Después del afortunado hundimiento del Referendo propuesto por la Senadora Viviane Morales mediante el cual se buscaba establecer como único modelo de familia posible la integrada por las parejas heterosexuales, las huestes liberales nuevamente nos sorprenden con su progresismo: la Representante a la Cámara Clara Rojas González presentó al Congreso el proyecto de ley No. 065 de 2017, mediante el cual se pretende “proteger” a las personas en situación de prostitución. El texto consta de diez artículos y una de sus principales propuestas es la imposición de multas a quienes contraten servicios sexuales.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se afirma que el ejercicio de la prostitución es incompatible con los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establecen, respectivamente, que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”; razón por la cual el Estado debe tomar todas las medidas tendentes a desestimular dicha actividad económica. También arremete la congresista contra la Corte Constitucional por considerar que esta creó un precedente “nocivo e inconstitucional” (sic) al reconocer la prostitución como una actividad lícita y susceptible de protección laboral.
Uno de los aspectos que llama poderosamente la atención tras la lectura del proyecto de ley es su debilidad argumentativa: no solo da a entender implícitamente que toda persona que se prostituye lo hace siempre en contra de su voluntad sino que homologa la trata de personas, actualmente tipificada como delito, con el ejercicio legítimo de la prostitución. Ni son lo mismo, ni se parecen. Además establece una relación incomprensible entre las alarmantes cifras de feminicidio en nuestro país con la existencia de la prostitución (¿Toda mujer víctima de feminicidio fue prostituta?).
Para el ordenamiento jurídico colombiano (Código Penal y Código de Policía) la prostitución es una actividad comercial lícita siempre que sea realizada por personas mayores de edad, en forma voluntaria y libre. Al analizar los reiterados pronunciamientos de la Corte sobre la materia, que Clara Rojas considera tan nocivos, vemos una línea jurisprudencial que se funda en los siguientes principios: 1) la prostitución ejercida en forma voluntaria y libre es un trabajo que debe ser protegido y, en consecuencia, los trabajadores sexuales no pueden ser objeto de explotación laboral y deben gozar de los mismos derechos con los que cuenta cualquier otro trabajador; 2) los trabajadores sexuales tienen derecho a laborar de forma digna y en condiciones de seguridad, al igual que cualquier empresa o actividad lícita. No pueden ser perseguidos por el simple hecho de ejercer su profesión; y 3) ni la moral ni las buenas costumbres son razones para justificar la discriminación a los trabajadores sexuales.
Independientemente de la posición que uno tenga respecto a la prostitución, vale la pena preguntarse: ¿Ha incentivado la Corte la prostitución con este tipo de pronunciamientos? NO, sencillamente ha entendido que los trabajadores sexuales merecen protección pues son precisamente la discriminación y el carácter subrepticio que a dicho oficio se le ha dado, lo que ha llevado a que su trabajo sea visto como indeseable e indigno, y a que se cometan todo tipo de abusos en su contra.
Son principios fundantes del Partido Liberal, al que pertenece Clara Rojas, el respeto irrestricto al ejercicio de las libertades individuales y de los derechos humanos. Bajo esta óptica, no corresponde al Estado actuar cual gendarme adoptando medidas contra la prostitución, sino el proteger a las personas que se dedican a esta actividad, brindándoles la oportunidad de salir de ese ambiente si así lo desean, pero respetando siempre la decisión libre que han tomado.
Es casi seguro que el proyecto de Clara Rojas no será aprobado por el Congreso y, en el improbable caso que así fuese, se caerá en la Corte Constitucional. Perseguir a la clientela solo logrará relegar aún más a la clandestinidad el ejercicio de la prostitución, agravando la ya delicadísima situación por la que atraviesan los trabajadores sexuales. Contrario a protegerlos se les estaría condenando a la informalidad, perpetuando la aberrante vulneración a sus derechos laborales que actualmente padecen y el estigma en su contra.
Escapa a la sana lógica el cómo congresistas liberales presentan iniciativas legislativas que parecen más propias de un Estado confesional que de aquel pluralista e incluyente que aseguran defender. Con la crisis actual de credibilidad que afrontan los partidos políticos y la mala imagen que de ellos tiene la ciudadanía, es sano hacer un llamado respetuoso al Partido Liberal para que los candidatos a quienes avale sean promotores de sus principios y no una simple fuente de votos a cualquier precio, incluida la ideología; la sindéresis debe primar sobre la conveniencia.
Pretender llevar la biblia a la Constitución o elevar principios morales a categoría de ley no es nada diferente a una afronta vulgar al espíritu liberal, camuflada con finalidad altruista. Es necesario que el liberalismo retome su papel protagónico como actor del progreso social dejando atrás a todos aquellos inquisidores y retardatarios que, arropados con un trapo rojo, han logrado colarse en sus filas y pretenden dirigirlo a la caverna. De no ser así, ¿cuál sería la diferencia con el Partido Conservador Colombiano? Si ambos partidos terminan siendo iguales, ¿por qué no fusionarlos? Daría lo mismo, ¿no?
Adenda: si Viviane Morales está buscando fórmula para la vicepresidencia, la ha encontrado.
