En Colombia, como en muchos países, era usual afirmar que los años electorales eran buenos para la economía. El crecimiento se aceleraba un poco por cuenta del aumento del gasto público para la campaña electoral, y también por el optimismo que generaba el cambio de gobierno y las promesas de los candidatos presidenciales.
En esta ocasión las cosas son muy distintas. En el contexto de una economía estancada – que crecerá menos de 2% este año-, la campaña electoral va a ser, y ya lo está siendo, un freno adicional que impedirá la rápida recuperación del aparato productivo.
La economía colombiana todavía no se repone de la abrupta caída de los precios del petróleo que generó uno de los choques externos más severos de su historia, con una reducción a la mitad de sus ingresos por exportaciones y una pérdida para el fisco de 23 billones pesos anuales. Es cierto que el manejo de las autoridades evitó un desastre y una recesión como la 1999, pero el choque nos dejó muy maltrechos y redujo las perspectivas del crecimiento.
Lo peor es que esas mismas autoridades han decidido no utilizar los instrumentos de política macroeconómica –fiscal y monetaria- que servirían para reactivar la economía. Por el lado fiscal, se ha aprobado para el 2018 un presupuesto que reduce el gasto público de 25.4% a 24.1% del PIB, con recortes de inversión en casi todos los sectores. Si bien es una decisión que puede calificarse de responsable desde el punto de vista de no incrementar el déficit fiscal ni aumentar la deuda pública, no hay duda de que su efecto macro es contraccionista: la austeridad fiscal no es buena en épocas de recesión.
En lo monetario, la Junta del República ha bajado un poco, y muy lentamente, las tasas de interés hasta llevarlas a un nivel “neutro”, que no perjudique pero tampoco ayude al crecimiento, pero no se han atrevido a bajarlas más porque les sigue importando más una desviación de 0.3% en la meta de inflación que una pérdida de 0.3% en el crecimiento del PIB con su impacto negativo sobre los ingresos y el empleo.
En estas circunstancias, la forma, el contenido y el tono con que ya ha empezado la campaña por la presidencia está siendo muy perjudicial para la actividad económica. Como lo hizo Trump, aquí la campaña de la oposición está basada en mostrar el país como un estado fallido y quebrado, magnificando los problemas y dificultades reales, pero sin ofrecer alternativas creíbles para superarlos.
En cuanto a las promesas de campaña, ahora se han convertido en amenazas basadas en mentiras. Se amenaza con que el castrochavismo se va a tomar el poder, con que se va a acabar la propiedad privada, con que se va a mandar a la cárcel a los empresarios, con que vamos a convertirnos en otra Venezuela.
A fuerza de repetir y repetir esas mentiras ya han logrado que mucha gente las crea, lo que está generando un pesimismo que frena el gasto de consumidores y las decisiones de inversión de los empresarios. No se dan cuenta esos candidatos de que están escupiendo para arriba, porque si llegaran a ganar la elecciones van a tener que sufrir las consecuencias de ese pesimismo.
Si no se protege la economía de la polarización, y se pone por encima de los partidos, todos pagaremos las consecuencias.
