Con manifestaciones alrededor del mundo, se celebró el 25 de noviembre el día mundial del rechazo a la violencia contra la mujer instituido por las Naciones Unidas.
En el entorno globalizado, multicultural y digitalmente desarrollado del siglo XXI, todavía, en ninguna parte, las mujeres pueden vivir completamente a salvo. No hay un solo país del planeta donde se pueda afirmar que no existen víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres.
En 2016 fueron asesinadas en el mundo 66.000 mujeres por razones de género y la cifra desde entonces ha seguido aumentando.
América Latina para nosotras es la zona más letal del planeta.
“Un informe del Small Arms Survey de 2016 citado por ONU Mujeres dice que, entre los 25 países del mundo con mayores tasas de feminicidios, 14 están en América Latina y el Caribe.
En Colombia cada dos días una mujer es asesinada por su pareja o expareja.
Y, pese a los avances formales en materia legislativa y a la aprobación de la ley 12-57 de 2008 se ha avanzado muy poco en la erradicación de la violencia de género en el país.
Ahora mismo la Dirección de Medicina Legal ha emitido una alerta sobre la posibilidad inminente de que 2.600 colombianas sean exterminadas por sus parejas, sin que se hayan materializado las medidas preventivas correspondientes para proteger la vida de cada una de ellas.
A pesar de contar con guerreras emblemáticas en la lucha planetaria de “Ni una Menos” como lo son Natalia Ponce de León y Yineth Bedoya, ambas víctimas de las más execrables expresiones de crimen machista al ser la primera desfigurada con ácido y la segunda violada, se registra un gran saldo rojo en la lucha contra el crimen enderezado al exterminio de las mujeres.
875.437 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que no acabamos de cerrar. Resultaron violadas o inducidas forzosamente a la prostitución, o embarazadas contra su voluntad, fueron esterilizadas, sometidas a servicios domésticos, acosadas sexualmente u obligadas a vivir bajo regulaciones arbitrarias de su vida sexual y afectiva impuestas mediante amenaza de muerte.
Hasta ahora no ha habido para ellas verdad, justicia ni reparación. Para sus agresores campea la más absoluta impunidad. La gran mayoría de las víctimas no denunciaron a sus victimarios por temor a las represalias, falta de confianza en la justicia, vergüenza de que sus familiares se enteraran o porque sencillamente no supieron cómo hacerlo.
Con el telón de fondo de una cultura patriarcal proclive a la utilización de la fuerza, en la cual el hombre manda y la mujer obedece, la guerra se ensañó contra las mujeres y la violencia sexual se convirtió en arma de guerra. El Estado ha sido indolente en la implementación de las medidas contra estos flagelos y la justicia está funcionando cuando excepcionalmente opera tarde y mal.
Ello, sin contar con las violaciones extremas de los derechos humanos del sexo femenino representadas en la ablación y mutilación genital que las Naciones Unidas calculan se han realizado en el pasado más reciente sobre 200 millones de féminas, en África, Asia y en la propia Europa donde en abierta violación de las legislaciones se siguen practicando con sigilo en los núcleos poblacionales de migrantes. También en comunidades indígenas de América latina y en las colectividades gitanas. Y, 83 millones de pequeñas, entre los 5 años y la adolescencia, se convertirán en víctimas de una práctica atroz que no genera ningún beneficio médico, solo daños, que van de los dolores intensos y las hemorragias, las infecciones urinarias, los problemas menstruales y los trastornos sicológicos hasta la muerte.
Los casamientos y relaciones forzadas continúan efectuándose en tantos lugares alrededor del orbe que se calcula que, para 2020, 140 millones de niñas habrán sido obligadas a contraer matrimonio en edades infantiles o demasiado tempranas y contra su voluntad, en nupcias destinadas a desenvolverse en el día a día en medio de la violencia, el abuso y las relaciones sexuales forzadas
“Los matrimonios forzados son una práctica que se realiza hoy en países de Norte de África y África subsahariana, Próximo Oriente y Oriente Medio, comunidades indígenas de América Latina y diferentes colectivos de etnia gitana.
Aunque en la mayoría de los países europeos la interrupción del embarazo por decisión de la mujer, a quien se le reconoce el derecho humano de decidir sobre su cuerpo, con independencia del motivo, es legal, Latinoamérica y África siguen imponiendo restricciones.
“Cada año, 44 millones de mujeres deciden terminar de forma voluntaria su embarazo (la mayor parte en naciones en vías de desarrollo) y de ellas 47.000 mueren y cinco millones sufren lesiones graves, como consecuencia de abortos inseguros”
Sin embargo, la misoginia, la negación de los derechos de la mujer y la pretensión de recortar sus logros se están acentuando. Donald Trump y Jair Bolsonaro son adalides ultraderechistas triunfantes de esta tendencia, que ha lanzado a miles de mujeres a un activismo político que trasciende los límites del Me Too y que deberá expandirse para defender no solo las conquistas femeninas, sino los fundamentos mismos de la democracia en declive global.
