Recientemente el exnegociador de paz ha explicado magistralmente en una de sus columnas de prensa en el diario Eje 21 sobre la naturaleza jurídica del acuerdo de paz, en el que mencionó que las FARC se consideran como un destinatario de la legalidad humanitaria, y en ese sentido se podría decir que es “sujeto del derecho humanitario”. Más allá del reconocimiento de facto, las conversaciones mismas con ese “organismo rebelde” permiten desechar la idea de su virtual inexistencia como organización. A esto se agrega la profusa presencia internacional: garantes, acompañantes, Naciones Unidas, delegado de los Estados Unidos, de la Unión Europea, remisión del Acuerdo y de otras piezas al Consejo de Seguridad y al Comité de la Cruz Roja Internacional.
Con lo anterior, es más el daño que se le hará al país internacionalmente con altas repercusiones internas tanto a nivel político, como económico y social si llegase el caso de acabar con los acuerdos de paz y con las instituciones que se crearon.
Aunque no pertenezco a ninguna ideología política es muy significativa la movilización que hizo el partido FARC como un gesto de paz solicitando a la vez la consolidación y el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Esperemos que a la FARC que pidió hablar con el presidente Duque, no le suceda lo mismo que a la Minga, y el jefe de estado considere nuevamente que por ser un tema aparentemente político no habla con estos sectores de la población, olvidando que su función como jefe de Estado es escuchar y propiciar diálogos dentro de una democracia que pide a gritos la inclusión de todos los colombianos y la solución a los problemas estructurales que son ya históricos.
La arrogancia del presidente de los colombianos ahonda las divisiones en lugar de contribuir a la cohesión social. Quizás no sabe interpretar las enormes manifestaciones de diversos sectores de la sociedad que piden atención y respuestas a sus peticiones y problemáticas en los territorios, en seguridad, en respeto a la vida de las minorías y de líderes sociales, en calidad de vida con servicios públicos, educación y salud, y sobre todo desarrollo del campo, paz, cumplimiento y respeto a los acuerdos de paz.
Seguir ignorando este clamor solo por escuchar lo que dice su grupo político es tirarse un tiro en el pie que la historia se lo cobrará con creses.
La paz no es un tema partidista, sino un imperativo y un derecho supranacional que el país está desde hace décadas pidiendo, con equidad social y presencia del Estado en toda la geografía colombiana.
Acabar con los acuerdos de paz y con la institucionalidad que se creó en torno a ellos, es terminar con la poca democracia que nos queda, es romper con los pilares del Estado de Derecho, es ahondar en la dictadura y en el populismo y abonar el camino para una segunda Venezuela.
Lo peor de todo es la revictimización de las víctimas, y la impunidad que se genera. Así mismo, la comunidad internacional le pasara la cuenta al país por desconocer el derecho internacional, por violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con grandes sanciones en todo orden.
Acabar con los acuerdos de paz puede significar activar la Corte Penal Internacional y los grandes perdedores serían las Fuerzas Armadas.
No sigan diciéndole mentiras al país con un discurso retardatario de gamonal de pueblo. No sean mezquinos con los colombianos a costa de obtener mayor votación con mentiras. Díganle al país la verdad, de que los acuerdos de paz son a mejor opción posible y no el sapo que nos teníamos que tragar y que además producen impunidad, cuando NO es cierto.
No se entiende como el presidente Duque en lugar de pasar a la historia como el demócrata que consolido la paz y trajo desarrollo y seguridad a los territorios y al campo, prefiere hacerlo como el autócrata que acabo con la democracia y la cohesión social del país.
