Al fin en la Cámara de Representantes se aprobó la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz después de un tortuoso trámite también en el Senado.
En un ambiente caldeado por la polarización y la crispación social el gobierno casi tuvo que hacer milagros para superar los obstáculos atravesados por el Fiscal general, Cambio Radical y el Centro Democrático, reforzados a última hora por miembros de otras bancadas empeñadas en castigar únicamente a las FARC por los horrores cometidos a lo largo de más de medio siglo de confrontación armada.
Ello, pese a que el Informe de Memoria Histórica “Basta ya”, ha dejado categóricamente establecido que la gran mayoría de las masacres, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones y desplazamientos forzados, fueron ejecutados por paramilitares que en muchos casos actuaron en connivencia con la fuerza pública, siendo aupados y financiados por terceros, quienes por disposición de la Corte Constitucional solo comparecerán ante la JEP si deciden hacerlo por su propia voluntad.
Las organizaciones de víctimas se están movilizando unidas para llevar ante la Corte Penal Internacional estos casos con pruebas sobre crímenes de guerra cuyos determinadores o autores fueron excluidos de la jurisdicción de la JEP y pueden ser cubiertos gracias a ello por un manto de total impunidad.
Sin embargo, hay que destacar el hecho relevante de que la aprobación por el Congreso de la ley estatutaria para la JEP abre paso definitivo a la incorporación de las guerrillas a la vida política, como ha ocurrido en la totalidad de los países que han superado largos y sangrientos períodos de violencia mediante procesos de paz y reconciliación negociados que culminaron antes de la creación de la Corte Penal Internacional en amnistías e indultos plenos.
Hoy, después de algunas décadas de travesía por el desierto en materia de resultados electorales, los antiguos insurgentes conforman fuerzas políticas respetables integradas a la institucionalidad. Forman parte del gobierno y algunos hasta han sido capaces de elegir presidentes de sus respectivas repúblicas.
Los ejemplos abundan en las diversas latitudes del planeta: El Salvador, Irlanda del Norte, El Congo, Kenia, Guatemala y Filipinas, para citar tan solo unos pocos.
Lo que si quedó en estado agónico fue la creación de las 16 circunscripciones de paz especiales y transitorias para las víctimas del conflicto acordada con las FARC en la Habana, causada por la oposición de Cambio Radical y de los conservadores.
Se impuso la sospecha de que estas curules terminarían siendo acaparadas por las FARC y no por las víctimas y aunque la iniciativa será nuevamente votada en la plenaria pocos apuestan por su aprobación. Y hasta ahora no se avizora una salida que le permita al Estado dar cumplimiento a lo pactado en este punto.
Nadie esperaba que la implementación del Acuerdo de Paz fuera fácil, pero tampoco que su puesta en marcha resultara tan complicada. Las organizaciones internacionales de verificación anotan serias dificultades en materia de “participación política, fin del conflicto y garantías para las víctimas.”
La paz sigue teniendo enemigos poderosos en todos los escenarios que no han cejado ni por un momento de torpedear la implementación de los compromisos. No ayuda tampoco el arranque de la campaña para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se avecinan. El presidente Santos que le apostó todo su capital político a la paz, a punto de terminar su mandato tiene el sol a la espalda. Y el gobierno colombiano se está demostrando abrumadoramente incapaz para responder de manera oportuna y eficiente a las obligaciones pactadas.
Entre el 1 de enero y el 5 de julio de 2017, según denuncia formulada por la Defensoría del Pueblo, se han registrado 186 asesinatos de líderes sociales y más de 500 amenazas sobre todo en las zonas donde antes se encontraban las FARC. Reaparecen las masacres y crecen los asesinatos selectivos contra ex combatientes de las FARC.
Que el 55% de los miembros de las FARC, como lo afirma la ONU, haya dejado los Espacios Territoriales de Reincorporación por “desilusión” con el proceso de reintegración a la vida civil, pérdida de confianza y problemas por el acceso a la tierra, es un hecho gravísimo que no puede ser minimizado por el gobierno ni puesto al margen por la opinión.
Las disidencias de las FARC y el ELN que ofrecen enganche inmediato y pagos muy altos a los desmovilizados siguen expandiéndose. Las bandas criminales están ya en 27 de los 32 departamentos del país y despliegan su accionar delictivo en torno al narcotráfico y a las explotaciones ilegales de todo género.
Mientras las redes sociales revientan de malos humores, ataques canallescos, noticias falsas y propaganda negra, las amenazas reales se multiplican y potencian los peligros que enfrentamos los ciudadanos a diario, poniendo en riesgo de desaparición no solo la perspectiva de aclimatar una paz estable y duradera, sino la posibilidad misma de llevar una vida normal.
