Álvaro Uribe Vélez, quien fuera dos veces presidente de Colombia, es un personaje que genera controversia, y en la actualidad según versiones de prensa es “investigado por decenas de delitos, la mayoría de los cuales tienen que ver con el surgimiento de grupos antisubversivos en los años 90 y violación de derechos humanos.[1]”
En el presente existen “casi 60investigaciones abiertas en Colombia contra Uribe, que van desde homicidio hasta compra de votos. Catorce se encuentran en la Corte Suprema y otros 45 en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”[2].
Con ocasión de la detención domiciliaria del expresidente Uribe Vélez por presuntos delitos de fraude procesal y soborno, la senadora Paloma Valencia propuso convocar a una asamblea nacional constituyente para reformar la justicia, convirtiendo la detención del líder del Centro Democrático en un tema político.
Vale mencionar que se ha vuelto costumbre en el país que cuando no existen salidas a las decisiones que se toman y que van en contravía del sentir de algunos, se propone dicha Asamblea.
En un país que se llame democrático debe prevalecer la pluralidad de partidos políticos, los cuales deben ser fuertes y generar confianza y credibilidad dentro del conglomerado social con plataformas sociales que inspiren a votar por ellos. Así mismo el voto debe ser el sustento de una democracia, el que se debe ejercer de manera libre y soberana sin intimidaciones y sin la feria de la compra y venta de los mismos.
Otro elemento que distingue la democracia es la división e independencia de las tres ramas de poder: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y el respeto a las decisiones que cada una de ellas produce sin convertir esas medidas, y en el caso que nos ocupa, dichos fallos en una campaña política.
La injerencia del Jefe de Estado en el nombramiento de algunos órganos de control, de las altas cortes y del Fiscal General de la Nación, no permite la transparencia efectiva ni la independencia en el momento de realizar las debidas investigaciones, es uno de los aspectos que debilitan nuestra democracia.
El convertir el caso del senador Uribe en un hecho político lo que hace es atenuar aún más la democracia, pues se debe recordar el principio general del derechoDura lex, sed lex, que significa «la ley es dura, pero es ley», y se refiere a que la aplicación de las leyes es obligatoria y que se aplica todas las personas, siendo a la vez un principio fundamental de los Estados de Derecho como es el caso de Colombia. Nuestra constitución en su artículo 1º dice: “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Por lo que se conoce en versiones de prensa, hay temas de interés general para la sociedad colombiana que se deben esclarecer en cada una de las distintas investigaciones que cursan contra el senador Uribe, pues al parecer tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos y presuntos delitos de lesa humanidad dentro del contexto del conflicto armado entre otros temas, que de no investigarse por las autoridades competentes de nuestro país, podrían dejar la puerta abierta para que la Corte Penal Internacional actué.
No es polarizando aún más el país como vamos a lograr el perdón, la reconciliación y la no repetición de esta clase de delitos, ni mucho menos la cohesión social que tanto se necesita para avanzar en su desarrollo y en la consolidación de la paz.
Debemos ser respetuosos de las decisiones que las altas cortes profieren así como las demás instancias judiciales contra cualquier colombiano, pues la justicia debe estar por encima de los partidos políticos, o de temas religiosos, étnicos o de clase.
Es necesario tener confianza en lo dicho por el Procurador General de la Nación en el sentido de que estará velando porque se respete el debido proceso al senador Uribe. Es incomprensible que se haga tanto alboroto por este caso, y en cambio no se produzcan reacciones similares frente a los innumerables delitos e injusticias que se comenten en el país.
Las declaraciones del ejecutivo son lamentables, pues se debe separar el aprecio y la amistad que el presidente tenga hacia la figura del expresidente Uribe, de las que profiere en su calidad de Jefe de Estado, pues en esta última condición, el Presidente de la República debe garantizar la independencia de la rama judicial, generar confianza al pueblo colombiano y no pretender controlar las otras ramas del poder público.
Es hora de que en Colombia se conozca la verdad y se comiencen a cerrar capítulos violentos de la historia del país para que los colombianos podamos voltear la página de la misma y construir una nueva Colombia en equidad, en paz, en desarrollo y en cohesión social.
[1] BBC, News Mundo, “Álvaro Uribe: de qué se acusa al expresidente y por qué su arresto domiciliario es histórico en Colombia”, 4 de agosto 2020. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53658947
[2] Ibídem
