El pasado 15 de febrero se conoció la última encuesta Colombia Opina de la firma Invamer. Los análisis, en términos generales, han estado centrados en la relativa alza en la imagen favorable del presidente Iván Duque, que cuenta con un mayor porcentaje en el Caribe, y que de manera global encuentra un mayor respaldo entre estratos 4, 5 y 6, y en personas mayores de 45 años.
Existe, así mismo, una coincidencia en que el atentado perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional contra la Escuela General Santander, y el papel activo en la crisis de Venezuela a través de lo que -discutiblemente- se denomina “cerco diplomático”, le han brindado las banderas que necesitaba a un gobierno que en apariencia no tenía derroteros claros y un estilo propio. A veces las apariencias son sólo eso, un conjunto de características que parecen estar y, en realidad, no hay tal. Es claro que sí hay una agenda, unos intereses, y unos sectores favorecidos.
Es común señalar que las encuestas constituyen una fotografía de un momento concreto del país, y de las tendencias de la opinión pública ante ciertas coyunturas. Por eso mismo, es importante observarlas en contexto y, de ser posible, de manera comparada para que permitan mayores análisis y perspectivas temporales más amplias.
Respecto de la guerra y la paz hay unos cambios, positivos por demás, que convienen registrar. Para la comparación, es necesario marcar los dos puntos temporales de los que se hablan. En este caso, enero de 2002, momento de mayor crisis del proceso de paz que se adelantaba en la denominada “Zona de Despeje” entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC-EP, cuya continuidad se hizo insostenible para febrero de ese mismo año, y enero de 2019, cuando se produjo el ataque del ELN a la Escuela General Santander y el gobierno de Iván Duque decide levantar la mesa reactivando las órdenes de captura contra los negociadores.
Para ser claros, se compara dos momentos de la percepción de la opinión pública ante situaciones de crisis en medio de procesos de paz con la insurgencia. Para septiembre de 2001, la encuesta de la revista Semana reflejaba que el principal problema del país, con un 82%, era la violencia, cifra que alcanzó el 92% una vez se hizo inminente el levantamiento de la mesa de conversaciones de San Vicente del Caguán en enero de 2002. En la más reciente encuesta de Invamer, es el desempleo, aunque con un porcentaje comparativamente menor, la primera preocupación de la opinión pública seguido de la corrupción e inseguridad.
Lo que sí resulta compartido, aunque en distintos porcentajes, es la percepción sobre el rumbo que lleva el país. Para enero de 2002, un 83% consideraba que las cosas en el país marchaban por “Mal camino”, y aunque la encuesta recientemente publicada refleja una disminución de este pesimismo, el 66,1% alcanzado se mantiene dentro de la tendencia que se viene registrando desde marzo de 2018. Es decir, las cosas no mejoran, aunque las fuentes de esta preocupación varían.
Un aspecto importante, aunque poco perceptible para la visión política del ELN, tal como se desprende de la que quizás sea última entrevista pública de Pablo Beltrán antes de su retorno a la clandestinidad de la guerra, es la relación entre el aumento de sus ataques y la aceptación política o militar que estos generan en las encuestas. Para simplificar, a mayores ataques, menor la percepción entre la opinión pública de una posible toma del poder por la vía armada.
Las FARC-EP habían desatado en los años previos al proceso de paz de San Vicente del Caguán y durante este una ofensiva militar. Tan sólo entre 2001 y 2002 pasaron de 825 a 2063 acciones bélicas. Pese a ello, entre los meses de febrero a mayo de 2002 un promedio del 62% de encuestados consideró que no sería posible la toma del poder por parte de esta guerrilla. En una cifra similar para febrero de 2019, el 62,5% no cree posible que la guerrilla se tome el poder por la fuerza, justo en un periodo de consolidación de la presencia del ELN en zonas bajo su dominio o expansión y disputa de antiguos territorios controlados por las FARC-EP, además de crecientes ataques contra la infraestructura petrolera.
El cambio más significativo entre los dos momentos comparados es la posibilidad de una derrota definitiva de la guerrilla. Además de ser poco probable debido al carácter irregular de la confrontación armada que vive el país, que supone la dispersión de unidades guerrilleras en medianas y pequeñas unidades, tampoco es deseable para la opinión pública. Sí para febrero de 2002 el 66% de encuestados considerada que la guerrilla podía ser derrotada militarmente, en el más reciente sondeo tan sólo el 34.4% considera que no se debe dialogar e intentar la derrota militar.
Que pese a los atentados contra la Escuela General Santander y los constantes ataques contra oleoductos con los evidentes daños ambientales y sociales, un 61.5% de encuestados considere que es necesario “insistir en diálogos hasta lograr acuerdos de paz”, sugiere que algo importante cambió en el país y que un horizonte de paz persiste a pesar de las dificultades y la inviabilidad en el corto plazo de las negociaciones con el ELN.
Esto es, sin duda, otro de los frutos que dejó la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP. Y quizás por esto los efectos ante los riesgos que corre son mayores: una implementación en el proceso de reincorporación que avanza, pero más lento que la reconfiguración armada en algunos territorios, baja construcción de infraestructura pública que permita sentar las bases de una legitimidad democrática en las zonas vulnerables del país, creciente riesgo para la vida de líderes sociales que se apropiaron del nuevo escenario que devino con la implementación, y una justicia transicional que de continuar podría estimular mayores ciclos de violencia.
