No podría ser más contundente, precisa y rigurosamente informada acerca de lo que viene ocurriendo en nuestro país, la carta, en la cual 79 congresistas de Estados Unidos le pidieron recientemente al Secretario de Estado Mike Pompeo “presionar al presidente colombiano Iván Duque para que “cumpla e implemente los acuerdos de paz que se alcanzaron con las FARC en 2016 y detenga los ataques contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.”
Los legisladores estadounidenses ponen el dedo en la llaga al referirse a los puntos cruciales que están contribuyendo, como lo afirmó también en pronunciamiento editorial el New York Times, a que en Colombia “la paz se esté desintegrando.”
En primer lugar, destacan que el proceso de paz que fue apoyado por Estados Unidos ofrece una ”oportunidad única” para poner fin a casi 60 años de conflicto armado, durante los cuales más de 261.000 colombianos perdieron la vida, 8 millones de personas sufrieron de desplazamiento interno y decenas de miles de personas fueron desaparecidas.”
Acusa la misiva sin titubeos al gobierno Duque de estar obstaculizando la implementación del acuerdo mediante la reducción de la financiación y la pretensión de reescribir elementos fundamentales con respecto a la justicia transicional y a la restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento.
Expresa su apoyo inquebrantable y, le solicitan al Secretario de Estado Pompeo que proceda a actuar de la misma manera, en relación con los tres mecanismos concebidos por los firmantes del pacto para poner en acto la justicia transicional que son: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Contra la insistencia del gobierno Duque de revivir las aspersiones aéreas con glifosato, coinciden los parlamentarios firmantes en reafirmar que la mejor alternativa para combatir la producción de droga es la política de apoyar a los campesinos para que erradiquen los narcocultivos, que está contemplada en el acuerdo de paz.
En la carta también aseguran y así se lo manifiestan a Pompeo, que “la lenta implementación del pacto está afectando de forma significativa y adversa a las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que encabezan la recuperación en zonas asoladas por la guerra.”
Por su parte, el New York Times asevera que la paz lograda en Colombia es muy preciosa para abandonarla y que su desintegración “sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia.”
El prestigioso rotativo acusa al gobierno Duque y a sus aliados de derecha de estar saboteando un progreso pacífico concebido bajo el acuerdo, en el que los guerrilleros debían trabajar con el gobierno en la sustitución de cultivos de coca.»
Sostiene que “al menos 3.000 guerrilleros han retomado las armas. En referencia al más reciente intento de los altos mandos del Ejército de adoptar políticas de conteo de cuerpos y de dar incentivos materiales a los combatientes de las fuerzas armadas para materializar sus resultados operacionales en bajas, el diario afirma que “el Ejército ha incrementado sus ataques contra guerrilleros y supuestos criminales desatando el temor «entre algunos oficiales de que tales tácticas puedan conducir a la muerte de civiles».
La Nación entera, la comunidad internacional y los organismos encargados de la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo entraron en alerta máxima y se estremecieron de horror ante la posibilidad de que se repitieran los “falsos positivos”, como se denominaron durante los dos mandatos de Álvaro Uribe Vélez los crímenes de ejecución extrajudicial y de homicidio en persona protegida que terminaron por dejar un número de víctimas que oscila entre 10.000 y 5.000 personas asesinadas.
Hace también la publicación un balance aterrador pero certero al registrar que grupos paramilitares han liquidado a por lo menos 500 activistas y líderes comunitarios, y, que, más de 210.000 personas han sido desplazadas desde diciembre de 2016.
En un clima signado por la confrontación en el que la polarización sirve los intereses electorales y el apetito de poder del centro Democrático es evidente que ni el gobierno ni sus aliados de derecha han tomado distancia del odio hacia las FARC, acumulado durante más de medio siglo de lucha armada.
Duque es un presidente débil sometido a presiones muy fuertes, a quien sin embargo es preciso reconocerle que, aun dando palos de ciego, a veces intenta atenuar el ímpetu guerrerista de sus correligionarios mediante la búsqueda de consensos políticos que son indispensables.
Desde esta perspectiva, el hecho de que tanto los legisladores estadounidenses como los más influyentes medios de comunicación norteamericanos y la comunidad internacional tengan los ojos puestos en la suerte de la paz en Colombia debería contribuir a equilibrar los apremios que gravitan sobre su mandato y a apuntalar el cumplimiento de los acuerdos y el manejo del posconflicto en una nación joven, sujeta a una conflictividad social creciente pero dispuesta a apostarle al futuro y a no dejarse precipitar en las miserias de un pasado sangriento.
