La gente vota en las elecciones motivada por su adhesión política partidista, por la convicción hacia una causa o por un intercambio de favores.
En el primer caso, de la adhesión partidista, ha quedado en evidencia que menos del 30% de los electores responden a un interés político referido a su vinculación con un partido. La crisis de estas colectividades es muy profunda y eso se debe en gran medida a que no lograron evolucionar ideológicamente y a que sus prácticas son cada vez más clientelistas y corruptas, donde se constriñe la posibilidad de una participación más amplia y democrática. Basta señalar, que el Partido Liberal es el más acogido y sólo el 11% de los ciudadanos dice pertenecer a él. En contraposición, alrededor del 70% de los potenciales votantes afirman no hacer parte de estas organizaciones ni respaldar sus mandamientos, por lo que la posibilidad de que un Partido gane una elección, es cada vez más remota, si no hace coaliciones o alianzas con otras estructuras.
En el segundo caso, el de la adhesión a una causa, es evidente que los ciudadanos, especialmente los jóvenes, empiezan a tomar decisiones electorales basadas en propósitos específicos como la defensa del ambiente, la protección de los animales, la vigencia de los derechos civiles y la promoción de la paz, por ejemplo. Las motivaciones siempre son distintas y están muy influenciadas por tendencias que buscan la equidad. Este tipo de voto no muestra fidelidad a pensamientos políticos y sólo se conecta con iniciativas de beneficio común, por lo que nadie se puede apropiar de él con total certeza y durante largos periodos de tiempo. Los éxitos que se han logrado en el país con este tipo de motivación, son muy pocos.
En el tercer caso, el del intercambio de favores, es el que conserva un gran peso al momento de tomar una decisión electoral. Los políticos saben perfectamente que para esta masa ciudadana es poco trascendental la consideración ideológica o la iniciativa programática. Quienes están inmersos en este grupo, son conscientes que su voto es una mercancía apetecida, que se valoriza de acuerdo con las leyes del mercado electoral. Los intercambios más comunes se relacionan con el pago en dinero o especie por el voto; la promesa de un trabajo o un contrato; la realización de obras prioritarias para una comunidad, en caso de ser elegido el candidato que realiza la negociación. Este modelo electoral no es exclusivo, como podría creerse, de los estratos bajos; también se presenta, y con una frecuencia creciente, en los estratos socioeconómicos medios y altos, que tienen una fuerte dependencia de las decisiones de los gobiernos para desarrollar sus actividades.
En democracias como la nuestra, donde los ciudadanos tienen poca credibilidad en la institucionalidad, la probabilidad de que las citas electorales alienten un debate profundo sobre la realidad territorial o nacional, se diluye frente a prácticas corruptas de compra-venta de votos y la difusión incesante de información maliciosa, tendenciosa y mentirosa, que es comprada ávidamente por ciudadanos que no se toman el tiempo de indagar por qué causa están votando o por cuál personaje lo están haciendo.
Estudios revelan que pasado un tiempo de las elecciones, la mayoría de los ciudadanos no recuerdan por quiénes votaron para corporaciones públicas. Es normal que no sepan el nombre de su alcalde o gobernador. La gran mayoría nunca leyó una sola frase del programa de gobierno. Los pocos que se informan lo hacen a través de redes sociales, pero no corroboran la veracidad de la comunicación ni la autenticidad de los sitios que consultan.
Los candidatos que son juiciosos en sus análisis, tienen hojas de vida limpias, son exitosos en sus proyectos personales y están motivados por el deseo de prestar un servicio público, cuentan con pocas probabilidades frente a poderosas maquinarias políticas y económicas, que montan empresas electorales, algunas de ellas ilegales y criminales.
En las elecciones locales de finales de este mes de octubre, en muchos lugares de Colombia se repetirá la historia de candidatos que ganan gracias a una alta financiación económica, que tendrá que ser pagada por el gobernante con dinero público, o sea, dinero del presupuesto destinado al gasto social: educación, salud, seguridad, deporte, ambiente, emprendimiento, etc.
Cuando se sumen los votos este 27 de octubre, miles de candidatos que creyeron en el voto libre e informado, y que se preocuparon por prepararse para gobernar limpiamente, posiblemente terminarán decepcionados de una realidad agobiante y triste: una democracia donde muchos ciudadanos no son conscientes del poder transformador de su voto.
