Una delegación de alto nivel de la ONU visitó a Colombia la semana pasada. Su misión era analizar los avances en materia del proceso de paz y constatar las diferentes visiones de los actores inmersos en el proceso respecto a los pactos firmados en el acuerdo. Sobre lo que encontraron podríamos resumirlo en varios frentes.
El primer frente obedece al gobierno, el cual en cabeza de Iván Duque y su partido político, éstos se han empeñado constantemente en poner taras a la implementación del acuerdo, aduciendo que fue un acuerdo no firmado con su avenencia, lo cual conlleva a que evadan las responsabilidades como cabeza de Estado; una clara muestra de ello es la interferencia en el accionar de la JEP en materia de aplicación de la justicia transicional, buscar que muchos de los allegados al partido de gobierno escapen a sus responsabilidades es una clara muestra de un accionar irresponsable desde lo político que deja al país muy mal parado en materia de acuerdos internacional respecto a procesos de verdad y reparación.
El segundo frente obedece a las percepciones de los representantes al legislativo por parte de las FARC, el llamado constante a continuar en la línea política fijada tras la firma del acuerdo, los postulados de no apoyo a excombatientes y altos mandos militares de la Guerrilla como Santrich, El Paisa e Iván Márquez al eludir sus responsabilidades de cara a la justicia, participación política y reparación, es una clara muestra del compromiso de dicho partido en el cumplimiento de lo expuesto tras lo acordado en la Habana; y es a la vez un llamado al gobierno para que no fije sus intereses por encima de la política de Estado en la implementación de los acuerdos.
La visita de los comisionados de la ONU, deja abiertas varias aristas desde las cuales el gobierno deberá comprometerse dando cumplimiento a lo que ha abogado el presidente Duque en sus constantes visitas internacionales, encuentros en los que se ha explayado al hablar de los grandes avances en materia de seguridad y paz tras la firma de los acuerdos. Los desafío giran en torno a la protección de los líderes sociales, garantizando su participación activa y política; la garantía de la participación política de partidos contrarios al gobierno, garantizando no persecución e interceptaciones ilegales y por último la garantía de la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las FARC, esto a partir de la presencia institucional del estado en las zonas más afectadas por el conflicto, impidiendo con ello el repliegue de los demás actores armados en temas de narcotráfico.
