Con excepción de Colombia donde la polarización obscurece todo, en el mundo y, en particular en América Latina, la corrupción es el tema que de manera más potente irrita, moviliza y determina actualmente el rumbo político de la opinión ciudadana.
En el Perú acaba de caer Pedro Pablo Kuczynski por una sindicación todavía no probada de haber recibido honorarios de Odebrecht a través de una de sus empresas de consultoría cuando se desempeñaba como ministro de la Presidencia de Alejandro Toledo.
Tres expresidentes más tienen cuentas pendientes por Lava Jato: Alejandro Toledo, Allan García y Ollanta Humala. Dos ex primeros mandatarios fueron condenados antes de lava jato:
Si en el Perú llueve en el Brasil no escampa. Lula Da Silva, dos veces presidente y el más firme candidato a la primera magistratura en el 2018, ingresará a la cárcel la próxima semana si el Tribunal Supremo ratifica, como seguramente lo hará en instancia definitiva, la condena en su contra proferida por el Tribunal competente a 12 años y un mes de prisión por haber recibido sobornos de una de las grandes constructoras integrantes del cartel liderado por Odebrecht.
Cinco expresidentes del Brasil están siendo cuestionados judicialmente: Lula, Dilma Roussef, Fernando Henrique Cardozo, José Sarney y Fernando Color de Melo.
Michel Temer, apenas con un 5% de aprobación está sostenido precariamente en el cargo por una coalición de sindicados entre quienes aparecen cientos de diputados, (dos tercios de los 500 miembros de las cámaras tienen procesos de investigación en marcha), 8 ministros en funciones y el propio presidente Temer, acusado por la Fiscalía de corrupción grave y de ser el cabecilla de un sistema estructuralmente infestado, con una élite política y económica habituada a servirse de los cargos públicos para obtener y consolidar privilegios indebidos, que se niega a regenerarse y que está luchando por todos los medios para sobrevivir.
Brasil, la gran potencia continental, que hasta antes de la crisis se ubicaba como la quinta economía mundial, es hoy un país en caída libre y con futuro incierto, con una población empobrecida y exasperada, presa de esporádicos estallidos de furia, que sale a las calles a protestar contra los corruptos y en defensa de un muy pequeño grupo de fiscales y de jueces, celebrados como héroes de la democracia, quienes casi por casualidad se toparon con el “monstruo” viéndose avocados de repente y sin haberlo buscado, a iniciar la más gigantesca operación contra la corrupción que se haya dado hasta ahora en la historia del Brasil y quizá del mundo.
La maniobra persecutoria empezó en Brasil y se ha extendido a 12 países en los cuales Odebrecht pagó 877 millones de dólares en sobornos y obtuvo utilidades por 3.000 millones: entre estos figuran: Argentina, Ecuador Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
Indagando tras la pista de una pequeña red de lavadores de dinero, las autoridades jurisdiccionales llegaron casualmente hasta una gasolinera de Brasilia y al verificar las escuchas telefónicas se quedaron pasmadas al descubrir la cantidad de políticos, personalidades del ejecutivo y representantes de corporaciones que gravitaban en torno a ella.
Muy pronto llegarían a la conclusión de que el atiborramiento de notables en el lugar en realidad se debía a que la estación de servicio era una eficiente tapadera que fungía como el cajero automático de los políticos corruptos.
A través de la gasolinera cambistas profesionales se encargaban de adquirir dólares en el mercado negro y de organizar el flujo de los sobornos en efectivo. Conductores, guardaespaldas y asistentes de menor categoría eran los encargados de transportar las maletas cargadas de euros desde el autolavado, que en portugués se dice “lava jato,” hasta sus “insospechables” destinatarios.
El equipo de investigadores pudo constatar que alrededor de 3.000 millones de euros habían sido transferidos vía gasolinera hasta los bolsillos de la élite nacional.
La pista de la gasolinera condujo a Petrobras, la empresa más importante del Brasil.
El sistema establecido funcionaba así: La red de corrupción tenía como objetivo primordial preservar el poder de los partidos gobernantes que con los sobornos financiaban sus campañas electorales.
Para tener acceso a los recursos del erario el ejecutivo designaba funcionarios de confianza en empresas estatales como ocurrió con Petrobras. Se aseguraba de esta manera la adjudicación de la contratación estatal a precios muy inflados a un cartel de las mayores empresas del país lideradas durante los últimos años por Odebrecht.
Manejaban el gigantesco fraude con reglas bien definidas. Cada compañía del cartel pagaba el 3% del valor del contrato obtenido, que iba a parar a una caja negra. Estos dineros se distribuían entre los partidos gobernantes, los lavadores de divisas, los altos directivos de Petrobras y los políticos influyentes que necesitaban comprar.
Marcelo Odebrecht, quien hoy alardea de ser el portavoz de la moral, creó dentro de su conglomerado un Departamento de Corrupción con cajas negras para permitir que cientos de millones de dólares fueran a parar a las manos de partidos y políticos. Hoy es el principal testigo de cargo contra los implicados.
