Así como cada una de las masacres y acciones de extermino de líderes sociales que diariamente siguen ensangrentando a Colombia, nos laceran el alma, también nos sensibiliza en lo más profundo de nuestro ser, el drama de la pobreza y la impotencia de millares de familias que no cuentan con los mínimos recursos necesarios para darles a sus hijos la oportunidad de educarse.
Un derecho fundamental como la educación, en virtud del cual la persona logra su realización espiritual y material, en Colombia, duele decirlo, a un alto porcentaje de niños y jóvenes no se les garantiza y quienes pueden acceder a una escuela o a un colegio oficiales deben enfrentarse a grandes limitaciones de todo tipo.
Recorriendo recientemente algunas áreas rurales de mi región, el norte de Antioquia, fui testigo del drama de una madre que se debate en la desesperanza por no poder facilitarle a su tierna hijita que está en edad de aprender las primeras letras, un recurso, hoy en día prioritario como un celular, para que pueda acceder mediante Wifi (ingreso a internet vía inalámbrica) a las jornadas diarias de clase, teniendo en cuenta que con ocasión de la pandemia del Covid-19, los centros educativos se han visto obligados a recurrir a la virtualidad.
En el supuesto caso de lograr obtener un teléfono celular, la madre tampoco dispone de los 20 mil pesos que es el costo mínimo de la tarifa para tener acceso a internet; ni hablar de la posibilidad de contar con un computador para garantizarle a la niña su proceso de aprendizaje, habida cuenta sus carencias económicas, además, porque todavía en amplias zonas geográficas del país la conectividad es muy deficiente, impidiendo a niños y jóvenes de las áreas rurales, la seguridad de obtener educación gratuita, pertinente y de calidad, garantía esencial que debería ser normal en cualquier país que se denomine democrático.
Da dolor de patria constatar estas crudas realidades que nos llevan a reflexionar sobre el país que estamos ofreciendo a las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo este tipo de circunstancias debe servirnos de acicate para comprometernos, cada quien desde su espacio vital, en el empeño de construir democracia en una Colombia en que solo existe de manera formal, porque para quienes creemos en sus valores, democracia no es solamente ejercer el derecho a votar cada 4 años para elegir a nuestros gobernantes y representantes en los cuerpos colegiados, sino la posibilidad cierta de generar oportunidades a partir de políticas públicas que estén enfocadas a lograr equidad social y garantizar los derechos fundamentales.
Los gobiernos en Colombia durante las tres últimas décadas, han incorporado a su discurso los términos impuestos por los organismos internacionales de crédito y en consecuencia, se jactan en sus respectivos documentos oficiales hablando de “sociedad del conocimiento” o de “economía digital”, términos que pueden sonar muy bonitos pero no dejan de ser un espejismo para una población, sobre todo rural, que en su mayoría no tiene las condiciones socioeconómicas ni la infraestructura para lograr conectarse a internet. Hoy, la conectividad es indispensable en un mundo que interactúa virtualmente, por ello, si en Colombia queremos avanzar en educación, debemos necesariamente posibilitarle a todos sus habitantes de un mínimo vital de internet, para lo cual el Gobierno Nacional debe declarar el acceso a la red como un servicio público esencial, dotando gratuitamente, como lo vienen haciendo varios países, de computadores y tabletas a nuestro niños y jóvenes para su proceso formativo, de esta manera, se estará contribuyendo a construir democracia, eliminando barreras y exclusiones, garantizando de manera efectiva un derecho fundamental como la educación que es la oportunidad no solo de comprender el mundo sino de cambiarlo.
