Uno de los logros más importantes de la constitución política del 91 fue declarar a Colombia como un estado de derecho y democrático, cuyo primer artículo cita textualmente “con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general” y hago especial énfasis en la autonomía territorial y el interés general ya que la corte constitucional en un reciente fallo limitó el alcance de uno de los mecanismos de participación que tuvo un especial auge en los últimos dos años, la acción popular. Este fallo surge de una acción de tutela presentada por la petrolera Mansarovar para “asegurar sus derechos fundamentales” en contra de la consulta popular celebrada en el municipio de Cumaral donde se preguntaba a sus habitantes si estaban de acuerdo o no con la explotación petrolifera y exploración sísmica dando como resultado un rotundo NO con un 99%, resultado similar a otras 9 consultas populares que se han realizado en el país. La tutela en las dos primeras instancias fue fallada a favor del municipio, pero esta semana la Corte Constitucional reverso el fallo del Tribunal Administrativo del Meta argumentando fallos en el debido proceso, falta de idoneidad del mecanismo y que el subsuelo es propiedad del Estado.
Todo lo anterior es el resultado de una gran lucha más antigua que nueva; no es desconocido que en muchas ocasiones las grandes empresas extractivas desconocen las realidades de la población y en muchos casos operan sin licencia social, generando un rechazo generalizado en los habitantes de las zonas de sus operaciones cuando estos no ven ningún beneficio tangible y los pocos beneficios se pierden en la burocracia y la corrupción de la zona, así las cosas son muy pocas las empresas que han logrado generar lazos de confianza y relacionamiento adecuado con la comunidades y así un éxito de operación. Por esta razón y con el auge de la conciencia ambiental de los últimos años debido a los pasivos ambientales generados por estas mismas empresas, la falta de control, ausencia del estado y las autoridades fiscales, en muchas localidades a lo largo y ancho del país la comunidad se organizó y utilizó el mecanismo de participación mas democrático y efectivo para hace evidente su desconformidad y desacuerdo como lo demuestran los resultados de las nueve consultas populares contra actividades extractivas realizadas hasta la fecha.
En este escenario la decisión de la Corte está dejando desprotegida y sin herramientas a las comunidades de muchas localidades del país ya que como resultado de este fallo el Consejo Nacional Electoral hizo un llamado a la Registraduría para detener las más de 150 iniciativas de consulta popular que tengan como propósito frenar actividades mineras o energéticas, desde mi perspectiva esto es un exabrupto a los principios básicos y fundamentales de la Constitución de nuestro país y muestra un claro interés empresarial de fondo que se excusa en los recursos generados al sistema nacional de regalías, que no son más que una nimiedad de todo los recursos generados, provocando que los realmente beneficiados sean unos pocos y los costes ambientales sean asumidos por los habitantes de las zonas explotadas.
Si bien es cierto el Artículo 332 de la Constitución afirma que el subsuelo y los recursos naturales son del Estado, la definición de “Estado” es mucho mas amplia que solo el gobierno nacional o las altas agencias, el estado incluye a las entidades territoriales y su autonomía más importante a la población del estas, entonces el fallo de la Corte escudado en que la prohibición de toda actividad extractiva no es la adecuada, sino sólo el uso del suelo, es completamente errónea e injusta para la población.
En un escenario como el que atraviesa el país, uno de los pocos temas que une a la mayoría de la gente es el tema ambiental, este fallo golpea duramente la democracia y la conciencia colectiva del país y de la gente con intereses ambientales, y abre las puertas para que grandes empresas sin licencia social sigan haciendo de las suyas en el territorio
