En un mundo globalizado cuando la sociedad civil es un actor dentro el escenario internacional, es inconcebible que el gobierno no utilice la Convención de Viena para los temas consulares cuando es la herramienta fundamental para proteger a nuestros colombianos en el exterior y para asuntos de carácter humanitarios.
Colombia pareciera que dejó en el olvido a los colombianos que residen en Venezuela o que adquirieron la doble nacionalidad con el vecino país; pues cuando rompió las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, también lo hizo al parecer en las cuestiones consulares.
Todo indica que al Estado se le olvido el artículo 2 de la Convención de Viena para asuntos consulares que en su tercer numeral señala “la ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares”.
De igual manera se ha preocupado más entre comillas por los venezolanos que por sus propios connacionales, olvidando que las relaciones consulares no solamente realiza funciones propias de las notarías y otras similares, y ejercita unas de carácter administrativo, además de la expedición de pasaportes, visas, etc., sino que presta ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas.
Así mismo vela de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio del Estado receptor;
Otra de sus funciones es proteger, dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor, por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela;
A su vez se tiene como función el representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defenderlos oportunamente; comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor; y ejercerlos derechos de control o inspección de los buques que tengan la nacionalidad colombiana, y de las aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus tripulaciones; de acuerdo a la normatividad del Estado receptor.
El Estado ha venido dejando en total desamparo a nuestros colombianos sean personas naturales o jurídicas. De alguna manera el Estado ha violado los derechos fundamentales de los colombianos en el vecino país, con el agravante de los niños y ancianos.
De otra parte la convención antes señalada da la posibilidad en su artículo 8 de tener una oficina consular por cuenta de un tercer estado previa la adecuada notificación al Estado receptor.
Es decir, Colombia no tiene excusa para no restablecer las relaciones consulares con Venezuela, pues de no hacerlo también estaría vulnerando las normas internacionales, y en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro no lo acepte, se le podría acusar de violar los derechos fundamentales de los colombianos en su territorio.
Recordemos que la migración no es un delito, las personas migran por falta de servicios consulares y lo hace en ocasiones en contra de su voluntad. Los desplazados no tienen que pagar por la falta de dialogo y de voluntad política de los gobiernos de Colombia y de Venezuela y menos por la negligencia del Estado venezolano.
Ante la situación humanitaria que viven tanto los venezolanos en Colombia, como nuestros ciudadanos en Venezuela, sería conveniente que los dos países reanudaran las relaciones consulares, pues los derechos humanos de las personas por ser un derecho supranacional está por encima de toda concepción política, y el reabrir estas relaciones no significa que se le está dando reconocimiento al gobierno de Maduro, que gústenos o no, es el que gobierna en ese país.
