“Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón, que reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz.”
Este contundente texto de William Ospina es la fiel descripción de lo que está sucediendo en Colombia con los críticos de la JEP y de otras propuestas sobre la forma como se debe administrar justicia en el posconflicto. Se rasgan las vestiduras porque, dicen, las concesiones que se hacen a quienes buscan reintegrarse a la sociedad atentan contra los principios de la Justicia; pero su verdadera intención no es defender la Justicia sino torpedear la Paz.
Un caso típico es la crítica a la despenalización de los campesinos cocaleros. En más de cuatro décadas de guerra contra la droga los dioses de la justicia no han aparecido para defender los derechos de los campesinos que no tienen otra alternativa para sobrevivir que cultivar coca; pero tampoco han aparecido para judicializarlos o mandarlos a la cárcel. Afortunadamente. Pero ahora si los invocan para empezar a perseguirlos y entorpecer la erradicación voluntaria.
Se estima que son más de 140.000 los pequeños cultivadores de coca, pero en el 2015 , según dicen los periódicos, en las cárceles del país solo había menos de 200. De manera que la propuesta del gobierno –que si debería modificarse reduciendo de 3.8 a máximo 2 hectáreas el área para calificar a un pequeño cultivador- no solo servirá para facilitar la sustitución voluntaria de cultivos, sino para evitar que la fiscalía siga haciendo el oso de no ser capaz de aplicar el actual Código Penal que establece penas entre 6 y 12 años de cárcel para el cultivador, sin importar su tamaño.
Otro caso que muestra que a esos críticos no les interesa tanto la aplicación estricta de la Justicia sino sabotear el proceso de Paz es el contraste entre el alboroto que armaron con la posibilidad de que las Farc no hubiera entregado todos sus bienes, y el silencio ante lo que se ofrece a delincuentes confesos como el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.
En Córdoba se robaron $87.000 millones de recursos públicos de regalías, de los cuales la Fiscalía sostiene que Lyons se apropió de $8.900 millones. Sin embargo en el principio de oportunidad suscrito entre el exgobernador y la Fiscalía, y aprobado por el Tribunal de Bogotá solo le exigen devolver en dos años $4.000 millones para contribuir a la reparación de las víctimas. En otras palabras le permiten quedarse con más de la mitad de lo que se robó y todos tan contentos porque denunció a sus cómplices.
Algo similar ocurre con la propuesta para el sometimiento a la Justicia de las Bacrim, en la que se les permitiría quedarse con el 5% de los bienes de las fortunas ilícitas que amasaron. Es más exigente que el arreglo que lograron los paramilitares en Ralito con el expresidente que ayudaron a elegir, en el que pudieron quedarse con la mayor parte de sus fortunas, pero sigue siendo una concesión más generosa que lo que se exigió a las Farc.
No se puede tener un doble rasero para invocar a los dioses de la justicia, ni utilizarlos para hacer política contra la Paz.
