Estamos convirtiendo la institucionalidad democrática y en particular la justicia en un marketing de opinión como si fuera un producto que se compra y se vende al mejor postor.
Recientemente escuchamos en los medios de comunicación que la familia del expresidente Uribe contrató una agencia en Estados Unidos para que limpiara la imagen del exsenador y expresidente ante el proceso que se le abrió en la Corte Suprema de Justicia y que ahora pasó a la Fiscalía General de la Nación.
El problema al que me quiero referir no es la situación en sí del expresidente Uribe Vélez, sino el debilitamiento de la institucionalidad democrática como consecuencia de dicha actuación.
Resulta que ahora todo el que sea acusado de cometer delitos, sean estos ciertos o no, va a contratar una empresa para que diga que es el mesías y el enviado de Dios, y en esa labor fomente noticias falsas para que todos entren en un maniqueísmo extremo, en el que la justicia sea el diablo y el malo del paseo, y con ello desprestigiarla y debilitar la democracia y la gobernabilidad.
No es ético ni profesional exponer ante la opinión pública los procesos de un acusado, pues se deben preservar la reserva del sumario y el principio general del derecho según el cual la ley es para todos y todos la deben respetar. De lo contrario, se estaría buscando la impunidad de un acusado, independientemente de que sea culpable o no, a través de una empresa, para lavar los delitos de los procesados.
Este es un caso de ética y de defensa de la democracia que le corresponde a cada uno de los colombianos en este país y en donde se encuentre. Si tanto dicen que el expresidente Uribe es inocente, ¿por qué entonces deben acudir a empresas de marketing para lavar su imagen, si la verdad va a salir a flote y es la justicia la que lo va a exonerar?.
Es imperante que la verdad salga a flote, pues el país requiere conocerla, para que podamos voltear la página de la historia, aprender de ella y finalmente acabar con la polarización y la división del país en torno a la figura de una persona a la que no se le juzga por su labor como presidente, sino por la supuesta comisión de algunos delitos.
Todo colombiano y más si fue jefe de estado debe saber que tiene un compromiso ético para con el país, y en este caso es sano que las investigaciones lleguen a fondo, se conozca la verdad, y con base en ella se tomen las medidas del caso, para que se reconcilie toda una nación.
No podemos retroceder en la historia de la barbarie y de los odios partidistas. No se debe debilitar la justicia ni poner en tela de juicio la democracia para beneficiar a una persona, y acabar con la poca cohesión social que nos queda, aumentando el derramamiento de sangre, fortalecer la injusticia, y terminar en una dictadura populista como la que parece pretenderse.
Los intereses nacionales están por encima de los intereses partidistas, personales y gamonalistas.
