El peor de sus rostros es el que ha exhibido el Congreso durante el trámite de la Justicia Especial para la Paz.
Durante semanas el Capitolio se ha convertido en escenario de caras desencajadas, gritos furibundos e invocaciones al rencor que restallan como látigos sobre todo en el sector que ocupa la bancada del Centro Democrático.
Nunca como ahora en el Congreso se había hecho alarde tan descarado de prácticas obstruccionistas y recursos de mala índole para evitar que la reglamentación de la jurisdicción creada para hacer posible el tránsito de los insurgentes de la guerra a la paz pudiera hacerse y sin impunidad.
Precisamente, cuando el curso de los acontecimientos ha desmentido a los profetas del desastre, los mismos que durante años se rasgaron las vestiduras y montaron sus campañas electorales sobre los vaticinios fallidos de que la paz no era posible, que nunca llegaríamos a un acuerdo, que triunfaría el castrochavismo. Cuando las FARC ya están desmovilizadas han entregado sus armas y se han convertido en un partido político y Maduro vocifera a diario su odio contra Santos, los sembradores de cizaña se multiplican y vuelven a la carga.
Y cuentan con algunas ayudas inesperadas. Entre el Fiscal General, Cambio Radical y el Centro Democrático, que no ha cejado un ápice en el designio de hacer trizas el Acuerdo de Paz, levantaron una muralla de perplejidades y de amenazas en cierne sobre los colombianos, sobredimensionadas y sin asidero en la realidad, pero muy en sintonía con lo que se estila en esta era de la posverdad, empeñada en abjurar de los hechos para admitir con radicalidad y fe de converso cualquier invención por absurda y estrambótica que parezca.
A última hora se han sumado a la oposición sectores del conservatismo y de la U, descontentos de las cuotas burocráticas que se les han asignado. Buscan, sin duda aprovechar la urgencia de la hora para pasarle cuentas de cobro al gobierno de Juan Manuel Santos, quien después de casi 8 años de turbulencia ha agotado su capital político defendiendo la paz en un país que parece tener vocación autodestructiva.
Le ha tocado a la Corte Constitucional, en decisión unánime, poner los puntos sobre las íes: Declaró exequible la justicia especial para la paz. Las condenas contra los guerrilleros quedan suspendidas para que ellos puedan participar en política en las elecciones que se avecinan y al suspenderse la pena- lo que resultaba obvio- declaró que se levantan también las inhabilidades.
Puede pues el Señor Timochenko aspirar sin sobresaltos a la presidencia de la República y los miembros del Secretariado a ocupar curules que tienen aseguradas en el Congreso. Pero deberán acreditar que se someten y comparecer ante la Justicia Especial para la Paz y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Y si faltan en materia de verdad y reparación podrían perder los cargos a los que resultaren elegidos. Basta acreditar por ahora la suscripción de un acta de compromiso ante la Secretaria de la JEP.
Habida consideración que las FARC acreditan una imagen ligeramente mejor que la del Poder Legislativo y los partidos, según las más recientes encuestas, su ingreso al Capitolio no alterará significativamente la reputación de los actuales parlamentarios ni de la Institución como tal. Y sus integrantes carecen de razones apreciables para sentirse agraviados por el ingreso a la vida democrática de los antiguos insurgentes que ahora serán compañeros.
A fin de cuentas, como lo ha expresado con meridiana claridad el presidente Santos, en todos los procesos de paz que se han realizado en el mundo, sin excepción” los alzados entregan las armas para poder participar en política, ahora, no dentro de 25 años.”
La responsabilidad de mando se mantiene en los términos iniciales del art. 24 del Acto Legislativo, pero para que se configure debe demostrarse que el comandante tenía control sobre la conducta de sus subordinados e información “antes, durante o después de los hechos criminales cometidos por los subalternos, sin que tratara de impedirlos o ponerlos en conocimiento de la justicia”
El sometimiento de los terceros a la JEP será voluntario. Nadie, aforado o no, podrá ser forzado a presentarse ante la JEP. Se cierra así una posibilidad que causaba pavor a mucha gente, en un país degradado por más de medio siglo de guerra donde quedan muchos actores invisibles de la confrontación por identificar y que ahora volverán a respirar con tranquilidad.
La revisión de los fallos de la JEP por vía de tutela corresponderá exclusivamente a la Corte Constitucional y no a la nueva jurisdicción como lo consagraba el Acto Legislativo.
