La igualdad de personas debe ser real y efectiva, dice el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, lo cual significa que es de sagrado cumplimiento. Al menos, todos los ciudadanos deberían tener acceso a las mismas oportunidades, pero lastimosamente las personas en condición de discapacidad y sus cuidadores, deben enfrentarse todos los días a la hostilidad de una ciudad que los deja relegados, quitándoles la posibilidad de una verdadera participación social.
La Convención de personas con Discapacidad de la ONU en el año 2006 dejó una definición clara de lo que significa la verdadera discapacidad en el marco de la ciudadanía: “es el resultado de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
En Colombia, y ni hablar de la Capital, la situación de las personas en condición de discapacidad es crítica. No se cuenta con un censo actualizado que permita establecer su número de población exacto, lo cual dificulta la implementación de Políticas Públicas en pro de dicha comunidad.
Sin embargo, el Observatorio Nacional de Discapacidad ha hecho un gran esfuerzo por identificar y localizar a esta población. A julio de 2017 registraron 1’324.447 personas en condición de discapacidad, equivalente al 2,7% de la población nacional. Pero esta medición hace parte de un sistema voluntario, que al no tener una adecuada difusión, es desconocido, lo cual se traduce en un subregistro poblacional.
Las personas en situación de discapacidad, además de enfrentarse al abandono e indiferencia del Estado, deben sortear a diario dificultades en diferentes niveles, el primero la movilidad y accesibilidad a lugares públicos, por ejemplo, en las calles es común encontrar que las rampas no empaten de manera adecuada entre los andenes y el asfalto; abundan las aceras con fisuras; calles con desniveles; huecos; alcantarillas destapadas, entre muchos otros.
Como si no fuera suficiente, los sistemas de transporte público no cuentan con tecnologías que permitan facilitarles el conocimiento de rutas y ubicación. Y las entidades públicas, que deberían dar ejemplo, no brindan acceso adecuado en sus instalaciones.
En Bogotá, por ejemplo, es una vergüenza que las personas en condición de discapacidad que usan el sistema de transporte público se hayan visto afectadas por la disminución del subsidio que les otorgaba el Distrito, pasaron de recibir 50 pasajes al mes a tener ahora sólo 25. Me pregunto ¿por qué una población vulnerable debe pagar las consecuencias del inadecuado ajuste tarifario que debió realizar la administración anterior?
Así mismo, el sistema educativo no está capacitado para atender a la población en condición de discapacidad, no tenemos personal idóneo que atienda las necesidades, y el resultado es un sistema excluyente, que está directamente relacionado con el ámbito laboral, por eso es común encontrar que la alternativa de miles de personas en condición de discapacidad es recurrir a ventas ambulantes como medio de subsistencia.
Quiero llamar finalmente la atención del Estado frente al apoyo que tienen los cuidadores de personas en situación de discapacidad, que en Colombia sobrepasan los dos millones. Su labor les impide en muchos casos tener un empleo formal, acceso a educación, recreación, deporte, entre otros, lo cual termina negando derechos, entre los que están la inclusión social y laboral, ligados al principio de igualdad.
Revisando esta realidad socioeconómica queda la sensación que no se ha hecho lo suficiente. Por lo tanto mi llamado es a garantizar la inclusión, que debe ser un compromiso de todos los sectores sociales y no sólo del gobierno, el cual debe liderar una Política Pública integral en favor de las personas que más lo necesitan.
