Tras meses de tensión y por una mayoría aplastante de 20 votos en contra y 12 a favor, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes hundió en su tercer debate el proyecto de referendo impulsado por Viviane Morales. Como siempre, tras toda derrota llega la hora de buscar culpables.
Valiéndose del poder de difusión de algunas seudo-celebridades caracterizadas por su fundamentalismo religioso, tales como el YouTuber cristiano Oswaldo Ortiz y el ex procurador Alejandro Ordoñez, los promotores del referendo han denunciado la existencia de un lobby gay integrado por ONG defensoras de derechos humanos y diversos medios de comunicación, a quienes señalan de ser los artífices de lo ocurrido. Según afirman, cual jinetes del apocalipsis que traen consigo catástrofes de dimensiones bíblicas, estos lobistas han sido los encargados de actuar ante el Congreso y la Corte Constitucional para imponer lo que han denominado “ideología de género” y “homosexualizar” al país.
Toda discusión en el Congreso implica un debate democrático en el que participan diversos sectores sociales, cada uno defendiendo sus intereses; a eso se le suele llamar lobby o cabildeo. No obstante, al observar este tipo de acusaciones surgen muchas preguntas: ¿existe en realidad ese lobby gay? En caso afirmativo, ¿quién lo financia? ¿Es posible “homosexualizar” a todo un país? ¿Cómo se haría? ¿Qué podría ganar alguien con ello? No es posible encontrar respuestas que sean coherentes y no rayen en teorías conspirativas dignas de una película de ciencia ficción.
Lo que se observó el pasado jueves en la Comisión Primera de la Cámara durante el debate del referendo fue excepcional: salvo algunas voces aisladas que con Biblia en mano defendieron la iniciativa, la institucionalidad del país se unió en su contra. El Presidente de la República, a quien critican por su falta de posturas firmes, la rechazó enérgicamente argumentando su inconveniencia. Al unísono, tanto la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo pidieron el archivo del proyecto. Resultó sorprendente ver un consenso generalizado entre quienes suelen ser noticia por sus frecuentes confrontaciones públicas.
La aprobación del referendo parecía una realidad pues logró pasar sin contratiempos los dos primeros debates en el Senado: no se esperaban garantías para los homosexuales por parte de un Congreso que se ha negado en forma reiterada a reconocer siquiera unos mínimos derechos patrimoniales a sus uniones por considerarlas “excrementales”, en palabras del Senador Gerlein, faro moral del conservatismo. Entonces, ¿a qué se debió el inaudito consenso para hundirlo? Durante el trámite quedó en evidencia que, a diferencia de lo anunciado inicialmente, el referendo no era solo contra los homosexuales sino contra todos los colombianos y, en particular, contra los niños. De haber sido aprobado en las urnas, toda persona no casada, homosexual o heterosexual, que tuviese contemplada la adopción como una vía para conformar familia, hubiese visto truncado su proyecto de vida. Más grave aún, el número de posibles adoptantes se reduciría drásticamente, perjudicando a los menores en estado de abandono que se encuentran en el ICBF, a quienes supuestamente se pretendía proteger.
Conscientes del error en la formulación de la pregunta al incluir a todas las personas solteras, divorciadas y viudas, y en un intento desesperado de última hora por salvar el referendo, varios congresistas trataron de cambiarla limitando la prohibición de adoptar solo a homosexuales; develaron por fin la homofobia oculta tras la propuesta y que hasta entonces habían negado enfáticamente. Fracasaron: la Corte Constitucional ha sido clara en que el Congreso no tiene la facultad para cambiar la pregunta tratándose de referendos de iniciativa popular.
Puede concluirse sin dificultad que la decisión del Congreso de archivar la iniciativa no se debió a una macabra estrategia articulada por un lobby gay, sino que se comprobó más allá de toda duda que el referendo no era solo una cruzada contra los homosexuales sino un atentado contra el derecho de millones de colombianos. El proyecto de Viviane era tan atroz que, incluso, los cinco representantes del Partido Conservador que integran la Comisión Primera de la Cámara votaron en contra.
Triunfó el Estado de Derecho, sí. ¿Perdió Viviane? No; su propuesta le valió la simpatía de esa significativa base de votantes cristianos que tienen un importante peso electoral. El referendo naufragó y la apelación anunciada ante la plenaria es improcedente pues constitucionalmente solo es viable para proyectos negados por la Comisión en primer debate, no en el tercero como en este caso, pero su promotora navegará victoriosa hacia una eventual reelección como congresista y/o una futura campaña presidencial. Dios nos libre.
¿Será el Partido Liberal la plataforma política a través de la cual Viviane se haga nuevamente con el poder? ¿Permitirá la dirección liberal avalar a una extremista religiosa que bajo la falsa premisa del bienestar de los niños pretende imponernos prejuicios morales derivados de su fe? ¿Qué pensarán en el liberalismo de quienes elegidos bajo sus banderas legislan guiados por la Biblia y no por la Ley? Es tiempo de hacer un llamado a los dirigentes del partido para que antes que el amor a los votos prime la coherencia con los postulados del liberalismo.
Por último, ¿será que entre los 2.300.000 firmantes del referendo no habrá siete mil caritativas almas, heterosexuales y unidas en matrimonio, dispuestas a adoptar y brindar un hogar a los niños en custodia del ICBF? Dice una célebre canción que Jesús es verbo, no sustantivo.
