EEUU, producido a partir del maíz, escasamente las reduce en un 21%, según lo certifica la Agencia de Protección Ambiental (EPA). De allí que en el mismo EEUU, especialmente en California, Oregón y Washington, la Política Ambiental (RFS2) se limita su consumo a 56.000 millones de litros/año; razón por la cual sus destilerías cuentan con más de 3.000 millones de litros de excedentes, parte de los cuales son los que han venido ingresando al país. En el primer semestre de este año alcanzaron a entrar al país, según el Ministerio de Minas y Energía, 30.5 millones de litros provenientes de EEUU.
Aparte de que no cumplen con los estándares mínimos en cuanto a las reducciones de las emisiones de GEI, que si se les exigen al producto nacional, en la práctica este último es sometido a una competencia desleal, dado que el etanol producido en EEUU a partir del maíz es objeto de múltiples subsidios que van desde los que recibe quien cultiva el cereal, pasando por la planta que lo procesa para obtener el etanol hasta el consumidor final del mismo. Se estima que los subsidios estatales representan más del 30% del costo de producir el etanol a partir del maíz en EEUU, de los cuales reciben las destilerías más de US $50.000 millones. Otro motivo por el que chillaron y con razón los productores nacionales de etanol era porque, según el Presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Biocombustibles Jorge Bendeck Olivella, las importaciones se habían convertido en un pingüe negocio para ellos, toda vez que compraban barato el de EEUU y lo vendían caro en el país, al recibir a cambio el precio de referencia fijado por el regulador. Así, mientras el precio artificial del galón de etanol estadounidense es de $5.400, el precio de referencia al cual se comercializa en el mercado doméstico es de $8.559, el gap entre uno y otro no beneficia al consumidor final, se lo embolsilla el intermediario o comercializador.
Por fortuna, con la expedición de la Resolución 1962 del 25 de septiembre de este año y su entrada en vigencia a partir del 25 de octubre, el Ministerio de Ambiente niveló la cancha, al establecer “el límite del indicador de cociente del inventario de emisiones de GEI del etanol anhidro combustible desnaturalizado”. Al establecerse un rasero prudencial, imponiendo un límite máximo permisible a las mismas entre 962 (año base) y 780 kilogramos (2021) de CO2 equivalente/ m3 para el etanol que se consuma en el país a través de la mezcla con gasolina – motor, sea importado o producido en el país, el Gobierno Nacional le puso tatequieto a este atropello a la razón y al derecho al trato igual a unos y a otros. Y, como es obvio, lo que es igual no es ventaja para ninguna de las partes involucradas. Enhorabuena, Ministro. Lo acaecido en este enojoso caso pone de manifiesto, una vez más, la falta de una política clara y definida por parte del Gobierno en relación a los biocombustibles.
