Como puede Colombia ser un Estado con equidad si los grandes latifundistas tienen concentrado la mayoría de las tierras productivas del país y los pequeños campesinos ni siquiera tienen un título de su predio a pesar de tener la posesión y la tenencia de la tierra la que se ha pasado de generación en generación.
Es inconcebible que el Estado no tenga un inventario de sus propios bienes y que esta condición sea provechada para que políticos junto con algunos registradores y otros funcionarios públicos se apropien de los bienes públicos, según lo mencionó la superintendente de notariado y registro en una entrevista que le hiciera el noticiero de televisión de Caracol el pasado 21 de febrero del año en curso.
Los labriegos carecen de un apoyo estatal digno, ni siquiera cuentan con servicios públicos en algunas regiones del país, y no se le brinda una asistencia técnica efectiva y menos los recursos necesarios para su labor.
El hecho de carecer de una escritura pública que los haga dueños de su parcela les limita las opciones de obtener créditos bancarios, y el sistema financiero no les ofrece créditos blandos ni otras alternativas.
El campesino alimenta a los colombianos pero en lugar de ocupar una posición digna dentro de la sociedad, no tienen la posibilidad de procurar una buena educación escolar y universitaria a sus hijos, ni cuentan con centros de salud ni alternativas de empleo que requieren.
Lo paradójico es que el Estado que dice luchar contra las drogas y las redes del narcotráfico, en lugar de hacer inversión social y desarrollar el campo, le entrega en bandeja de plata a estos grupos ilegales el campo colombiano, como ocurre en el caso del Alto Baudo donde aumenta el desplazamiento.
A contrario sensu, vemos la noticia de la W radio del día 22 de febrero titulada “los grandes grupos económicos que recibieron ayudas durante la pandemia” dice: “la W revela en exclusiva el listado de empresas de categorías grandes y muy grandes que recibieron recursos del Programa de Apoyo al Empleo formal. Empresas de Sarmiento Angulo, Ardila Lule, Santo Domingo y Gilinski recibieron subsidios del gobierno en la pandemia”, mientras que los alivios que le ofrecieron a través del sistema financiero a los campesinos, a las micro y pequeñas empresas no se concretaron y estos sectores no tuvieron la ayuda que requerían, siendo los más importantes en términos de equidad..
Resulta cínico que el Estado hable de un gobierno con equidad cuando desconoce esta palabra y ahonda más las brechas de desigualdad social.
Ante la proliferación de grupos al margen de la ley que opresionan a las minorías y a los campesinos, el gobierno debería realizar una mayor inversión social, hacer un cambio en el sistema educativo para que los jóvenes de hoy sean más competentes para quitarle de esta manera el piso a las guerrillas que reclutan menores, algunos de los cuales van por su propia cuenta en esperanza de conseguir un mejor futuro o al menos asegurar el pan de cada día a un costo muy alto.
Ante la situación caótica que vive Venezuela y el asentamiento de las disidencias de las FARC y del ELN en el vecino país, Colombia debería hacer inversión social en toda la nación y en particular en las áreas de frontera, como una manera de contrarrestar el peligro que se avecina.
La miopía del gobierno y el cinismo de algunos políticos muestran una gran irresponsabilidad al querer echarle la culpa al acuerdo de paz, cuando ellos mismos han venido dejando abandonado al campo y a los territorios; de esta manera Colombia se desborona poco a poco ante la mirada complaciente de unos pocos.
