Tras los últimos anuncios hechos por el presidente norteamericano Donald Trump sobre la amenaza de descertificar a nuestro país por lo que consideran en Washington una débil lucha antidrogas, lo primero que hay que decir es que es un irrespeto que raya con el lindero de la libre autodeterminación de los pueblos.
Colombia es uno de los aliados latinoamericanos más importantes de Estados Unidos, pero también es la nación que más lucha en la región e incluso en el hemisferio contra este grave flagelo que sigue afectando de manera drástica a millones de personas en los países consumidores.
Tan sólo en lo corrido de éste año han sido incautadas más de 275 toneladas de cocaína según cifras oficiales del Gobierno colombiano, la meta de erradicar 50 mil hectáreas de hoja de coca ya tiene avances del 62%, pues 32 mil hectáreas ya han sido erradicadas y antes de terminar el año se habrá cumplido con la meta para 2017.
Ahora bien, de acuerdo al Ministerio del Posconflicto que encabeza Rafael Pardo, ya se han suscrito convenios de sustitución voluntaria con 105 mil familias de varias regiones del país, en departamentos como Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, la región del Catatumbo, entre otras.
La lucha contra el narcotráfico debe ser una lucha frontal, que persiga el crimen organizado desde el origen de sus estructuras, en todos sus eslabones, que combata el micro tráfico en las grandes ciudades e intermedias, es decir, combatir la mafia de forma integral.
Pero también trae grandes desafíos para el Estado colombiano, como garantizar en las regiones más apartadas buenas vías de acceso, para que los campesinos se motiven a hacer la transición de lo ilegal a lo legal, pues sin vías en óptimas condiciones es sumamente fácil que quienes se dediquen al negocio del narcotráfico transporten su “mercancía”, más no es fácil que un campesino traslade grandes cantidades de productos lícitos, en fin, que la inversión social llegue a la otra Colombia.
Frente a este grave flagelo reconocemos que hay falencias por corregir, como por ejemplo, se tiene que repotenciar nuestra capacidad fluvial y aérea que hoy es muy bajita para poder controlar más las salidas de narcóticos por estas vías y adelantar tareas de interdicción aérea terrestre y fluvial.
Este problema no es de bajo calao, amerita toda la seriedad y responsabilidad, aquí no podemos politizar un tema tan delicado y menos achacarle al proceso de paz el aumento de los cultivos ilícitos.
Aquí también se debe buscar una corresponsabilidad de los Estados Unidos, no en vano es el principal país consumidor del mundo, por ende, en vez de amenazar con una descertificación, tiene que ayudarnos a aportar soluciones integrales de fondo, que en ese país también se produzcan capturas de personas dedicadas al negocio del narcotráfico, que ejerzan mayores controles en todos los ingresos y que se persiga de forma contundente la cadena de micro tráfico, que según registros han dejado tres mil muertes adicionales de ciudadanos en ese país por sobre dosis de cocaína en un año.
Entonces necesitamos que Estados Unidos disminuya drásticamente el consumo y con esto no habrá comercio, ni producción.
Este no es un problema que se solucione en el corto plazo ni en el próximo gobierno, aquí el problema no son las 146 mil hectáreas, sino que haya una verdadera política criminal de lucha frontal contra el narcotráfico y con inversiones sociales efectivas del Estado en los territorios que hoy son caldo de cultivo para los narcos, que aprovechan la pobreza, miseria, exclusión y olvido de estas zonas para optimizar su jugoso negocio.
