Ante la polémica desatada en los últimos meses en Colombia sobre sí al país retornan las fumigaciones con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos, muchos desde el Congreso de la República creemos que esa no es la salida para combatir un flagelo tan aberrante como el narcotráfico.
Se preguntarán entonces ¿cuál es la salida?, se hace necesario explorar otras alternativas igual de eficientes, pero que no afecten la salud de las personas que habitan las regiones con presencia de cultivos ilícitos y por supuesto que no contamine las fuentes hídricas y mucho menos afecte el medio ambiente de esas comunidades.
La salida más expedita de acuerdo a múltiples estudios de organizaciones de gran credibilidad como la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
-UNDOC- revela en su último informe que la erradicación forzosa sea manual o fumigación tuvo resiembras superiores al 35% en los campos de cultivos ilícitos y la sustitución voluntaria con proyectos productivos acordados con las comunidades solamente tiene una resiembra inferior al 1%, la conclusión es absolutamente clara que la solución no está en la fumigación, ni en la erradicación forzosa, sino en la sustitución con proyectos productivos rentables para promover economías legales en las zonas de presencia de cultivos ilícitos, entonces tenemos la solución más viable a la mano, con resultados a la vista y hoy se quiere desechar para cambiarla por veneno, porque eso es lo que es el glifosato.
Según el índice de pobreza multidimensional, el 87% de los municipios con presencia de cultivos ilícitos son pobres, esto lo que traduce es que se requiere de una urgente estrategia integral territorial para consolidar el Estado Social en las regiones afectadas, donde se logren romper los eslabones de las cadenas del narcotráfico, donde la sustitución voluntaria, pero con inversión social se apropie de esos territorios.
Es ilógico ver departamentos como Nariño, donde no existe un Hospital de Segundo Nivel para los diez municipios que hacen parte de la Costa Pacífica Nariñense, donde en la mayoría de los casos, la única presencia estatal es la Fuerza Pública.
Nariño es actualmente el departamento con más presencia de cultivos ilícitos en Colombia, según cifras oficiales existen 46 mil hectáreas de cultivos ilícitos sembradas por unas 50 mil familias, esa alternatividad se la dio la criminalidad y no el Estado.
Entonces lo que hoy y siempre se reclama, es que el Estado debe tenderle la mano amiga a todas las familias campesinas dedicadas a la economía ilegal con proyectos productivos, con créditos de fácil acceso y bajo interés con acompañamiento de asistencia técnica, con una serie de herramientas que los transformen en empresarios del campo para que sustituyan esa ilegalidad, donde efectivamente haya una verdadera inversión social que tanto se vocifera en los discursos, pero que en la práctica se queda corta.
Colombia no puede regresar a las aspersiones aéreas, eso trae graves implicaciones para la salud humana, para las fuentes hídricas, para la fauna y flora de vastas regiones con presencia de coca, es un herbicida clasificado en Categoría II por la IARC, Agencia de la Organización Mundial de la Salud como cancerígeno.
Ante tal panorama lo más aconsejable sería que acatemos las sentencias T-300 de 2017, T-080 de 2017 y T-236 de 2017 donde la Corte Constitucional insiste sobre las graves repercusiones que trae el glifosato para las comunidades.
La Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional, también el Consejo Nacional de Estupefacientes ya tuvo pronunciamientos claros al respecto, y este es un debate que lo van a perder quienes promueven la fumigación en Colombia.
No al glifosato, sí a la ¡Paz con la Naturaleza!
