Sobre la sofisticación, la complejidad y el copamiento de todos los espacios de la vida ciudadana por la corrupción, disertó en la Sociedad Económica de Amigos del País el Procurador Fernando Carrillo.
Para el Procurador quien está demostrando en los hechos hasta dónde puede penetrar institucionalmente la entidad que encabeza en defensa del interés público, se trata de una epidemia que hay que erradicar de raíz y para lograrlo es indispensable el concurso mancomunado de todas las instituciones públicas y privadas y la presencia activa de la sociedad civil.
Y resulta forzosa también la inclusión y el compromiso del sector privado para avanzar en el empeño de parar la corrupción, que, según afirmaciones técnicamente sustentadas por el Contralor Edgardo Maya, se queda anualmente con entre cuarenta y cincuenta billones de pesos, destinados a la salud, la construcción de carreteras y vías de comunicación, hospitales y centros de salud, viviendas de interés social y obras de infraestructura para los colombianos.
El erario público es de todos y el raponazo gigantesco denunciado por los organismos de control ataca los derechos fundamentales y las perspectivas reales de mejorar la calidad de vida sobre todo de los miembros más pobres de una sociedad inequitativa e intolerablemente desigual como la es la nuestra.
El procurador ha celebrado un acuerdo de transparencia y de rendición de cuentas con 40 gremios económicos y está trabajando individualmente con cada uno de ellos para detectar a tiempo áreas, personas y prácticas corruptas, evitando así que puedan ejecutar sus torcidos propósitos.
Modernamente el ámbito de lo público se ha extendido a múltiples sectores y actividades. Abarca, entre otras, las esferas de la cultura, la protección del medio ambiente y los recursos naturales y la destinación del espacio público.
Ya el coto de caza de los corruptos no está solamente en las megaobras y la contratación. Se ha trasladado al volteo de tierras en los municipios y a los planes de ordenamiento territorial. A través de licencias, autorizaciones u omisiones estratégicas cuidadosamente maniobradas, muchas autoridades locales han logrado convertir los presupuestos públicos en recursos para financiar las campañas electorales y engrosar los bolsillos de los políticos regionales y las mafias a ellos aliadas.
Carrillo explicó que la Procuraduría ha adelantado acciones preventivas de esta naturaleza en Cundinamarca y Quindío al igual que en Cartagena donde reina el caos urbano y donde una clase política a la que calificó de irresponsable y absolutamente insensible ante el valor del patrimonio histórico de la ciudad, está permitiendo la construcción de 6 torres de 30 pisos a escasos metros del Castillo de San Felipe.
A propósito, esta oportuna acción protectora de la Procuraduría debería ser avalada por una gran movilización ciudadana para conseguir que semejante catástrofe sea conjurada y evitar que el país, por la arremetida del capitalismo salvaje, desvalorice un conjunto integrado por el centro histórico de Cartagena, sus fortificaciones y murallas y el Castillo de San Felipe, que ha sido declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y es una de las grandes maravillas arquitectónicas de Colombia.
Carrillo afirmó además, que el país ha suscrito todas las convenciones internacionales contra la corrupción y que no faltan herramientas normativas para combatirla. El problema radica en que aquí a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, no existe un control social capaz de disuadir. Dentro de nuestro sistema penal concurren toda clase de beneficios, casa por cárcel, disminución de penas y lo que es peor, el deber de devolver sólo la mitad de lo robado, para acceder a su aplicación.
Expresó su convicción de que la lucha para extinguir los bienes de los corruptos es fundamental, así como los controles sociales. Entre nosotros reina la impunidad, la corrupción parece conferir estatus y las sanciones son muy relativas frente a la magnitud de los delitos cometidos.
No existen instrumentos para combatir el soborno internacional a nivel nacional. Los ejecutivos de las empresas multinacionales que delinquen quedan impunes a nivel nacional.
Falta sí, incorporar al ordenamiento jurídico dos herramientas fundamentales: el tipo penal del financiamiento ilegal de las campañas que ya existe en Europa y en casi toda América Latina y la responsabilidad penal de las personas jurídicas para poder descorrer el velo corporativo y aplicar el peso de la ley a los infractores penales.
Calificó de dramática la falta de confianza en las instituciones, lo que entraña riesgos de deslizamiento hacia alternativas autoritarias y populistas.
“Este momento histórico de transición marca la hora de los grandes consensos. Hay que deponer los intereses electorales y buscar concluir grandes pactos de estado sobre temas como la justicia, la salud, pensiones, medio ambiente y minería, que no pueden feriarse como factor de división en una campaña electoral.”
