En la región andina se han presentado recientemente hechos que llaman especial atención sobre diferentes situaciones de inconformismos, declives de economía, violación a derechos humanos destrucción del medio ambiente y afectación directa a los principios democráticos, lo cual ha reflejado una constante crisis en la región.
Uno de los recientes hechos de mayor cavilación lo ha protagonizado Perú con la reciente disolución del Congreso. Se trata de un país inmensamente rico en recursos naturales pero con ingentes problemas como malversación de tráfico de influencias, cohecho, peculado, falta de transparencia en la ejecución de políticas que contribuyen en la reducción de la pobreza y desigualdad. Por tanto, pese a sus buenas condiciones económicas que podrían llegar a contribuir al alcance del desarrollo sostenible, se ha dado un retroceso ético y moral que radica en el dominio del fenómeno de la corrupción, el cual está enquistado en el funcionamiento del país.
Haciendo un breve recorrido por los últimos sucesos resaltables nos basta con analizar el caso de Alberto Fujimori y su interés por lograr la libertad, las investigaciones de dirigentes por estar involucrados con el caso de Odebrecht, los casos de lava juez y lava jato, las investigaciones contra el expresidente Alan García y la dirigente del partido Fuerza Popular Keiko Fujimori, La llegada del gobierno de Pedro Pablo kuczynsiski y su apresurada renuncia consecuente de los kenjivideos con los cuales se evidenció el intento de soborno al congresista Moisés Mamani a quien le aseguraban cooperar con acceso privilegiado de sus proyectos en el ejecutivo a cambio de votar en contra de la segunda vacancia de Kuczynski, teniendo incluso una solicitud de vacancia previa por escándalos de corrupción.
Recientemente la historia continuó marcando pautas de alteración civil debido a que el 30 de septiembre del año en curso los titulares de noticias en todos los medios de comunicación denotaban el inicio de una nueva crisis generada por la coyuntura entre el poder ejecutivo y legislativo, debido a la orden dada por el presidente Vizcarra de disolución del congreso. Hecho calificado como inconstitucional por parte de algunos medios y sectores de oposición.
Razón por la cual el Congreso posteriormente designó como Presidente de Perú a Mercedes Aráoz, quien tomó posesión calificando de injusta la medida del Presidente Vizcarra. Sin embargo no trascurrió mucho tiempo para que Aráoz renunciara y cesara el rumor de que Perú tenía dos presidentes.
La situación ha dejado varias inquietudes y un profundo desasosiego en la comunidad peruana expuesta una vez más a las consecuencias que ha traído la falta de claridad en la gobernabilidad. Así que para aclarecer un poco la situación cabe resaltar que no fue legal la existencia de dos presidentes, debido a que previo a la no procedente designación de Aráoz como nueva presidente, Vizcarra había disuelto el congreso de forma constitucional amparado en el artículo 134 de la constitución de 1993 donde se enuncia su facultad para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros.
Hechos evidenciados con el fuerte obstruccionismo liderado por fuerza popular que representa la mayoría del Congreso con razones de dudosa transparencia. Por tanto como protocolo posterior a la disolución del Congreso, Perú realizará elecciones de nuevos miembros el próximo 26 de enero de 2020 entendiéndose este periodo como interregno con fecha límite.
Sin duda es una situación que con justa causa alarma al país debido a la ausencia del poder legislativo por los próximos meses, pero más allá de enfocarnos en las recientes medidas tomadas para solucionar de forma parcial los problemas ocasionados por la corrupción en el poder. Además, considerando que ha generado una profunda desconfianza hacia la Administración publica del país debido a que ex presidentes están en prisión y a que varios dirigentes (1700 Alcaldes) son investigados de acuerdo a la Procuraduría anticorrupción.
Es de suma relevancia reflexionar sobre los métodos de su mitigación, puesto que no ha sido suficiente la creación de nuevas reformas y leyes como la nueva ley de declaración juramentada de bienes y rentas, decreto legislativo 1104 y la ley Mulder. Incluso se considera que se presenta una crisis institucional por la corrupción que no establece mecanismos claros de acción como le menciona Jose Julio Gómez, Vicepresidente de IUSY.
Por ende se necesitan transformaciones sustanciales que deben focalizarse en la educación, inculcando transparencia y ética en los currículos escolares de las futuras generaciones que gobernarán el país. Puesto que si se promueven políticas de educación para trasformar el chip inherente de corrupción hacia las buenas, efectivas y trasparentes prácticas, se garantizará un desarrollo sustentable a largo plazo porque como dijo D.H. Lawrence ´´la ética, la equidad y los principios de justicia no cambian con el calendario.´´ Así que fomentarlos sería la mejor acción mitigante de la histórica crisis en Perú.
