Masiva por la capacidad de articular la presencia profesoral y estudiantil de las universidades públicas y privadas, nacional por su alcance y capacidad de movilización en las principales ciudades del país, pacífica por su accionar y permitir la posibilidad de revitalizar la organización estudiantil, y reabrir el debate por la financiación estatal adecuada. Así podría resumirse la movilización universitaria del pasado 10 de octubre. Además de estas cinco características centrales, tiene importancia política el constituir la primera gran movilización social contra Iván Duque en menos de cien días de gobierno.
Dato no menor si se considera que, desde antes de la posesión el 7 de agosto, las polémicas declaraciones de Guillermo Botero como nuevo Ministro de Defensa ya exhortaban a regular protesta social, y quien una vez en el cargo señaló que esta se encontraba infiltrada por grupos ilegales, particularmente por los cárteles mexicanos que la financian e impulsan. Por supuesto, estas posiciones configuran una clara estigmatización de la protesta social, la restricción de un derecho constitucionalmente consagrado y, por qué no decirlo, terminan validando las violaciones a los derechos humanos que tienen como principal blanco a líderes sociales.
Que los estudiantes masivamente hayan colmado las calles y las plazas públicas también es la manifestación de un nuevo país que comienza a tramitar por vías diferentes, y sobre todo de manera pacífica, sus conflictos. Esta es la mayor bondad del Acuerdo Final suscrito con las FARC y su manifestación tangible es el crecimiento electoral de la izquierda y los sectores alternativos, la expresión de unas nuevas ciudadanías en las urnas y en las calles, y la posibilidad de descentrar la mirada de los problemas del país, cambiando el foco de la atención hacía la corrupción, la inequidad en el campo y la ciudad, la educación.
A medida que se reduce la violencia política, el país tiene la posibilidad de expresar nuevas conflictividades. No es que la firma de un acuerdo de paz suponga el fin absoluto del conflicto. Todas las sociedades tienen conflictos. Sin embargo, la firma de un acuerdo de paz es la posibilidad de resolver por la vía pacífica y democrática las diferencias que se presentan en el seno de una sociedad y los actores involucrados tienen un escenario amplío de manifestación para interpelar a la opinión pública y visibilizar sus agendas.
Ese es otro síntoma, precisamente, de la manifestación del estudiantado en las calles. Su presencia pone de presente malestares mayores y su movilización jalona otros conflictos. Por ello mismo, no es casualidad que la Federación Colombiana de Educadores haya planteado en la Plaza de Bolívar la posibilidad de un nuevo paro del magisterio, y que diversas expresiones estén preparando movilizarse alrededor de reivindicaciones particulares.
A lo largo del Siglo XX, el movimiento estudiantil ha sido capaz de movilizar, a la par de sus peticiones, una agenda democratizadora más amplia. Ese fue el caso de las protestas que iniciaron el 5 de junio de 1929 movilizaciones contra el “manzanillismo” o las “roscas”, término con el cual se conoció a las clientelas conservadoras. A partir de allí, la participación activa por el retorno al sistema democrático fue el eje de la acción política estudiantil hasta 1954.
Con la oposición al Frente Nacional, niveles superiores de independencia política adquirió el movimiento estudiantil para el periodo de 1954-1966. La constitución de la Federación Universitaria Nacional fue su más elaborada expresión. Imbuido por la Revolución Cubana y los movimientos de liberación del tercer mundo, la utopía y la revolución estuvieron a la orden del día en las aspiraciones del movimiento estudiantil, contexto en el cual se produjo el “Programa Mínimo del Movimiento Nacional Estudiantil” en el año de 1971.
En las últimas dos décadas, las experiencias políticas del estudiantado se han mantenido alrededor de la financiación estatal, la garantía del carácter público de la educación y la autonomía, junto a movilizaciones contra los planes de desarrollo de distintos gobiernos, la oposición a la firma de acuerdos con organismos comerciales y multilaterales que afectan de manera directa la educación. Ese acumulado de agenda, movilización y unidad fue lo que permitió constituir la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en 2011.
Ese recorrido histórico y las características del movimiento actual, sugieren que el manifiesto de “La Juventud Argentina de Córdoba a los Hombres Libres de Sudamérica” de 1918, ese mismo que dejó de pedir y convirtió en exigencia las pretensiones políticas más importantes del movimiento estudiantil durante el siglo XX -autonomía universitaria, docencia y cátedra libre, críticas a los programas y planes de estudio, democracia universitaria, investigación científica y universalización-, pasada una centuria aún sigue la asignatura más importante que tienen nuestras sociedades. El déficit presupuestal de las universidades, sobre lo cual bastantes análisis se han realizado, es sólo una prueba tangible de la vigencia de este horizonte colectivo y la necesidad consagrar estos derechos exigidos.
