Durante varias sesiones, la Plenaria del Senado fue convocada para darle tramite al proyecto de Ley estatutaria que reglamentará la Jurisdicción Especial de Paz con seis objeciones presidenciales de por medio que, planteó el propio Iván Duque meses atrás, sin embargo, el trámite resulto engorroso, accidentado y con un amplio desgaste para el Gobierno Nacional, pero principalmente para el Presidente de la República.
Lo que para la Cámara de Representantes resultó un proceso ágil, rápido y con grandes consensos para hundir definitivamente las objeciones presidenciales, en Senado resultó complejo, lleno de dilaciones, argucias, recesos, y un debate hostil de señalamientos entre unos y otros sectores.
Se necesitaba de mayorías absolutas por considerarse una Ley Estatutaria, los votos estaban más que asegurados, pero a medida que avanzaba el debate, se fue desvaneciendo la esperanza de hundir esta seria amenaza a la columna vertebral del acuerdo de Paz con las FARC.
Sectores afines al gobierno, pero principalmente el Centro Democrático al verse derrotados plantearon un plan B, para al menos salvar dos de las seis objeciones, ambas fracasaron.
Debo reconocer la valentía y el liderazgo de diversos partidos, entre ellos, el liberalismo, la U, Cambio Radical y otros de oposición que con su independencia y firmeza dieron la batalla hasta el último minuto para defender la Paz de Colombia.
Ahora, ante lo ocurrido en el Senado, será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra frente a las objeciones a la JEP, esperamos que el alto tribunal en su sabio conocimiento tomé una justa decisión en derecho, donde se imponga un criterio mayoritario para salvaguardar la Paz de Colombia.
Evacuadas estas accidentadas sesiones Plenarias, el Congreso debe concentrarse entonces en los problemas reales del país, los problemas que afectan a los ciudadanos del común, que están esperando soluciones a las grandes problemáticas nacionales.
El Gobierno Nacional, pero también el Congreso de la República estamos resultando irresponsables con el país, no estamos atendiendo los problemas de Colombia, los problemas de desempleo, los problemas de deforestación, los problemas de la inflación, en fin, estamos dedicados simplemente al debate de la política que en nada solucionan los problemas de los colombianos.
Hoy no tenemos una agenda para el país, y una vez superados los debates a las objeciones a la JEP y aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, el Congreso de la República debe centrar su agenda legislativa en debatir y buscar soluciones de fondo a las graves problemáticas nacionales.
Ahí se retomará el rumbo, se recuperará la confianza ciudadana y se enviará un claro mensaje a la opinión pública nacional, que está ávida de resultados por parte de su poder legislativo.
La prioridad entonces será en ayudar a resolver los problemas sociales de Colombia, una agenda que atienda también los inconvenientes en el modelo de salud, en buscar la excelencia académica y el mejoramiento en la calidad educativa, en mejorar la cobertura y acceso a la educación superior, especialmente para los colombianos de menos recursos, en generar políticas efectivas que combatan la corrupción, ese gran cáncer que carcome no solo a las entidades públicas sino privadas del país, necesitamos un Congreso del lado de la gente y que no le dé la espalda a las graves crisis sociales de los colombianos.
De nuestra parte, siempre hemos atendido las reclamaciones ciudadanas y el clamor popular que busca en sus instituciones legítimamente constituidas un respaldo y un acompañamiento efectivo a sus reclamaciones, nuestra curul, le pertenece a todos sin distingo; a los campesinos, a las comunidades indígenas, a los ambientalistas, animalistas, a los jóvenes, a las diversas minorías y a todos los colombianos de bien que buscan día tras día tener un mejor país.
