Es aterradora la noticia de prensa titulada “Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía” que salió publicada en el diario “La liga contra el silencio” de fecha 24 de julio del año en curso , pone al descubierto convenios secretos que realizan al parecer más de 70 empresas nacionales e internacionales principalmente del sector minero-energético con la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa, en los cuales según la noticia, no involucra la seguridad nacional, sino “inversiones en paquetes turísticos para militares y policías, instrumentos musicales y otros gastos detectados en más de 200 acuerdos”. “En Colombia, más de 70 empresas nacionales e internacionales, principalmente del sector minero-energético, celebran convenios de cooperación con instituciones públicas como el Ministerio de Defensa, integrado por las Fuerzas Militares; con la Policía e incluso con la Fiscalía General de Nación”.
La existencia de esos acuerdos no es ilícita porque no cumplen con el fin que es la protección de la seguridad nacional, sino que se utilizan para para el bienestar personal de los funcionarios; y el ‘bienestar espiritual’: como es la construcción y mantenimiento de capillas, según lo dicho por la fuente antes mencionada.
Según la noticia, es poco lo que se conoce sobre esta clase de negociaciones, las que existen desde 1996, y solo fueron regulados por el Ministerio de Defensa en 2014, mediante la resolución 5342. Cuando se hacen con la Fuerza Pública contemplan aportes en dinero y especie a las instituciones a cambio de que presten seguridad y vigilancia a las actividades e instalaciones de las empresas.
No sobra mencionar que se estaría violando lo estipulado en la ley de contratación con entidades estatales, la cual se debe de realizar a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
Lo grave de la noticia, es que dice: “la investigación también arrojó que los dineros están siendo invertidos por fuera de los territorios donde el convenio dice tener vigencia. Es el caso del convenio 12-031, para los departamentos de Arauca, Putumayo y Nariño, que destinó 3.700 millones de pesos a la construcción de la Escuela de Helicópteros CACOM 4 en Flandes, Tolima”.
Para la abogada del Colectivo José Alvear Restrepo, Rosa María Mateus, los líderes y las empresas no están en igualdad de condiciones jurídicas cuando hay convenios vigentes, con lo cual en mi opinión se presta a tráfico de influencias y otros delitos.
Según la Sra. Mateus, “estos convenios son una excusa para privatizar la justicia y deslegitimar los procesos organizativos de los líderes en región”.
Para algunos expertos, estos convenios formalizan un trato entre las empresas y las entidades del Estado. La situación es mucho más compleja si se tiene en cuenta que varias de las empresas, registradas en la base de datos, ya tienen señalamientos por violaciones de derechos humanos. Es el caso de las mineras Drummond y Prodeco. Ambas empresas fueron señaladas por presuntamente financiar a paramilitares entre 1996 y 2006, según el informe ‘El lado Oscuro del Carbón’ de Pax Christi, un movimiento católico internacional por la paz…
Con lo anteriormente expuesto, no deja uno de horrorizarse, porque parecería ser otro caso de corrupción de los muchos que salen a diario en el país.
Se podría considerar también como otro caso parecido al de los “falsos positivos”, en el sentido de que se violan los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa, y se pone en peligro muchos derechos fundamentales, además de existir conflicto de intereses.
Toda esta problemática resulta de la falta de Estado que existe en algunas regiones del país, pues si lo hubiera, no existiría la mal llamada “necesidad” de acudir a la protección privada o a esta clase de contratos, porque el Estado de manera transparente cumpliría con lo dispuesto en la constitución y en la ley en materia no solo de seguridad nacional y de seguridad para los colombianos, sino que existiría equidad social.
Esta enfermedad que padece el país a causa de la debilidad del Estado, es el caldo de cultivo para toda clase de delitos, acabando con los valores que como país tenemos, y vulnerando todos los derechos fundamentales y las instituciones democráticas.
Las tribulaciones por las que ha pasado Colombia en materia de inequidad social, violencia, corrupción, muerte de niños y ancianos por hambre y desnutrición, falta de servicios públicos y de educación en algunas poblaciones del país, se deben a la fragilidad del Estado y a la falta de compromiso de la clase política para con la comunidad y para con el país.
